Los puntos claves de la mesa rural

11 de septiembre del 2012

El documento de seis páginas suscrito entre el gobierno del presidente Santos y las Farc el pasado 26 de agosto en La Habana, plantea como primer punto de la agenda de negociación una nueva política de desarrollo rural que contenga entre otros, la democratización del acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, la formalización de […]

El documento de seis páginas suscrito entre el gobierno del presidente Santos y las Farc el pasado 26 de agosto en La Habana, plantea como primer punto de la agenda de negociación una nueva política de desarrollo rural que contenga entre otros, la democratización del acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, la formalización de propiedad y llevar desarrollo a las regiones más apartadas del país.

Pocas cosas más sanas y convenientes para Colombia que se debata abiertamente la política de tierras y desarrollo rural y que se construya con todos los actores de la producción agropecuaria alrededor de este proceso de paz. Infortunadamente en los últimos 20 años, la discusión se ha reducido a unos cuantos académicos capitalinos en los salones del tercer piso del Club de Banqueros en Bogotá. Por eso es que estamos tan fregados.

El Acta de Acuerdos que vaya a ser firmada por los integrantes de la mesa de negociación debe apuntar a una política agrícola que enfrente los problemas coyunturales del sector. De igual manera debe abordar el desarrollo de la agricultura familiar campesina, con el fin de establecer una defensa de la explotación familiar agraria como núcleo básico para mantener el empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio territorial.

Si queremos lograr la paz tendremos que tener un sector agropecuario competitivo. Para ello necesitamos tener unos objetivos y procedimientos claros, gestados desde el Gobierno Nacional y consultados con los empresarios y agremiaciones del sector agro industrial.

Un primer paso es declarar unos corredores geográficos de producción agropecuaria —CGPA— (por ejemplo, la altillanura, Catatumbo, Magdalena Medio, los sures de la región Caribe, el Urabá chocoano, los montes de María, Nariño y Cauca). El siguiente camino es determinar de qué tierras dispone el Estado en esas zonas para ser adjudicadas a proyectos productivos de los ocho mil desmovilizados, los dos millones de desplazados, los 35.000 reintegrados de las AUC y pequeños campesinos que estén integrados a una Alianza Solidaria Agricola (ASA) con empresarios agroindustriales. Esto con el fin de garantizar la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, el acceso al crédito y la comercialización de sus productos a precios del mercado.

Estos CGPA deben contar con un plan y presupuesto anual de inversión en infraestructura vial, servicios publicos, vivienda rural, puestos de salud y lo más importante, instituir un servicio de extensión agrícola a través de la creación y construcción de Escuelas Superiores Agrícolas (que remplacen al ineficiente Corpoica), que son de vital importancia en la prestación del servicio de asistencia técnica, el avance de la investigación agrícola y en la enseñanza de sucesivas generaciones de agricultores.

La política de estímulos al sector agropecuario debe ser totalmente reformada. Debemos reemplazar las ineficaces y tardías convocatorias del programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) o (AIS) que tantos escándalos de corrupción han tenido en el pasado, por esquemas más expeditos y sustituir los intrumentos de estímulos al sector como el Incentivo a la Capitalizacion Rural (ICR), el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT) y el Incentivo al Seguro Agrario (ISA) por instrumentos de mayor impacto, menores costos financieros y de acceso directo al productor del campo.

A manera de ejemplo, el Fondo Agropecuario de Garantías —FAG— debería reemplazarse por una Agencia Nacional Hipotecaria Agropecuaria que elimine las costosas comisiones, hipotecas bancarias y agilice las garantías de los créditos y los instrumentos de ayuda como el ICR y el CIF deberian fusionarse en un incentivo agroforestal para los cultivos de tardío rendimiento.

El suministro de agua para riego, debe ser operado a través de una Agencia Nacional de Presas y Canales de Irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores y los créditos amarrados a una póliza de seguro subvencionada por el Estado.

Presidente Santos, el Estado tiene alrededor de 6 millones de hectáreas aptas (entre baldíos, extinción de dominio y otros), para la agricultura, ganadería y plantaciones forestales comerciales. Solo necesitamos voluntad política y acción.

@indadangond

indadangond@gmail.com

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