Piénselo más, señor Presidente

A estas alturas no hay razón para hacerse ilusiones acerca de que se de un giro en el debate sobre el marco para la paz, que lleve a la aprobación de un texto más apropiado. Sin embargo, es tanto lo que está en juego, que guardar silencio sobre las preocupaciones que genera esa reforma a la Constitución es la actitud menos aconsejable. Con respecto a la necesidad de tener un esquema legal para conducir la desmovilización de los grupos armados ilegales no puede haber desacuerdos. Esa ha sido nuestra tradición. En realidad, se trata de una constante histórica que evidencia la capacidad de Colombia para dar pasos institucionales audaces en búsqueda de la paz. Lo que inquieta, es que la norma que avanza en el Congreso esté guiada por criterios que ya no tienen vigencia a raíz del progreso de la justicia internacional. Sostener, como lo hacen algunos protagonistas del debate, que se necesita un nivel de impunidad para lograr la paz, lo mismo que desestimar la voz de la comunidad internacional, era aceptable en el pasado. Hoy no lo es porque los Estados se comprometieron a trabajar unidos para poner fin a la impunidad. Con ese propósito se estableció la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal debe tener en cuenta "el interés de la justicia" al momento de decidir si adelanta o no una determinada investigación. Esto significa que las decisiones de la CPI no se basan en procesos nacionales de paz. Y en nuestra región sucede lo mismo. La Corte Interamericana dijo ya en una sentencia emblemática, como es la del caso Barrios Altos contra Perú, que son inadmisibles los excluyentes de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los culpables de graves violaciones a los Derechos Humanos. A este punto no se llegó de la noche a la mañana. Se ha pasado por un largo proceso que hizo posible la entrada en vigor del estatuto de Roma, gracias a la maduración del concepto de la responsabilidad penal individual y el principio de la jurisdicción universal. Hablemos con claridad: en el siglo XXI, la sostenibilidad de los acuerdos de paz depende de la legitimidad internacional que tengan, es decir, de su respeto integral a los compromisos adquiridos por el Estado. De otro lado, es tan larga y dolorosa la experiencia de los colombianos, que la sola expectativa de un proceso político, cuando las Farc están incrementando sus acciones criminales, produce un justificado rechazo en la mayoría. Colombia no aceptaría nuevos diálogos si estos no están precedidos del abandono de todas las formas de terrorismo por parte de los grupos armados ilegales. La tesis de la negociación en medio del conflicto ya se ensayó y fue un rotundo fracaso. No hay, por lo tanto, condiciones para consagrar en la Constitución un marco para la paz que anticipa concesiones a grupos que siguen golpeando con el terror al país. Y la idea de que un hipotético proceso pueda adelantarse con la rigidez de un artículo constitucional, contradice la realidad. La historia enseña que no hay modelos de paz. Existen experiencias, distintas todas ellas, que exigen imaginación y creatividad cuando se dan las condiciones políticas. Pretender, entonces, convertir en norma superior un supuesto modelo desconoce las lecciones históricas. Por lo demás, no se necesita modificar la Carta para prescribir que el Gobierno puede presentar proyectos de leyes estatutarias cuando lo estime conveniente. Como tampoco es necesario hacerlo con el fin de esculpir en ella el significado de la justicia transicional, la cual puede ser materia de normas legales específicas. Todos los colombianos de bien queremos la paz. Pero para llegar allá se necesita que el Estado siga logrando victorias contra el terrorismo, las Farc dejen de delinquir y que los hipotéticos acuerdos que se hagan sean útiles gracias a su legitimidad y sostenibilidad internacional. Por todas las razones anteriores, el marco legal que apruebe el Congreso debe ser oportuno y respetuoso de los compromisos de Colombia. Es mejor pensarlo más, señor Presidente.