El gobierno dice que un problema que se viene superando, pero admite que existió: medio millón de personas muertas estaban “sisbenizadas” y por ende recibían los beneficios que el Estado ofrece a personas de pobres recursos. La culpa la tenían los alcaldes, encargados de depurar los listados, pero muchos hacían de las suyas, en una cadena imbatible de corrupción.
“Los alcaldes venían haciendo la tarea, sin embargo, el proceso de depuración era lento. Con la normatividad emitida por el presidente en marzo de este año, la depuración de los casos de fallecidos se realiza directamente en el Departamento Nacional de Planeación. Tener una base de datos depurada permite que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan”, según Luis Fernando Mejía, director del DNP.
En resumen esta es la situación, según Mejía:
-En septiembre de 2015 había 457.000 fallecidos en la base de datos y tras una fuerte campaña con las entidades territoriales se logró que los alcaldes bajaran paulatinamente esa cifra, que a mayo de este año llegó a 105.475 fallecidos, los cuales, tras la directiva de la Presidencia fueron borrados este mes por el DNP.
De los 105.475 fallecidos que el DNP eliminó de la base de datos en el mes de mayo del 2017, 51.924, es decir, el 49% se habían detectado desde hace más de un año y las entidades territoriales no los habían sacado. El 64% de los fallecidos, según el DNP, eran jefes de hogar y el 62% eran mayores de 66 años.
Siguen registros irregulares.
Pese a las facultades que ahora tiene el DNP para borrar directamente de la base de datos del Sisbén los registros de los fallecidos, aún hay retos en otros casos como las personas con altos ingresos que tienen puntajes bajos y quienes cambian su tipo de vivienda para bajar el puntaje, precisa una investigación de El Colombiano.
-A mayo de este año, 56.129 personas con ingresos mayores a 3,8 millones de pesos mensuales figuraban con bajos puntajes y otros 37.201 registraban inconsistencias en la información de su tipo de vivienda.
“Poder eliminar los registros de los fallecidos directamente desde el DNP es algo positivo para las entidades territoriales, pues es una tarea menos que deben hacer y pueden dedicar sus esfuerzos a solucionar otras irregularidades como detectar personas con ingresos altos y quienes mienten a la hora de dar información sobre su tipo de vivienda”.
La cifra de registros irregulares bajó drásticamente entre los meses de abril y mayo, de 235.000 se pasó 113.000 registros irregulares. Con esta acción, la meta es prevenir que avivatos se hagan pasar por fallecidos para quedarse con beneficios que no les pertenecen”.
