El artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona y los 206 estados reconocidos en el mundo están obligados a respetar los 30 artículos de dicha declaración, infortunadamente Sur América y Centro América son los países donde menos se cumple con este mandato.
De acuerdo con la última medición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el país con mayor tasa de homicidios del mundo es Honduras, con 82 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes le siguen Jamaica con 52, Venezuela con 49, Guatemala con 41, Colombia con 33, Brasil con 23 y México con 18.
Estos datos contradicen la creencia de que es en Siria, en Irak o en la Franja de Gaza donde se presenta el mayor número de muertes violentas y nos ubica en una realidad que tal vez no queremos reconocer.
El quinto lugar que ostenta Colombia en muertes violentas cada vez se ratifica más y a la fecha en el resto del mundo los medios de comunicación se centran en cómo la violencia se ensaña cada vez con mayor frecuencia contra ciudadanos que trabajan con las comunidades, gracias a que en los últimos tres años y medio en el país han sido asesinados 200 personas entre líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, lo que implica que los estertores de la guerra que desangró al país por más de 50 años no le dan tregua a la violencia, que al parecer sigue arraigada en los antiguos territorios dominados por las Farc, que con su salida de los territorios que controlaban hoy se disputan disidentes de ese grupo guerrillero, el ELN, la bacrim, los narcotraficantes, entre ellos el Clan Úsuga, entre otros y los paramilitares, que actúan cobijados por la impunidad, pues la justicia avanza muy lentamente para perseguir a los asesinos ya que las investigaciones por estas muertes solo cobijan 25 por ciento de los crímenes.
Los acuerdos firmados por los dos últimos gobiernos, el de los paramilitares y el de las Farc ya deberían estar dando frutos, pero estos en algunas zonas no se ve, porque como las cucarachas, que cuando se cree han sido erradicadas, resurgen con fuerza como hordas amenazantes.
Y no son solo líderes sociales los que están siendo asesinados, muchos campesinos que reclaman la devolución de sus tierras que estuvieron por años en manos de las Farc, están siendo víctimas de quienes terminaron por sustituir a esta guerrilla y que hoy ven la oportunidad de hacerse a los predios que pasaron fraudulentamente a manos de las Farc y sobre los cuales sus verdaderos propietarios no poseen los documentos que los acreditan para solicitar la restitución de sus tierras, al tiempo que desconocen las opciones legales que los acuerdos de paz les dieron para reclamar lo que les pertenece.
Mientras en el Congreso de la República se ocupan en reformar la Justicia Especial para la Paz, JEP y se discute si los guerrilleros deben pagar por sus delitos, los herederos del conflicto se dedican de manera impune a ocupar tierras que no les pertenecen porque a los campesinos tal parece no hay quien los defienda o como mínima compensación a todo lo que sufrieron, los asesore y apoye legalmente para que les devuelvan lo que les pertenece.
La tarea del nuevo gobierno no solo se debe enfocar en que queda o que se suprime de los acuerdos de paz, sino también atender a las miles de familias que esperan que a ellos también les cumplan lo que les prometieron, porque es posible que ni siquiera les importe que a las Farc las castiguen o que encarcelen a sus dirigentes, porque lo que más ansían es volver a su terruño a vivir de lo que mejor saben hacer que es dedicarse a sus cultivos de pan coger.
La atención a estos colombianos que viven en el campo le estará ahorrando al estado miles de millones de pesos de los que invierte en la lucha contra el impresionante crecimiento de los cultivos ilícitos, porque ante la imposibilidad de recuperar sus tierras, lo único a lo que los campesinos se verán abocados a recurrir es al cultivo de coca y amapola, a convertirse en raspachines o a procesar la pasta del alcaloide, que apenas les da para alimentarse, pero que infortunadamente también contribuye a acabar con la selva colombiana, porque cada hectárea de estos cultivos ilícitos, una vez producen lo que se espera de ella, deja la tierra completamente estéril.
