Hay funcionarios públicos que pecan por exceso. Se cuidan muy bien de no violentar los límites legales. Y se blindan para derrochar indelicadezas y tomar decisiones en la sombra. Eso hizo Mónica Certaín en la “palomita” como contralora encargada de Bogotá que le dio el suspendido alcalde Samuel Moreno para que reemplazara temporalmente al también suspendido y detenido Miguel Angel Moralerussi.

Muchos celebraron en su momento la escogencia de Certaín como Contralora (e) mientras el Concejo capitalino elegía en propiedad, de la terna conformada por los tribunales administrativo de Cundinamarca y Superior de Bogotá, a quien debería terminar el período constitucional. Que fuese mujer, con una experiencia de 23 años en el sector público y los últimos diez en la propia Contraloría de Bogotá, indicaban que Moreno había acertado.

Tenía muy poco tiempo y un mandato extremadamente limitado. La encargaron de una entidad que enfrenta la peor crisis de credibilidad en toda su historia. Una institución, al parecer, convertida por su antecesor en instrumento de extorsión a contratistas y funcionarios públicos. Una de las piezas del “cartel de la contratación”.

Discreción y carácter para administrar un barco en medio de aguas turbulentas era lo aconsejable. Así lo prometió la propia Certaín el pasado 17 de marzo una vez se conoció su designación: “por respeto a la institución, al control fiscal y al nuevo contralor, trataré de que sea él quien tome las decisiones más relevantes” le dijo a los medios de comunicación.

Pero la doctora Certaín nos resulto olvidadiza. Primero precipitó un pronunciamiento público sobre los pre-pliegos de la licitación en curso para la operación del servicio de aseo de la ciudad cuyo valor asciende a 2,5 billones de pesos. Sin rubor alguno se colocó al lado de los operadores privados prohibiendo al Distrito el control sobre la información y toda la gestión comercial de los recursos provenientes de las tarifas que pagan los bogotanos.

Ahora nos enteramos de otra perla. En tiempo record, 33 días hábiles, la doctora Certaín realizó por lo menos 120 novedades en la nómina de la Contraloría. “Novedades” puede ser una manera de ocultar lo escandaloso. En un monumento al descaro la propia excontralora encargada ha reconocido que en su cortísima “paloma”, bajo la modalidad de “libre nombramiento y remoción” nombró 6 directivos, ascendió e incorporó en provisionalidad a 50 nuevos funcionarios y realizó, el último día en el cargo, 25 nuevos nombramientos de personas con, según Certaín, “perfiles que no tenía la entidad (abogados, Ingenieros)”. En total 81 nombramientos en 33 días.

“Todo fue consultado con la Comisión del Servicio Cívil” ha dicho. “Había presión de los sindicatos de la entidad”, se justifica. “La entidad no se podía paralizar”, “yo tenía competencia para haberlo” ha explicado. Aceptémoslo. Pero que estos nombramientos “venían en proceso” como lo ha argumentado, es reconocer que culminó la repartija burocrática que no pudo finiquitar Moralesrussi cuando se precipitó su destitución y detención. Falta preguntar a que cuotas políticas  corresponden estos nombramientos.

Francamente “se dio garra burocrática” y pecó por exceso la doctora Certaín.

@AntonioSanguino