Una de las noticias nacionales más importantes de los últimos tiempos ha sido el desarme de las FARC. En todo el país se establecieron 26 sitios de desarme controlados por la ONU, y este organismo confirmó la entrega de 7.132 armas de fuego. Se salvarán así muchas vidas, sumadas a las más de 2.500 que, según las fuerzas militares, se presume se han preservado en Colombia desde agosto de 2016, cuando se presentó el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, logrado entre el gobierno y las FARC.
La entrega de armas por parte de las FARC pone de relieve, una vez más, el tema del desarme ciudadano. Parece no existir total certeza sobre el número de armas en manos de civiles en Colombia. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, ha calculado en 2.500.000 el número de armas ilegales existentes en el país. En estas cifras no se incluyen las armas “no letales” (que con frecuencia realmente matan), las llamadas armas “de defensa personal” (pistolas taser, atomizadores de gas pimienta, etc.) y los “juguetes bélicos”, réplicas idénticas a las armas reales, que hoy utilizan muchos delincuentes. Así las cosas, el monopolio de las armas por parte del Estado no sigue siendo más que un sueño.
La proliferación de armas de fuego en manos de particulares representa, desde luego, una grave amenaza para la seguridad personal de los colombianos. En 2015 fueron asesinadas en Colombia 11.585 personas, de las cuales 7.737, es decir, el 73,06%, lo fueron por proyectil de arma de fuego. Según el Instituto de Medicina Legal, cerca de la mitad de los homicidios (47%) corresponden a violencia interpersonal y el 34% “ocurren en actividades relacionadas con el uso del tiempo libre (eventos culturales o de entretenimiento)”, es decir, en fiestas públicas o privadas, eventos deportivos, etc.
Los datos sobre Bogotá no son menos preocupantes. En 2016, según datos de la Secretaría de Seguridad, se registró en la capital un total de 1.265 homicidios, de los cuales el 54,5% (689 casos) se perpetró con armas de fuego. Aunque menos prevalente, también es muy significativo el uso de armas de fuego en las lesiones personales que se cometen en la ciudad. De un total de 11.168 casos reportados en 2016, el 18,4% (2.051 casos) fue cometido con armas de fuego. Así mismo, es patente el aumento en el uso de armas de fuego en los casos de hurto en la ciudad. De un total de 27.000 casos registrados en 2016, según los datos de la Secretaría de Seguridad, 3.122 se perpetraron con armas de fuego (11,6% de los casos), en comparación con 2.720 hurtos (9,9% de los casos) de los 27.555 que se cometieron en Bogotá en 2015.
De hecho, la mayor parte de los homicidios en Bogotá fueron perpetrados con armas ilegales, según la Fiscalía General de la Nación, pero para el efecto los dos tipos de armas vienen siendo lo mismo: legales o ilegales, son armas de muerte.
La prohibición del porte de armas en todo el territorio nacional, que rige hasta el 31 de diciembre de este año, es obviamente una medida sana que ojalá se prolongue en el tiempo, pero es claramente insuficiente para contener tanto la proliferación de armas de fuego en manos de particulares como el homicidio, las lesiones personales y los hurtos en los cuales se utilizan. Se necesita mucho más que campañas publicitarias y programas efímeros de desarme. Se necesita una verdadera política pública que garantice que la era del posconflicto, que estamos comenzando, sea efectivamente una era de paz.
Medidas de fuerza como la incautación o la prohibición para contener la tenencia y el porte de armas de fuego, así como su uso en la comisión de delitos, han demostrado ser insuficientes en Colombia en general y en Bogotá en particular, como lo demuestran los datos ya anotados. Sin que esto quiera decir que dichas medidas se suspendan –por el contrario, deben reforzarse-, la promoción del desarme ciudadano debe partir del impulso de cambios de comportamientos, actitudes y percepciones que lleven a la autorregulación y a la regulación mutua frente a las armas y al recurso a la violencia.
La Encuesta de Cultura Ciudadana pone en cifras la evolución de ciertas ideas prevalentes entre los bogotanos con respecto a las armas y a la justicia por mano propia. El porcentaje de ciudadanos de la capital que creen que ante la inseguridad es mejor tener un arma para protegerse pasó de 14% en 2013 a 22% en 2016, poniendo de manifiesto una tendencia ascendente desde cuando se introdujo esta pregunta en las encuestas en 2003, cuando el porcentaje fue de 10%. Más pronunciado aún es el aumento del porcentaje de personas que creen que cuando un grupo de ciudadanos atrapa un ladrón que acaba de robar deberían darle una golpiza, que pasó de 23% en 2013 a 35% en 2016. Igualmente relevante es el aumento del porcentaje de ciudadanos que consideran que cuando los policías atrapan a delincuentes deberían matarlos, que ascendió de 4,6% en 2013 a 8,9% en 2016.
La promoción de cambios culturales frente a las armas, a la violencia en general y al respeto por la vida bajo un enfoque de cultura ciudadana ya ha demostrado su eficacia en el pasado en Bogotá. Entre los resultados de la gestión del alcalde Antanas Mockus en este campo se encuentra un descenso de las tasas de homicidio aún más pronunciado que en todas las demás administraciones de la ciudad: 32,8% en su primer gobierno y 34% en el segundo, en comparación con un descenso de 19,1% en la primera administración de Enrique Peñalosa, 20% en la de Lucho Garzón y 18% en la de Gustavo Petro, y un aumento de 20% en la de Samuel Moreno.
Bajo el lema de “La Vida es Sagrada” se llevaron a cabo múltiples acciones para protegerla, entre ellas varios programas de entrega voluntaria como “Dejad que las armas descansen en paz”, realizado en 1996, y que dio como resultado la entrega de 2.688 armas de fuego, equivalente a más de la tercera parte de las armas entregadas por las FARC en junio de 2017, siendo a su vez la iniciativa más exitosa de todas cuantas se han llevado a cabo en Bogotá en este campo. Ante el ejemplo dado por las FARC en este tiempo, ¿no es ya hora de retomar las experiencias pasadas de Bogotá en cuanto al desarme ciudadano?
