La tercería tercería

 La debilidad de imagen de Santos ha estimulado la puja entre aspirantes a una tercería. No cabe duda de que el país necesita esa tercería. Sin embargo, lo que se impone es que la gente tenga claro que esa opción de un tercero debería ser distinta de todo lo que hasta ahora nos ha gobernado. ¿Qué nos ha gobernado? Una clase política que gasta el tiempo y recursos del Estado convenciendo a los ciudadanos de que sus decisiones de gobierno favorecen a todos, cuando la realidad es otra. Los últimos gobiernos han venido resaltando su gestión, a partir de los registros de crecimiento económico y  de inversión extranjera. La exclusión de la mayor parte de la población de los beneficios que tales registros suponen pone en evidencia que ese crecimiento no se redistribuye como debería ser. Aún más, que de los grandes volúmenes de ganancias que obtienen los inversionistas privados es poco o nada lo que al país le queda. Igualmente claro, debe quedar en la memoria colectiva que los partidos tradicionales y todas sus mutaciones, en su costumbre de acomodarse al gobernante de turno, han apoyado las decisiones gubernamentales que han permitido que ello ocurra. Decisiones que en el discurso, pero no en la realidad, buscan el bienestar general. En el caso del gobierno de Santos esos partidos y los movimientos que de ellos se han desprendido, sin razón distinta a intereses personalistas y grupistas, se han congregado en apoyo al ejecutivo en la llamada “Unidad Nacional”. Eso también debe tenerlo claro la gente a la hora de tomar su decisión de voto en las próximas elecciones a Congreso y a la Presidencia de la República. Los candidatos promovidos por Uribe también deben ser medidos con el mismo rasero. Ellos se identifican, como el que más, con esta política económica excluyente y de privilegios a unos pocos. Hasta ahora, los nombres que asoman para aspirar a esa tercería han caído en las mismas prácticas de los políticos tradicionales: uniones entre movimientos sin afinidad política, en su obsesión por sumar votos, a la vieja usanza. En esa preocupación mecánica se debaten unos y otros. El proyecto de país que las necesidades de la gente reclaman nada que aparece. Uno que otro ha dado algunas puntadas pero una gran plataforma política que dé esa respuesta no se ve, cuando por ahí deberían comenzar. Es evidente que los tratados de libre comercio hay que revisarlos. Que hay que acompasarlos con la adecuación del aparato productivo industrial y agrícola. Que el país debe recuperar la soberanía económica que ha perdido frente al gran capital. Redirigir su orientación económica, centrada en las actividades especulativas y extractivas que promueve el modelo económico, hacia las que le permiten generar mayores volúmenes de empleo y de mayor calidad, como son, precisamente, la industria y la agricultura. Que debe poder ejercer control sobre el ingreso de capitales y su destinación. Que a la función de control de la inflación que cumple el Banco de la República se le debe sumar la de velar por el empleo. Lo que aquí se quiere afirmar es que la tercería, para ser tercería, tiene que diferenciarse de los candidatos que defienden el statu quo económico. El mismo que tiene a mucha gente por fuera del juego o recibiendo migajas. También es evidente que ante la crisis de los órganos de representación, el candidato de la tercería debe jugarse por la institucionalización del consenso y la deliberación para la toma de decisiones públicas que comprometen la condición de vida de la gente. Que ella misma pueda participar directamente y con poder decisorio real en los procesos de fijación de tributaciones y regalías, en la formulación de los planes de desarrollo y de presupuesto y en el control de la ejecución de estos. Los mismos ciudadanos cuidando los intereses de la comunidad y velando por la generación y el buen uso de los recursos públicos, es lo que obliga. Está demostrado que en las manos de quienes los representan se dilapidan. En síntesis, esa tercería debe ser verdaderamente diferente de las candidaturas tradicionales que aspirarán en las próximas elecciones presidenciales. Si no, no tiene razón de ser. Y la diferencia fundamental debe radicar en la defensa real del bien común.