Las falacias de la guerra ante la paz

6 de septiembre del 2012

La primera falacia es que los paramilitares solo eran criminales que usaban la consigna antisubversiva para validar su verdadera vocación: el narcotráfico y desangrar al Estado mediante presión armada a los funcionarios regionales. La verdad completa es otra: aquí hubo dos clases de paramilitares, los autodefensas antisubversivos, llamados “purasangre”, que se hicieron bajo el tutelaje […]

La primera falacia es que los paramilitares solo eran criminales que usaban la consigna antisubversiva para validar su verdadera vocación: el narcotráfico y desangrar al Estado mediante presión armada a los funcionarios regionales. La verdad completa es otra: aquí hubo dos clases de paramilitares, los autodefensas antisubversivos, llamados “purasangre”, que se hicieron bajo el tutelaje de las fuerzas armadas, por desespero ante los crímenes y atropellos de la guerrilla, y los “paracos” artificiales que surgieron de los cinturones de criminalidad de las ciudades, que primero fueron hampones rasos, después “traquetos” y luego, por haber invertido su dinero mal habido, en propiedades urbanas y tierra rural, armaron ejércitos privados para protegerse de la guerrilla. Los “purasangre” vieron en ellos una fuente de financiación, y los dejaron sumarse poco a poco sin calcular que se homologaban por lo bajo, y eso les haría perder cualquier reconocimiento como grupo de respuesta político-militar a los ataques armados que, con el pretexto de reivindicaciones políticas, ejecuta permanentemente la guerrilla.

Cuando los autodefensas y los “paracos” se juntaron como AUC para negociar, formalmente se volvieron una sola cosa, aunque internamente eran un cuerpo fragmentado, farragoso y confuso, con diferencias insuperables. Cuando Luis Carlos Restrepo decidió no involucrar a la prensa ni la sociedad civil en los diálogos, facilitó que se les satanizara del todo ante la opinión pública, y nadie los acompañó. Por eso, el proceso de desarme de Ralito fue un éxito, pero la reinserción fue un fracaso. El gobierno supuso que las fotos de las desmovilizaciones bastarían para ganar su lugar en la historia como pacificador. Entre tanto, la prensa se enfrascó en construir escándalos, y nadie se detuvo a pensar en el perdón, ni a valorar el gesto contenido en someterse a la justicia y detener esa máquina letal que atajó la guerrilla, mientras el Estado indolente cedía sus competencias.

La lucha política desatada entre la Corte y la Presidencia hizo que sectores mayoritarios de la justicia proscribieran a las AUC como grupo armado con ideología política y posicionaran al paramilitarismo como un “aliado natural” del presidente, tendiendo una cortina de humo, que no dejó valorar el inmenso logro que fue desmovilizarlos y someterlos a un esquema de justicia transicional. La Ley de Justicia y Paz tan criticada por la prensa hasta hace poco, resulta ahora inaceptable para la guerrilla, y el gobierno se apresura a darles la razón, aceptándolo de antemano.

Varias distorsiones alimentaron la falacia: “Todos los actores políticos oriundos de zonas con presencia paramilitar, eran pro-paramilitares, y todos los muertos eran víctimas inocentes.” La verdad es distinta: muchos de los que ahora se proclaman víctimas, en efecto eran subversivos y colaboradores cercanos de la guerrilla, y la mayoría de los políticos dependían más de su arraigo ante los poderes centrales que de los paramilitares, a los que solo pocos respondían. Por eso, las sentencias contra los políticos son discursivas, carecen de solidez probatoria, y apelan a argumentos exóticos como la rebuscada teoría de Roxin, pues para producir condenas debieron acomodar los tipos penales a la fuerza, sin que las conductas se ajustaran.

El día que la Corte dijo que el delito aplicable era Concierto para Delinquir y no Sedición, en realidad vomitaba sobre Uribe diciéndole “Usted desmovilizó delincuentes comunes y no combatientes con ideología política…”

El proceso de Ralito, exitoso en sus objetivos, se desnaturalizó al ser usado por la oposición como arma política, sin medir el inmenso costo de hundirlo. No haber rodeado ese proceso para salvarlo, nos trajo a tener que lidiar con unas bacrim completamente desideologizadas, dedicadas al narcotráfico, organizadas y con solvente experiencia militar…

Que las Farc quieran ahora negociar la paz es otra falacia. La guerrilla puede querer negociar, pero no porque le importe la paz, sino porque su vocación es el poder. Para ellos lo que está en juego no es su seguridad física ni el crecimiento económico, o el mejoramiento de la convivencia ciudadana, no. Lo crucial es el acceso al mando político. Y lo que se aprestan a negociar es el poder.

El discurso de Timochenko lo deja claro. Aunque los analistas mamertos corrieron a decir que “Timochenko está buscando posicionar a las Farc de cara al diálogo”.  En realidad Timochenko solo dijo la verdad sobre lo que piensa: “Prometimos vencer y venceremos”. Para eso cabalga en la candidez de una dirigencia cachaca, protagónica y despistada, que no entiende lo que trabaja Timochenko desde Venezuela, pero que, si gana Chávez, poco a poco podría conducirnos a terminar anexados a la República Bolivariana, en nombre de la paz colombiana.

Su alocución se hace estremecedora cuando entendemos la claridad de lo que quiere en contraste con la nebulosa en la que gravita este gobierno, que sin escrúpulos le endosa el discurso antiuribista a las Farc en los micrófonos del Estado, y se hace el de la vista gorda cuando el jefe de la guerrilla se da el lujo de tratar de generar “solidaridad de clase” con los mismos soldados que ellos han mutilado, torturado y secuestrado por años. La falacia aquí no es la guerrilla —bastante coherente por cierto— sino la responsabilidad y competencia del gobierno ante sus astuta contraparte.

Un proceso de paz que empieza por reconocer a la guerrilla como par del Estado, mientras centenas de soldados están presos por supuestamente violar los Derechos Humanos durante su lucha contra esa misma guerrilla, un proceso de pacificación que no extienda los beneficios que se den a la guerrilla a todos los combatientes, un proceso que no incluya un perdón general y  desconozca que corrupción militar, política, y paramilitarismo, son distorsiones cuyo origen es la existencia de una guerrilla asesina, secuestradora, terrorista y narcotraficante. Un proceso que no consulte la experiencia conducida por Mandela en Sudáfrica, que no reconozca igualdad en las culpas, ni se afiance en el perdón total como sanción colectiva, está muerto de antemano y terminará en otra frustración.

Del mismo tema: El gobierno anuncia su equipo negociador: Tres de Bronce y tres de Origami, y una figura en la retaguardia que, por mil razones, sí es prenda de garantía: Enrique Santos Calderón. Buen viento y buena mar…

@sergioaraujoc

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