La represión contra las drogas, una equivocación

Desde hace muchos años instituciones académicas muy importantes e investigadores sociales venían diciendo en forma sistemática: “las políticas de represión utilizadas en el control de  las sustancias psicoactivas (clorhidrato de cocaína y otras) son costosamente inoperantes”. Sin embargo, poco caso se les hizo, y más bien se descartaron olímpicamente, sin enfrentar el análisis profundo y cuidadoso de esta angustiosa realidad que convirtió a nuestro país en un descarnado campo de batalla. Fue necesario la presentación de un nuevo informe de The London School of Economics (Escuela de Economía y Ciencia Política  de  Londres, o LSE por sus siglas en inglés), para que entrase en barrena el modelo prohibicionista auspiciado y defendido por los EE.UU. al afirmar: “la comunidad internacional debe concentrarse en un nuevo modelo donde prime la integración política y socioeconómica para  atacar la raíz del problema de las drogas ilícitas y no sus síntomas”, recomienda dejar en un segundo plano políticas represivas como la erradicación y el encarcelamiento que se han venido aplicando sin éxito desde los años de 1970.  Conclusiones respaldadas por cinco premios  Nobel: uno de medicina Françoise Barre-Sinoussi, (2008) y cuatro de economía: Oliver Williamson (2009), Eric Maskin (2007), Thomas Schelling (2005) y Vernon L. Smith (2002). Los investigadores recomiendan reemplazar esta “guerra contra las drogas” por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron adoptados por las Naciones Unidas a fines de 2015 y representan un conjunto de 17 metas y objetivos  acordados por la comunidad internacional, quien se comprometió a implementarlas como parte de un enfoque integral y global hacia el desarrollo. Esta interesante investigación  se va a presentar en la sesión especial sobre drogas  en la Asamblea General de la ONU, donde por primera vez en 30 años los Estados integrantes se reunirán  para buscar y pensar alternativas diferentes a la represión frente al grave y ya viejo problema del consumo y la producción de sustancias psicoactivas. Todo parece indicar que muy próximamente se iniciará “la postguerra contra las drogas”. El haber tratado el problema como un tema singular e independiente de  vectores socioeconómicos más amplios e interrelacionados, ha sido el error de la Comunidad  Internacional en las últimas décadas, cuyo resultado de represión tanto en la oferta como en la demanda, ha mostrado que esfuerzo tras esfuerzo con modificaciones sutiles, pero al final con los mismos componentes, no logra la efectividad que se espera para la magnitud de los recursos económicos y humanos invertidos, así como para los costos sociales pagados en términos de violencia, vidas humanas y sufrimiento de distintos segmentos de población, entre ellos, los campesinos cultivadores de la hoja de coca.  En el informe  a que hacemos referencia, el London School of Economics (LSE) recomienda dejar en un segundo plano políticas represivas como la erradicación y el encarcelamiento que se han venido aplicando, sin éxito, desde los años de 1970. El director del LSE Ideas, investigador Michael Cox nos coloca como ejemplo de país donde fracasó  el modelo prohibicionista y represivo, pero dice que “tiene en el proceso de Paz una oportunidad de oro para  cambiar de dirección”. En Colombia los cultivos de planta de coca aumentaron en un 44%. De 48.000 hectáreas detectadas en el 2013  se pasó al menos a 62.000 el año 2014. Así las cosas, el desafío que tenemos en relación a la Paz que estamos tramitando en La Habana, es ver como  el país reduce la dependencia de estos cultivos de  más de 300.000 colombianos (65.000 familias) respecto al tráfico ilícito. Lo gratificante de esta problemática es saber que el gobierno del presidente Santos según informes del Ministerio de Justicia avanza en esta misma dirección del informe del London School of Economics. Al respecto dijeron: “Creemos que la política de drogas hay que modificarla porque los resultados que ha dado en 40 años de fiscalización, con un enfoque casi que exclusivamente prohibicionista, no son los esperados. Y añadieron que desde hace cuatro años, la política contra  las drogas en Colombia “ha cambiado a dos enfoques: el de Derechos Humanos y Salud Publica”. Así las cosas esto significaría que la persecución de ahora en adelante debe “recaer sobre los eslabones duros de la cadena del narcotráfico, y no sobre los más débiles e indefensos como los cultivadores o los consumidores”. Estamos ad portas de vivir y experimentar nuevas y esperanzadoras políticas en el complejo manejo de los narcóticos. No hay que olvidar que antes  que nada  es un problema que debe ameritar manejos pedagógicos y soportes amplios y suficientes de salud pública.  La dependencia es un complejo proceso médico y  así debe mirarse y tratarse. EX.EMBAJADOR DE COLOMBIA EN EUROPA. VICE.PRESIDENTE COMITÉ PERMANENTE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CPDH.