La corrupción es el tema de opinión del momento, lo vemos en la contratación pública, en las obras de infraestructura, en la alimentación escolar y hasta en los más sonados procesos judiciales, sin embargo poco se habla de la corrupción que logra desaparecer las pruebas en un proceso de violencia sexual contra mujeres, niños y niñas. La corrupción que se inventa enfermedades mentales en las madres que denuncian las agresiones contra sus hijos e hijas acusándolas del “síndrome de alienación parental”.
Poco se menciona de la corrupción que cometen aquellos padres que ocultan sus ingresos y bienes para no pagar la cuota alimentaria que les corresponde, dejando a sus hijos en condiciones difíciles de subsistencia y vulneración de sus derechos, obligando a las mujeres que ya afrontan la mayor parte de las responsabilidades del cuidado a tener que sacar adelante a sus hijos solas.
Muchas son las mujeres en el país que tienen que soportar la corrupción que permite que las audiencias en sus procesos se pospongan una y otra vez sin que se exija una excusa real y se sancione la no asistencia injustificada por parte de sus victimarios.
Como muchos de los actos de corrupción en el país, esta faceta también es silenciosa y tolerada en los espacios legales y judiciales. Contamos con un marco normativo muy completo contra la violencia hacía las mujeres, como la Ley 1257, la ley 1719, la ley contra el feminicidio, entre otras, pero en contraste, las víctimas no denuncian y no confían en la justicia.
Una muestra de esta desconfianza es medida en el segundo Estudio de Tolerancia Social e Institucional de las violencias contra las mujeres, realizado por la Presidencia de la República, donde encontramos que sólo el 20% de las víctimas tiene confianza en la Fiscalía, el 19% en la Policía y un 18% en las Comisarías de Familia.
Este panorama desalentador se completa con los niveles de impunidad, que de acuerdo a cifras no oficiales puede ser cercano al 90%, donde la corrupción es un factor determinante en los bajos niveles de efectividad de la justicia en este tipo de casos.
Estamos en una coyuntura importante como sociedad para reflexionar y actuar decididamente contra todas las formas de corrupción que sin duda tiene bases fuertes en la desigualdad, la exclusión y en el uso abusivo de las relaciones de poder, contexto donde las mujeres y la infancia son las principales víctimas.
Sé que contamos con servidoras y servidores públicos muy comprometidos para enfrentar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, pero existen muchas prácticas nocivas que tristemente permean nuestro sistema de justicia, mi invitación es también a enfrentar esta corrupción propia de una cultura patriarcal, todas y todos tenemos responsabilidad en el objetivo de garantizar a las mujeres y a la infancia del país una vida libre de violencias.
Martha Ordóñez Vera
