Madonna, Sergio Fajardo y el fin de la Fábrica de Licores de Antioquia

Se ha cuestionado a Sergio Fajardo por su vinculación a la junta directiva de la Fundación Carulla, la cual durante su campaña a la Gobernación de Antioquia contrató con el ICBF y la alcaldía de Alonso Salazar. Pero poco y nada se ha dicho sobre la forma como ha venido menoscabando millonarios ingresos estratégicos de este departamento con relación a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), pasando por el contrasentido de que la distribución de licores del concierto de Madona correrá no por cuenta de la licorera paisa —que juega de local— sino de una firma guatemalteca. A fines del año pasado, antes de posesionarse como gobernador, Sergio Fajardo le habría exigido a los distribuidores de la FLA no adquirir licor, para que facturaran directamente durante la administración de aquel, pretendiendo mostrar niveles de ventas superiores a los históricos a partir de enero pasado. Pero muy por el contrario, en el presente semestre la FLA ha terminado tanto produciendo como vendiendo menos que en el cuatrienio anterior, concretamente en la gobernación de Ramos. Se proyecta una pérdida de ingresos de nos menos de $400.000 millones para el presente año, especialmente si se tiene en cuenta que el proceso productivo o de fabricación —que para el 2011 fue cerca de 70 millones de botellas— está cayendo a menos de 30 millones para el presente año, lo que significará que en menos de cuarenta días se parará la producción de la emblemática Fábrica de Licores de Antioquia, y el país no lo sabe, ni Sergio Fajardo se lo ha contado a sus electores paisas. El nicho de mercado para un producto de consumo masivo —que incluye el aguardiente y ron Antioqueño— desaparece paulatinamente, arrastrando no solo la fidelidad de sus clientes, sino la pérdida de un acumulado de cientos de miles de millones de pesos invertidos en el posicionamiento de tal licor en el cada vez más competido mercado colombiano, cuya recuperación no dejaría de costar, según expertos, algo más de $240.000 millones. Es decir, este desgreño de Fajardo puede generar un desmedro patrimonial a las finanzas del departamento de Antioquia decenas de veces superior al que generó la suspensión reciente del gobernador del Valle, el exgerente de la licorera, y otros directivos de la misma que llevó a convocar a nuevas elecciones en tal departamento. Así las cosas, el matemático Sergio Fajardo decidió sepultar una de las tres fuentes más importantes de recursos de su departamento, con la parsimonia oprobiosa del gerente de la licorera, Fernando Escobar, quienes amenazan la continuidad de una de las licoreras más importantes y emblemáticas del país. Cuando precisamente por cuenta de la integración creciente y los tratados de libre comercio ameritaría una presencia más agresiva e inclusive una estrategia de articulación con otras empresas de licores a nivel nacional, para no solo defender su posición en el mercado interno sino incluso intentar incursionar en el mercado internacional, al tiempo de contener los elevados niveles de falsificación de licores que en el país superan el 40% del mercado doméstico. POSTDATA           El debate a la salud En el llamado debate a la salud tanto a la Corte Constitucional como al Congreso de la República el fiscal general Eduardo Montealegre le tomó el pelo al país. En el primero hizo presencia para decir que en el futuro creará una unidad especializada sobre el tema de salud, que se tratará de personal altamente cualificado. Es decir, que por lo pronto sus amigos de Saludcoop, léase Palacino y Cía. continuarán disfrutando de la libertad por cárcel; su única sanción será moral. Además insistió discrepando de la Contralora —quien ha librado una batalla excepcional en el tema— que el asunto de la salud tenía muchas zonas grises, para tratar de decir que era un tema donde sus exclientes se podrían salir. Como si fuera poco, pretextó que había miles de miles de folios y documentos en la Fiscalía contra Saludcoop —entidad que asesoró—, que era prácticamente imposible adelantar un proceso contra ellos. La tesis del penalista Fiscal General, sería entonces: no se pueden acusar ni mucho condenar a los grandes responsables del vulgar saqueo a la salud, por exceso de pruebas. No se puede hasta tanto los fiscales actuales no tomen un curso internacional en materia anticorrupción, y no tengan un título que los acredite como tales, cuando el país tiene las pruebas y exige resultados con responsables con nombre y apellidos tras las rejas. Veo al Fiscal más empeñado en acusar funcionarios de medio pelo, por escándalos como parapolítica, pero no contra la corrupción —Alvaro Dávila, Emilio Tapia, Julio Gómez, capos del cartel de la contratación— ni la salud. Por cierto, al debate a la Salud en la Comisión Séptima de la Cámara esta vez tampoco asistió ni envió delegado alguno, lo cual de suyo no tiene explicación distinta de su impedimento moral para enfrentar el tema de la salud. Por fortuna, pese al Fiscal General, tanto el Ministerio de Salud como el país le dan más respaldo a la intervención de Saludcoop como pieza de quiebre del estrangulamiento del sistema y la necesidad de un cambio de sistema que se impone día a día en la agenda pública, donde se despilfarra buena parte de los más de 40 billones de pesos anualmente. Sin duda, sino el mayor uno de los más graves problemas de corrupción del país se instala cancerígenamente en el sector salud. Rojas Birry le cierra espacios al mundo indígena Hace más de diez años, la Red Ver (Red de Veedurías) no solo le dijo sino le mostró al país quien era Francisco Rojas Birry, cuando siendo senador lo hizo sancionar por hacer recomendaciones ante otro órgano de control, la Contraloría General. Más aun, desde antes de las denuncias de DMG, vimos como con su elección se pervertía el control disciplinario en la ciudad tras convertirse en otro personero de bolsillo salido de la propia campaña a la alcaldía de Samuel Moreno. La estrategia del fuero indígena no es un argumento nuevo para eludir la acción de la justicia por parte de Birry, ya la había ensayado en el caso del concejal indígena de Ibagué de apellido Tique, hoy prófugo de la justicia por exigirles a sus escoltas —contra los cuales hubo varios atentados— parte de sus salarios. Lo que preocupa es como la justicia ha tardado tanto en sancionarlo, dejando que el cartel de la contratación se impusiera en la ciudad. ¿Qué pasa con los cargos por delitos derivados de las omisiones y comisiones a favor del clan Moreno, Dávila, Tapia y Dávila durante la gestión como personero de Bogotá, donde cometió atropello mucho mayores que aquellos por los cuales se le ha sancionado? Amanecerá y veremos. El bloqueo de nuestro portal www.redver.org El viernes de la semana pasada, después de la publicación de nuestra columna en kienyke.com, fue saboteado nuestro sitio web de forma tan brutal que todos los registros fueron borrados deliberadamente. Sobran explicaciones. Reddeveeduriasdecolombia@gmail.com veedoressinfronteras@gmail.com