¿Hasta cuándo tomaremos conciencia real del alto costo que desde siempre ha tenido para el país el hecho de que nuestros ministros no sean especialistas en los sectores a su cargo?

No es sino observar la imprevisión, improvisación, falta de conocimiento, de criterio, y las debilidades técnicas de un buen volumen de decisiones gubernamentales para corroborar ese alto costo.

Un recorrido por algunos de los problemas cuyo manejo depende del gobierno sustentan este, por lo menos, preocupante interrogante.

Si en materia minera, información publicada en medios da cuenta de 392 emergencias y 536 muertos en toda la geografía nacional, tan solo desde el año 2004, y de 16 técnicos como único personal de que dispone el Ministerio de Minas y Energía para controlar 3.000  minas en operación y otras tantas en exploración, ¿cómo es que el ministro del ramo, distinto a lo que ordenó y ante el riesgo de más muertes (lo evidencian las dos últimas tragedias), no ordena el cierre inmediato de todas las minas que operan en el país en similares condiciones, tanto legales como ilegales, hasta tener la garantía de que la explotación se desarrolle dentro de los lineamientos técnicos y de seguridad que rigen esta actividad?

No cerrar las minas mientras se logra la decretada adecuación técnica de Ingeominas para ejercer el control que le corresponde es exponer al país a más tragedias y develar que el gobierno no tiene claras las prioridades. Más importante que otras consideraciones es la vida de colombianos. Todas estas anomalías institucionales que vienen del pasado hay que corregirlas cuanto antes.

En la misma línea debe proceder el gobierno con su locomotora minera, la cual sólo debe empezar su marcha hasta tanto se cuente con el desarrollo institucional capaz de garantizar el equilibrio entre el cuidado ambiental, los derechos laborales, la productividad social y la económica. Para ello es necesario que al frente del nuevo Ministerio de Ambiente esté alguien verdaderamente idóneo en el tema, que no venga a aprender, que rescate el sistema nacional ambiental, que dote al nuevo ente de la estructura y la institucionalidad que le permitan trazar la política ambiental, articular a la ejecución de esa política a las mal intervenidas CAR,  ejercer controles y sancionar debidamente.

En materia de Defensa sí que se siente la falta de un experto en la cabeza de tan estratégico sector, pues la complejidad de la situación en diferentes regiones del país, que combina incursiones de la “guerrilla”, acciones de las “Bacrim”, operaciones conjuntas entre éstas y un preocupante número de homicidios,  indica que el concepto de la llamada Seguridad Democrática debe ser reformulado. Son varios los aportes de estudiosos que ofrecen una visión más integral de la temática de seguridad, los cuales deben ser atendidos para intervenir de manera más estructural y efectiva tal problemática. Al actual ministro se lo percibe sin el bagaje ni la creatividad ni la experiencia para hacer frente a tal  entrevero de cosas.

En cuanto a Salud, en lugar de seguir perdiendo tiempo en la aprobación de reformas que, influidas por intereses particulares,  no dan solución de fondo a los problemas del sector, se deben retomar y adaptar a nuestro medio esquemas que en otros países han permitido garantizar de verdad la cobertura y la calidad de los servicios de salud. El bien común es el objetivo irreductible que el gobierno debe perseguir en este tipo de normas, lo cual no se evidenció como se requería en el rol cumplido por el Ministro de Trabajo y Seguridad social en el trámite de la reforma a la salud recientemente aprobada por el Congreso.

En el sector educativo, además de las metas logísticas obligadas por la emergencia invernal en buena parte del territorio nacional, para lo cual no se necesita ser especialista en educación, lo que sí requiere conocimiento a fondo es el diseño del modelo de educación que necesitamos. Una sociedad con problemas apremiantes de convivencia y de valores, como es la nuestra, exige que la calidad de la educación, apuesta del gobierno Santos, comience,  antes que todo, por formar ciudadanos que sepan valorar la convivencia, el respeto por el otro y por su vida, y esto incluye a escolarizados, a la sociedad civil, a empresarios, a inversionistas y a ejecutivos. La política gubernamental “Educación De Calidad. El Camino Para La Prosperidad”, da para pensar que esta problemática es abordada dentro de ineficaces enfoques tradicionales. Un punto de partida podría ser acoger las voces que cuestionan la prematura adopción constitucional de desarrollos superiores del derecho individual como la figura del “libre desarrollo de la personalidad”. Fue un error evidente implantarla sin contemplar nuestro resquebrajamiento de valores y sin haber superado como colectividad nuestras dificultades para respetar la vida en comunidad. En este ambiente tal adopción instauró (es queja habitual) una especie de libertinaje que dificulta el proceso formativo de estudiantes.

No es con más de lo mismo que alcanzaremos soluciones de fondo. En cuanto al rendimiento de los estudiantes en pruebas académicas internacionales (en esto sí que andamos mal) debemos ganar tiempo y revisar y aprovechar la experiencia exitosa de países  como Finlandia y varios del Sudeste Asiático. Así mismo, para atacar eficazmente la inequidad que nos devora como sociedad, debemos fijarnos, por ejemplo, en Francia y los países nórdicos, quienes en lugar de educar en un sistema discriminatorio de colegios privados y públicos como el nuestro, lo hacen en colegios públicos a donde van todos los estudiantes, ricos y pobres.

Como puede observarse, conocimiento y toma de decisiones a favor del bien común deben ser las claves para sacar el país adelante. El presidente Santos aún está a tiempo de corregir varios rumbos. Apenas está comenzando.