Petro y el laberinto general

La controvertida decisión del procurador  de suspender al alcalde de Bogota, Gustavo Petro, plantea diversos escenarios desde la inhabilidad sin destitución por parte de la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos hasta  la suspensión de la medida por parte del Fiscal General. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: instancia probable pero no posible La solicitud de suspender la medida  por parte de este organismo interamericano tiene  de un lado la dificultad de que en casos como el de Piedad Córdoba, también elegida como senadora por voto popular, no reversó la inhabilidad por cerca de dos décadas impuestas con la destitución del cargo. De igual forma, otro gran obstáculo ante este escenario interamericano, deriva  del hecho de que incluso la versión más  elaborada presentada por la defensa internacional del Petro es que el procurador, según ellos, no puede destituir, sin embargo nadie  puede discutir que el Procurador, si lo desea, puede sancionar. En este caso es posible una  suspensión de la medida de destitución, dado que la decisión no fue adoptada por un juez penal, pero quizás  dejando viva la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de 15 años, con lo que Petro de igual manera quedaría por fuera del juego electoral directo. Por otro lado, la solicitud  actual de Petro ante  dicho ente multilateral, tiene la virtud frente al anteriormente explorado por Piedad Córdoba, la presentación de dicha medida cautelar pocos  días después de presentado el mismo, e incluso antes de notificado formalmente por parte de la procuraduría, a su vez  contando como estelar telón de fondo del proceso de paz al que muy hábilmente el alcalde ha trasladado el debate más y más, el cual por estos días cuenta  ya con la decidida determinación de apoyo al mismo por parte del presidente de los Estados Unidos. La suspensión de la medida  por parte de la Fiscalía General agudiza  los problemas de Montealegre: De otra parte, la Fiscalía  General, podría tener la sartén por el mango con base especialmente en la denuncia que formulamos relativa a la existencia de un cartel de las basuras en la capital de la república, que al decir de Emilio Tapia, capo del cartel de la contratación, habría conspirado contra las arcas públicas, la ciudad, el medio ambiente y contra el alcalde de Bogotá, para provocar la sanción impuesta. El Fiscal General tendría  razones tanto políticas como el incondicional apoyo al proceso de paz de La Habana, como  jurídicas tales como las declaraciones de Emilio Tapia y Manuel Sánchez, otro peso pesado del cartel de la contratación, a quienes aquel ente  acusador les ha creído a pie juntillas, vale decir, al pie de la letra, permitiendo a pesar  de lo permisiva que  ha sido esta fiscalía con los mismos avanzar en la investigación del cartel de la contratación –y dicho sea de paso con Carlos Palacino y el cartel de salud, como se desprende de los señalamientos en su contra por parte de la misma Contralora-. De suyo el meterse la fiscalía en tal disputa obligaría  a revisar toda las  hasta hoy muy sesgada y lánguida política anticorrupción de este  ente  acusador, so pena de ser acusada de los mismos cargos que le endilgan al procurador. La revocatoria  del mandato ¿del procurador y/o del alcalde?: antipetristas vs. antiordoñistas De cristalizarse la convocatoria del mandato del alcalde, quizás se convertiría ya no solo en una jornada de valoración democrática de la gestión de Petro al frente de la alcaldía, sino que implícitamente definiría el mandato del procurador, con lo que el triunfo de aquel sería el fracaso o revocatoria de facto de este  y al contrario, y este ingrediente podría traer como consecuencia una  mayor dificultad para sostenerse el alcalde pues Alejandro Ordoñez cuenta con un respaldo popular que podría sumar en el proceso de revocatoria  de Petro, sin desconocer como de igual forma podrían estimular un grupo nuevo de votantes que no son electores o simpatizantes de este sino simplemente antiordoñistas o anti-Procurador. Reformas a la procuraduría a la vuelta de la esquina Avecinándose una reforma  necesaria y democrática a la justicia, por fuerza la decisión contra Petro, plantea la necesidad de reformas constitucionales o legales del ente disciplinario. Lo cual se semeja un poco a lo ocurrido recientemente con relación al Consejo Superior de la Judicatura con relación a los recientes escándalos del Consejo Superior de la Judicatura. Es probable que el problema de la ciudad pase por el debate anterior, pero lo que sí es seguro que el escenario de la negociación política del conflicto armado -que tanto anhelamos los y las colombianas- no  precisa pasar necesariamente por los anteriores ejes. reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc