Dos casos aberrantes de aplicación selectiva de la ley se dan por estos días en Colombia, precisamente en cabeza de un par de ciudadanos que han sido socios políticos y aliados estratégicos, por cuenta de sus particularísimos intereses y de la “mermelada”, representada en jugosos e inoficiosos contratos estatales.
Me refiero a Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. El primero, designado por un sector de la sociedad (y por él mismo) como el “faro moral de la República”, el ideólogo de la cultura ciudadana; el segundo, el presidente más nefasto que ha tenido esta patria en toda su historia, quien, para gobernar de manera poco ortodoxa (por no decir delincuencial) y manipular a su antojo las tres ramas del poder público y a los medios de comunicación, terminó incluso comprando a aquellos que se decían incorruptibles.
No tengo nada personal contra Mockus (creo que está sobrevalorado, pero ese es otro tema); mis reparos a su incontrovertible inhabilidad para ser senador no obedecen a intereses políticos, como algunos de sus aliados pretenden hacerlo ver; simplemente actúo en defensa de la legalidad e impulsado por la grima que me produce ver a un supuesto “adalid de la ética,” como el profesor Antanas, promoviendo la interpretación sesgada de la norma constitucional (artículo 179) que prohíbe expresamente aspirar a congresista a aquellas personas que hayan de cualquier manera intervenido en la gestión de negocios o celebración de contratos ante entidades públicas, dentro de los 6 meses anteriores a la elección.
Mockus, en un lapso menor que el señalado por el reseñado artículo de la Carta Política, aún era presidente de Corpovisionarios y, además, presidía la junta directiva de ese “parapeto” dedicado a hacer informes gaseosos y a elucubrar improbables teorías sobre asuntos ininteligibles.
Por esas “bolas de humo”, en los últimos años, Mockus recibió miles de millones de pesos en contratos, con los que fue beneficiado por el gobierno del tartufo, y otro tanto producto de negocios directos con alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas.
Que Mockus se haya hecho conocer mostrando el “orto” ante un auditorio lleno de estudiantes, que en sus años mozos sirviera (según su propia confesión) de auxiliador de la guerrilla y que, además, se hubiese enriquecido exprimiendo al Estado a través de contratos chimbos, parece no importarles a sus votantes ni a las autoridades; pero lo que a la postre no podrán soslayar ni los unos ni los otros es la inhabilidad que pesa sobre él, así el Consejo Nacional Electoral y sus prevaricadores magistrados pretendan torcerle el pescuezo a la ley (desconociendo sus propias decisiones anteriores frente a casos como el de Mockus, pero en sentido contrario).
Es evidente que hay plena prueba que corrobora que la elección de Mockus está viciada. Ya veremos qué pasa en el Consejo de Estado, que, para complacer a la “mamertería”, tendría que cambiar radicalmente su vasta y definida línea jurisprudencial sobre el asunto.
El otro intocable: Juan Manuel Santos. Las grabaciones de Roberto Prieto reveladas recientemente corroboran lo que todos sabíamos desde hace rato: el Presidente y su círculo más próximo están involucrados hasta el cogote en la financiación ilegal de las campañas de Santos por parte de la tristemente célebre constructora Odebrecht. A pesar del abundante material probatorio contra Santos, hace pocos días la Comisión de Acusaciones archivó la indagación preliminar que por esos hechos contra él cursaba en esa célula investigativa.
Santos autorizó la entrada de la plata a sus campañas; su íntimo amigo Roberto Prieto implementó el entuerto, y ya en el poder los brasileños fueron recompensados con importantes y billonarios contratos, otorgados por el presidente y sus subalternos.
La trazabilidad de ese andamiaje criminal está perfectamente dilucidada por la Fiscalía General. El ente acusador también tiene certeza sobre el papel que cumplió la fundación Buen Gobierno en ese entramado de sobornos. ¿Qué dirá al respecto el mentecato de Martincito Santos?
En una democracia, no puede haber ciudadanos de primera y otros de tercera. La ley debe hacerse valer para todos sin distingos de ninguna clase. En realidad, lo único que hace iguales a los hombres es la ley. Si queremos recuperar la institucionalidad perdida, es menester que el Consejo de Estado actúe en derecho y anule la elección de Mockus como senador; y la comisión de acusaciones deberá también hacer lo que corresponde: reabrir, con base en las nuevas pruebas conocidas, la investigación contra Santos por sus vínculos retorcidos con Odebrecht.
No todo vale, señores, así la doble moral sea la regla general en esta sociedad.
