Nadie recuerda el nombramiento de un ministro de Agricultura que haya caído más mal que el de Rubén Darío Lizarralde. No se sabe quién tomó una decisión peor, si Santos al nombrarlo o él al aceptar. Una auténtica provocación. Y el rechazo crece con el hallazgo de más de un esqueleto en los armarios del exgerente de Indupalma.
La controversia no nace, como con mentiras alegan los fletados, de que los críticos estemos en contra de la economía empresarial o del cultivo de palma. No. El pleito tiene nombre propio y empieza con las políticas del gobierno frente a los dos grandes problemas agrarios del momento. Primero, la culpa de las políticas oficiales en las enormes protestas de la Colombia rural, que expresan la crisis del 99 por ciento de los productores, y, segundo, el despojo ilegal de los derechos del campesinado sobre los baldíos del Estado, actos de corrupción que pretenden lavar con el peor agravante: imponer que el futuro del agro no reside en salvar a los que hoy están en la ruina y reclaman, sino en darles más gabelas a un puñado de monopolistas nacionales y extranjeros.
El nuevo ministro llegó, entonces, con la falacia de que habrá agro próspero en medio de los TLC y a tramitar la Ley Urrutia, que impulsa Santos para lavarles las ilegalidades a los clientes de Carlos Urrutia y de sus pares, concentrar más la tierra y promover la servidumbre campesina de las falsas asociaciones. La reforma, además, aupará los negocios de especulación con la tierra en el Vichada, entre los que están los de Lizarralde –Indupalma–, los de su exesposa, la ministra Campo Soto, y los del hijo de ambos. ¡Que viva el Principado de Anapoima! Como el truco incluye presentar a Lizarralde y a Indupalma como los sacrificados benefactores de los campesinos por “asociarse” con ellos y anuncian que ese tipo de negocio irá de la palma a todo el agro nacional, sirve saber que ellos no son de la cofradía de la madre de Calcuta.
El primer esqueleto que salta del armario es la dura persecución de Lizarralde al sindicato de trabajadores de Indupalma, hasta el punto de reducirlo a poco y de imponer, como un mal ejemplo para el país, las famosas cooperativas de trabajo asociado. La Corporación para el Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que promoviera el S.J. Francisco de Roux denunció la tentativa de Indupalma de quitarles a numerosas familias campesinas de San Alberto unas tierras baldías que de ninguna manera pueden ser de esa empresa, porque la Ley 160 de 1994 señala que los baldíos solo pueden escriturárseles a pobres del campo. Y la Defensoría del Pueblo denunció las presiones oficiales para forzar a otros campesinos a “asociarse” con Indupalma en un negocio palmero que ellos querían hacer de otra manera, como al final sucedió.
El país vio en la televisión a un “socio” de Indupalma concluyendo: “Antes éramos pobres; ahora somos limosneros” y a Rubén Darío Lizarralde maltratando a sus “asociados” de Coopsabana porque desean modificar el negocio leonino que tienen con esa empresa. Porque las “asociaciones” de Indupalma son negocios de pájaro con guayaba madura, en los que todo el riego agrario –de las siembras, las plagas, las sequías y los inviernos, los errores, el precio de los insumos, las deudas y hasta perder la tierra– lo corren los campesinos, mientras Indupalma actúa como capataz de unos siervos del siglo XXI y solo puede ganar, cobrando altas comisiones, entre el 14 y el 8 por ciento de la inversión y la producción de sus “socios”, obligados también a venderle toda su fruta a una extractora de aceite de propiedad exclusiva de Indupalma, que paga por el corozo de “sus asociados” el precio que unilateralmente decida Fedepalma, en cuya dirección tenía silla Lizarralde. Y el crédito de 7.400 millones de pesos que puede terminar por quitarles las tierras a estos campesinos no lo puso Indupalma sino el Banco Agrario, que también es utilizado por estos ventajistas.
El Banco Agrario debe entregar la información que ha negado sobre sus créditos a otros “socios” campesinos de Indupalma. Y Lizarralde debe decir quiénes son los dueños de esa empresa –ocultos tras su registro en Panamá– y por qué sus “asociados” de Coopsabana también se endeudaron con una banca de papel en Islas Caimán. Ya van detectadas además tres acumulaciones ilegales de baldíos por parte de Indupalma.
