El accidente de la concejal indígena Ati Quigua, que fue automovilístico y ético, deja claro como el crudo invierno en la capital no es solo meteorológico. En Bogotá llueve impunidad en materia de control disciplinario y fiscal.

Ati Quigua siguiendo el ejemplo del alcalde mayor, Samuel Moreno, en lugar de dar una explicación  satisfactoria o de presentar una disculpa a sus electores y a la ciudad,  por cuenta del accidente y del grado de alcoholemia que le marcó el dispositivo, empezó por desafiar el dictamen del coronel Rodolfo Palomino, Director de la Policía de Carreteras.

Es posible que la reacción de la concejal indígena se diera por alguna de estas razones: sabe que en Bogotá no hay personero, pues tiene claro que Francisco Rojas Birry, su copartidario indígena, está concentrado en tratar de salir airoso de su audiencia de juzgamiento por presunto enriquecimiento ilícito. Las ocupaciones del Personero le descartarían una investigación en su contra, sin contar que el voto de la concejal fue uno de los que puso a Rojas Birry en la Personería… ¿Yo te nombro… y tú te callas?…

También sabe muy bien la concejal que el Contralor Distrital, Miguel Angel Moralesrussi, trata de sobrevivir a las investigaciones sobre las mordidas de los capos de la contratación en Bogotá. Por este lado tampoco habría nada.

En vista de que los entes de control encargados de la vigilancia de los servidores públicos en la capital están más enredados en resolver los señalamientos en su contra, esta semana la Red Ver presentará queja disciplinaria y fiscal contra la concejal Ati Quigua ante la Procuraduría y la Contraloría General para en que virtud de su poder preferente, que no es otra cosa que el derecho a tomar ciertas investigaciones con exclusión de personerías y contralorías territoriales, asuman el caso. Esto además garantiza que el proceso y la decisión estén libres de la influencia que pueden ejercer los propios concejales, por medio de sus inevitables amarres o cuotas burocráticas en las entidades de control, o mejor de descontrol del distrito.

¿Acaso algún personero o contralor de la ciudad ha osado investigar o sancionar a algún concejal?  Y sobre todo me pregunto ¿alguno de estos tendría la independencia y autoridad moral para hacerlo?

Pero volvamos a Ati Quigua. Serían varias las faltas atribuibles a la concejal que nunca debió conducir la camioneta en la que se accidentó, la tenía asignada para su protección no para su conducción. Otra posible falta deriva del presunto estado de alicoramiento en el que se encontraba. Cualquiera que hubiera sido su grado de alcoholemia, se trata de una violación a las normas de tránsito, cuyo respeto la obliga no solo por deber ciudadano sino aun más por su condición de servidora pública de elección popular.

Para completar, la concejal nunca debió despachar a sus escoltas antes de concluir su jornada por tarde que fuera, pues con ello violaba los protocolos obligatorios de su seguridad personal, y el esquema de protección. También ponía en peligro un bien adquirido por el erario público y con mayor riesgo porque se desplazaba a altas horas de la madrugada.

Lo que sigue es el detrimento patrimonial. Una camioneta  volcada, cuya reparación debería  ser cubierta con recursos propios y exclusivos de la concejal y no por cuenta de la póliza de seguros del Concejo, que al final es dinero de todos.

Pdta. Esta semana seguimos en doble espera: la admisión del Consejo de estado de la demanda de pérdida de investidura contra Iván Moreno y la definición del Departamento de Estado (EEUU) y del Ministerio del Interior sobre cómo y cuándo se recibirán las declaraciones de Mancuso y ´Jorge 40´dentro del proceso contra Javier Cáceres.

De dilatarse más esta prueba, como lo convinimos las partes, nos atendremos a las practicadas recientemente por la Sala de Casación Penal e iremos a audiencia pública lo antes posible. En el proceso de Cáceres o “Cacerazo” por fortuna más que falte una “prueba reina”, “reina la prueba”.