Petro vs. el Estado de Colombia

La estrategia de la defensa del Alcalde Mayor frente a la decisión de destitución adoptada por parte de la Procuraduría General de la Nación, lo llevará inexorablemente a enfrentarse de nuevo al Estado colombiano. Activadas por Gustavo Petro las instancias judiciales internacionales, su contraparte en los procesos que puedan adelantarse allí será el Estado de Colombia y no el procurador Ordóñez. En su momento el Alcalde Mayor de Bogotá instó al Presidente de la República para que desconociera la solicitud que el Procurador General le llegara a efectuar con ocasión de la destitución adoptada por éste. El Ministro de Justicia como vocero del Gobierno Nacional finalmente fue enfático en manifestar que no corresponde al Presidente de la República entrar a cuestionar sino ejecutar las decisiones de los órganos de control constitucionalmente constituidos. Las actuaciones y manifestaciones de Gustavo Petro han sido claras en señalar que no cree en la institucionalidad colombiana. Por ello, precisamente, ha acudido a instancias internacionales en la búsqueda de defender la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Aun cuando los defensores del alcalde presentaron todos los recursos administrativos y judiciales posibles a la fecha en Colombia, incluidas un sinnúmero de acciones de tutela, Gustavo Petro no quiso esperar a que las instituciones administrativas y judiciales constitucionales de Colombia se pronunciaran. Reitero, Petro no cree en la institucionalidad colombiana, cuando sus decisiones no le resultan favorables. Ahora, la controversia del Alcalde de Bogotá será con el Estado colombiano y con su único representante: el Presidente Juan Manuel Santos. Los medios de información han dado cuenta de que la CIDH instó oficialmente al Estado de Colombia a dar respuesta a varios interrogantes relacionados con el caso Petro. La mayoría de ellos, obvios y necesarios para que los miembros de la comisión puedan conocer los argumentos de la contraparte del Alcalde Bogotá y así adoptar las decisiones de protección que consideren pertinentes, pero hay uno en especial que vuelve y pone al Presidente Santos en una situación que más temprano que tarde deberá responder con claridad y determinación, referida a la "posición sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas". Seguramente la respuesta del Jefe de Estado será diplomática y señalará que acatará y ejecutará lo que la CIDH decida. No podría ser diferente, si seguimos siendo un Estado Social de Derecho. Pero la respuesta será insuficiente en la medida que el interrogante planteado parece ir mucho más allá. Probablemente lo que los miembros de la CIDH y los colombianos esperan del Jefe del Gobierno es que sea claro y concreto en precisar si las medidas cautelares son o no procedentes. Es decir, si el Estado Colombiano está siendo supuestamente avasallado por un Procurador General autónomo, independiente y autoritario, sin control del Presidente de la República, como lo demanda la defensa del Alcalde; o, por el contrario, éste es un funcionario que viene actuando conforme a las competencias constitucionales asignadas, y la institucionalidad colombiana cuenta con las instancias administrativas y judiciales competentes, ante las cuales el Alcalde Mayor pueda hacer valer los derechos que supuestamente le fueron vulnerados por el Estado colombiano con ocasión de la decisión del Procurador Ordóñez. Si el presidente Santos pensara que la Procuraduría General de la Nación es un órgano de control en los términos indicados por parte de los defensores de Gustavo Petro, las declaraciones del Ministro Gómez Méndez habrían sido otras entonces. Mucho me temo que el Alcalde de Bogotá no encontrará el eco esperado en el Jefe del Gobierno de Colombia y, precisamente por ello, Gustavo Petro será el peor enemigo político y seguramente personal del Presidente Santos en el inmediato futuro, si las medidas cautelares de la CIDH resultan desfavorables para el Alcalde Mayor. @RFelipeHerrera