No es raro que en estos momentos la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes quiera mostrarse como un órgano eficiente, dispuesto a abrir investigación y aplicar la debida sanción a cuanto funcionario dé motivos y sobre el cual tenga competencia. Es claro que todo se debe al peligro que corre esta célula legislativa que desde su creación ha tenido fama de ser inoperante e innecesaria.
Lo extraño es que su deseo de presentarse como institución necesaria para el país sobre los actos de mal manejo cometidos por el Presidente de la República —que tiene más de una investigación pendiente del expresidente Álvaro Uribe— pretenda hacerlo sobre los magistrados de las altas cortes que han dado papaya con el tema de las pensiones, haciéndolas ver como instituciones que conviven a diario con la corrupción.
Es claro que en todas partes existen manzanas podridas: en las Fuerzas Militares, en la Presidencia de la República, en el Congreso y en todas las instituciones públicas del orden nacional y local. Las altas cortes no iban a hacer la excepción, por tanto la única explicación para armar semejante alboroto en los medios de comunicación es un claro revanchismo por parte del Legislativo. En este caso, la Comisión de Acusaciones, de mayoría uribista, para sacarse el clavo por las investigaciones que se adelantaron en el proceso de la parapolítica.
No veo la razón por la cual el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, se retractó de sus palabras cuando aseguró que “si no se hubiera destapado la parapolítica, Mancuso sería Ministro de Cultura”, cuando es claro que si la Corte Suprema de Justicia no hubiese actuado con la misma eficacia, en estos momentos la política colombiana estaría totalmente paramilitarizada. Uribe estaría en medio de su tercer período presidencial, como era su deseo, y de paso se estaría preparando para un cuarto si la Corte Constitucional no le pone un tatequieto. Y Mancuso no sería el Ministro de Cultura, sino del Interior y sus amigos estarían nombrados en el servicio diplomático, si a la primera intención de buscar una ley que les permitiera desmovilizarse no se les incluye el componente de reparación a las víctimas.
Con seguridad es esto lo que no agrada a algunos senadores y representantes que han visto en las cortes un gigante que no les permite hacer todo cuanto quisieran. Y pretenden ahora sacarse el clavo aprovechando que tienen en sus manos la oportunidad de oro para acabar con el nombre de cuanto magistrado haya dado papaya en el tema del carrusel de las pensiones. Como si este fuese tema exclusivo de estas instituciones, porque es bien sabido que cuando una persona entra al Senado o a la Cámara también busca pensionarse con el último sueldo, así haya estado tan solo un día en el cargo. Que no vengan a darse golpes de pecho, porque el mismo tema se vive en el Congreso de la República.
Tienen razón entonces las altas cortes en no querer hacer parte de la discusión de una reforma que le corta las alas y la independencia a la Justicia, y que de paso se presta para que haya más impunidad de la que hasta el momento ha habido. Y me extraña que lo medios de comunicación, las ONG y los partidos como el Liberal, que destaparon la parapolítica y han sido protagonistas en las discusiones que se han dado a nivel nacional, en estos momentos opten por el silencio y la complacencia con el Gobierno, que en este asunto parece querer darle gusto al uribismo.
