Nueva ley estatutaria de participación ciudadana: alas a la participación

Por solicitud  presentada por la Red de Veedurías en representación de la Mesa Nacional por la Justicia, se logró que esta semana el Gobierno del presidente Santos sancionara, y por tanto le diera vida a la nueva ley estatutaria  de participación  ciudadana, 1757 del 6 de julio de 2015 "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Tras  varios  años de debates, y con una innegable participación ciudadana amplia  convocada por  el entonces senador John Sudarsky, sin cuyo ímpetu y gracias a su tenacidad  quedó una huella indeleble: logramos consensuar entre diversas organizaciones de la sociedad civil, un proyecto de ley estatutaria que pasó por el tamiz del Congreso de la República, primero, y luego por la revisión obligatoria previa  de la Corte Constitucional, la cual encontró vicios  de forma, que obligó a devolvérsela  al Congreso, que los corrigió, y volvió a la Corte Constitucional para efectuar el control constitucional previo a su vigencia, en un examen definitivo tanto  de fondo como de forma. La Corte Constitucional encontró razonablemente superados los vicios de forma previos, y halla en febrero pasado algunas irregularidades de fondo por lo que invalidó algunas contadas disposiciones del proyecto presentado a su consideración. Ahora el país  cuenta, gracias a la gestión adelantada en tal sentido por el Ministerio de Interior y la Secretaria de Transparencia que   en menos de 72 horas hábiles después de formulada nuestra solicitud, procedieron a recoger las firmas del gabinete y el Presidente para darle  alas a la participación. Referendo Derogatorio Constitucional y Nueva Ley de Participación Ciudadana Aprobada la reforma constitucional denominada “Equilibrio de Poderes”, acto legislativo 2 de 2015, quedó claro que se abre paso la convocatoria a un referendo derogatorio de carácter constitucional con el propósito de que la ciudadanía se pronuncie y decida, ahora  si con conocimiento de causa, si lo deroga o lo aprueba. La Mesa Nacional por la Defensa de la Justicia, de la cual hacemos parte como promotores,  se propone convocar a dicho referendo derogatorio, para lo cual se dispone en vigencia de la nueva ley estatutaria a recoger directamente  cerca de 1 millón 800 mil firmas que corresponden al 5% del censo electoral vigente.  La anterior ley, 134 de 1994, exigía primero recoger primero cerca de 180 mil firmas – 5 por 1.00 del censo electoral- para primero registrar un comité de promotores. La pedagogía constitucional sobre los alcances de la reforma y la inatajable necesidad de que el pueblo se pronuncia sobre su derogatoria, es el ejercicio que adelanta la Mesa Nacional por la Justicia, a lo largo y ancho del país, desde antes de su expedición y durante las próximas semanas y meses, con el concurso de la rama judicial entendida como jueces y magistrados, funcionarios de esta y de la base de la Fiscalía, organizaciones sindicales, la academia, estudiantes de derecho, y múltiples organizaciones de la sociedad civil hastiadas de la exclusión en el debate y decisión de las grandes reformas que demanda el país. Nueva ley de participación  y veedurías ciudadanas La ley de Veedurías, mantiene su vigencia y su articulado fue ampliado en asuntos menores, así ganamos los veedores la batalla que dentro del debate previo se dio contra algunos sectores  que pretendían dejarla sin vigor, e incorporarla dentro de este nueva ley, cuando precisamente aquella  era un logro y el reconocimiento normativo a las veedurías ciudadanas como el único mecanismo de participación ciudadana del que se apropió la ciudadanía desde la vigencia de la Carta del 91, es decir en los últimos 25 años, para contener la corrupción rampante, en reclamo de democracia efectiva y pulcritud en el manejo de lo público. Nueva ley de participación ciudadana y paz Con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de participación ciudadana queda de una vez por todas certeza que los diálogos por la paz de Colombia cuentan ya con un marco jurídico cierto para su validación. Definidos como están los alcances, requerimientos, exigencias, posibilidades y limitaciones, tanto de la convocatoria a asamblea constituyente  y referendo especialmente por contar con un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que suma jurisprudencialmente a los realizados  con anterioridad en vigencia de la ley 134 de 1994 bajo el cual cayó por múltiples y muy válidas razones  el referendo reeleccionista de Uribe, incluyendo la violación de topes, la rendición de cuentas por alguien diferente al promotor, el abuso parlamentario al desviar el contenido de la pregunta por la que se recogieron las firmas de apoyo, entre otros. Nueva ley de participación y Oecd Tal y como le expresamos a la Comisión de Transparencia de la Oecd por invitación del Secretario de la Transparencia, Camilo Encizo, uno de los dos grandes retos no solo para el Gobierno Nacional, ni para el Estado colombiano, sino también  para la sociedad civil y ciudadanía en general es tratar de encontrar nuestro destino inmediato en la implementación de la nueva Ley de Participación Ciudadana, no solo para apropiarla conceptualmente, sino para probarla en ejercicios concretos, sumar  experiencias y articular esfuerzos, ahora cuando el país cívico demanda  más  espacios efectivos y garantías reales para el ejercicio del poder ciudadano de la participación. Otras lupas: Itagüí y su concejo descarriado El tribunal administrativo de Antioquia acaba de ordenar la notificación de los 17 concejales que aprobaron un acuerdo que fue declarado ilegal por esa misma corporación judicial. Itagüí  tiene el sexto presupuesto más grande del país y de lejos es la segunda ciudad de dicho departamento, a pasar de contar con escasos cerca de 17 kilómetros cuadrados de área. Veremos hasta donde dichos concejales le ponen la cara a sus decisiones ante la justicia y de qué forma. @pablobussanc reddeveeduriasdecolombia@redver.org