La mala educación

18 de abril del 2011

Nada más complicado de abordar que la problemática educativa. Pero ante la avalancha de críticas a la propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992), presentada por el gobierno, vale la pena hacer algunas consideraciones.

O quienes toman las decisiones del sector en el gobierno no saben del tema o, sencillamente, no les interesa abordarlo como corresponde. Es lo que se deduce de las en su mayoría frágiles propuestas que contiene la reforma en mención.

Voces autorizadas coinciden en señalar que los recursos asignados, más los aportes anuales adicionales, para las universidades públicas, entre 2012 y 2019, que prevé la reforma, además de ser el mismo esquema presentado y rechazado del anterior gobierno, no permiten cubrir los costos, ni alcanzar la meta de crecimiento del 38 por ciento en educación superior, ni, mucho menos, garantizar la calidad.

También coinciden en señalar la equivocación y el desenfoque del gobierno al pretender delegar en los privados la responsabilidad que le corresponde al Estado, así el esfuerzo tenga que ser muy grande, de financiar la educación superior pública.

Varios argumentan que la invitación a la empresa privada a aumentar sus aportes a la universidad pública no pasará de la acostumbrada disposición de recursos para el desarrollo de investigaciones específicas, más no para apoyar la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, que es uno de los propósitos.

Mayor cuestionamiento ha recibido la creación de universidades privadas con ánimo de lucro, lo cual, pero simultáneamente con un fortalecimiento sustancial de la universidad pública, le permitió al Brasil alcanzar incrementos importantes de cobertura, aunque con una proliferación de universidades de muy mala calidad. Como en nuestro caso es evidente que la propuesta del gobierno no contempla tal fortalecimiento, ¿se imaginan en nuestro medio la lógica de los negocios, ya oficialmente, determinando el funcionamiento de buena parte de la educación superior, y el consecuente aumento en la proliferación de universidades de baja calidad?

Desde otro punto de vista, muy conveniente sería que la reforma propuesta incluyera disposiciones orientadas a atacar varias de las falencias de calidad que hoy se detectan en el profesional promedio que arrojan las universidades: que no sabe escribir, que es acrítico, que se conforma con lo que le exige el mercado, que se pliega a un sistema que fomenta la inequidad y la desigualdad social, que, en muchos casos, es laxo con la ética, y que, en otros, es incompetente profesionalmente.

Y ¿por qué deberían ser abordadas falencias como estas en una reforma de tal naturaleza, si no es lo usual? podrán preguntarse algunos. Pues, sencillamente porque en ese resultado de profesional se cocinan muchos de los problemas que hoy sufre nuestra sociedad. Y esa necesidad sentida hay que atacarla puntualmente, sin desmedro de la autonomía universitaria, desde la normatividad para abajo. No basta con los enunciados de los principios bajo los cuales la reforma concibe a la educación superior.

Otro aspecto importante que desnuda la propuesta es la responsabilidad que le asiste al gobierno al desaprovechar la oportunidad de plantear una reforma de fondo, que además de asumir la educación superior como el verdadero motor de desarrollo del país, la conciba como la gran herramienta para alcanzar la equidad y la cohesión social que tanto necesitamos (concepción que, como un todo, también debe abarcar a la educación primaria y a la básica secundaria).

Es evidente que no se puede seguir dando la pelea por la cobertura, la calidad y la financiación, de un sistema de educación público y privado como el nuestro, que, tal cual como está estructurado, lo que hace es reproducir la desigualdad social que padecemos.

La segregación de redes sociales con diferencias tan marcadas que se da entre los que acceden a la educación privada y los que se forman en la pública hace que los unos no tengan que ver con los otros, que no compartan referentes comunes y que desde esos ámbitos disímiles se contribuya al afianzamiento de las relaciones sociales excluyentes que obstaculizan nuestra cohesión social.

Es mucho lo que un sistema educativo público, fuerte y de calidad, al cual concurran individuos de todos los estratos sociales podría contribuir en el cierre de la brecha que nos fractura y que dificulta nuestra coexistencia.

Si al gobierno de verdad le interesara que dejemos de ser el país más desigual de América Latina (que es, a su vez, el subcontinente más desigual del planeta), debería, al unísono con otras reformas sectoriales, arrancar por ahí, así tenga que jugársela por la asignación de recursos en la magnitud que demanda concebir y organizar la educación como parte estructural de la solución de nuestra problemática.

Así que, señor gobierno, lo que la sociedad requiere es que pare esa reforma, y que le dedique tiempo a una de verdad. ¡Ah! y que ponga al frente de tan importante sector a gente que sepa y que se comprometa con lo que se necesita en la materia.

Presidente Santos, en serio, demuestre que su compromiso real es con el bien general. Usted tiene la oportunidad de hacer lo que corresponde, no estas flojedades.

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