A la sombra de la tragedia del agudizamiento del sórdido conflicto armado y la desplomada crisis invernal, el país entra en una especie de invierno moral sin precedentes. La falta de probidad es evidente con una Contraloría General pidiendo puestos a otras entidades, el Contralor Distrital premiado con su regreso a casa, los contratistas –Dávila, Tapias y Gómez- ni un día de prisión hasta ahora, los Nule a punto de zafarse, y el Congreso obteniendo más privilegios y yendo por más…como si fuera poco el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry –a quien años atrás desde Red Ver lo hiciéramos sancionar cuando era senador- está a punto de pasar de agache cuando fue protagonista de la debacle en la ciudad –Inocencio Meléndez asegura que la mitad de la comisión de Moralesrussi fue a parar a manos del personero Rojas Birry.
Cárcel por cárcel –y no casa por cárcel- al personero Rojas Birry…
En el más bochornoso escándalo de corrupción en Bogotá, el único que ha pasado de agache ha sido el orondo Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, quien no solo por sus omisiones en la ciudad es quizás más corresponsable del cartel de la contratación que el contralor Moralesrussi, y que Samuel Moreno. Una vigilancia apropiada hubiera podido evitar el mayor desfalco de la ciudad. Bogotá no tuvo personero durante estos últimos cuatro años, pues este se la paso defendiéndose de la acusación de recibir dinero de DMG, es decir de las pirámides para la campaña de Samuel Moreno, por la cual la justicia no ha podido o querido juzgarlo. Señor Procurador, usted ha sido firme enfrentando el cartel de la contratación, por favor evite que el Personero sea sancionado después de dejar su cargo como suele ocurrir. Mejor tarde que nunca. Nada peor para una democracia que la corrupción y el desgreño en los órganos de control y del aparato de justicia, pues esta es peor que la corrupción de los corruptos de profesión y oficio.
Un juez acaba de otorgar la mansión por cárcel al excontralor de Bogotá Miguel A. Moralesrussi, ya destituido por el Procurador General, y muestra cómo el proceso por el cartel de la contratación va dando reversa, y así lo dice el mismo juez: si los contratistas capos de dicha contratación, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, y Julio Gómez no han estado siquiera un día presos, por qué quien habría sido un instrumento útil habría de estarlo. Sin embargo, el juez se equivoca, pues en verdad todos deberían estar enfrentando el peso de la justicia, con la severidad de sus faltas. Los preacuerdos divulgados de los capos con la Fiscalía son deplorables y hasta vergonzosos, como si fuera cierto aquello que nos han reportado anónimamente y es que existiría la orden de enterrar el proceso del cartel de la contratación –como en su momento hubo la de hacer lo propio con el 8.000, por la probada presencia de dineros de narcotráfico en la campaña del expresidente Samper-, y lo más curioso es que uno y otro proceso tendría actores comunes -el ex representante a la Cámara, condenado por estafa Carlos Alonso Lucio y su exesposa Viviane Morales entre otros-.
La Contralora y sus 500 puesticos
En el universo de la alcahuetería perniciosa en que se han no transformado sino deformado y más aún degradado los órganos de control, especialmente territoriales, es preciso hacer un análisis de la exigencia de los 500 puestos de la Contralora General para vigilar las invigilables regalías, y la valerosa actitud del Ministro de Hacienda para frenar la sed burocrática de la señora Contralora General, quien no culpo, pues de una parte el Gobierno en su “rediseño” institucional ha introducido un burocracia numerosa, ha creado puestos para todos en la Unidad Nacional, y curiosamente la Contralora le apunta al tema de las regalías, sin mencionar el desfalco continuado de la tragedia invernal, cuando quizás el antídoto más efectivo lo hubiera podido encontrar en la participación ciudadana, control social y veedurías donde hay cerca de 40 millones de ojos avizores que con menor énfasis burocrático se podría vigilar…
Pasaporte a congresistas y otras “patentes de Corzo”
Los privilegios a los parlamentarios continúan en aumento. La entrega de pasaportes no es inmerecida excepción, por el contrario avanzan firmemente en el desmonte de procedimientos drásticos implementados en su contra con el diseño de la doble instancia en procesos penales ante la Corte Suprema, así como ante el Consejo de Estado; más aún, prácticamente eliminando la muerte política consagrada en la Carta del 91 para introducir una gradualidad innecesaria, pues se trata de faltas imperdonables que precisan incluso ampliarse y fortalecerse. El Congreso le saca partido al recrudecimiento de la tragedia invernal y de la crisis nacional para a espaldas del país hacerse a innecesarios beneficios, ahora quiere a través de la venida a menos – ya lo vimos desde el 8.000- Unión Interparlamentaria Mundial que el Procurador deje de juzgarlos, quieren más impunidad, justo cuando Alejandro Ordoñez viene de dar una batalla ingente contra Iván Moreno por ejemplo, ¿será eso lo que les duele? ¿Por qué propuestas como estas coinciden con el sutil desmonte del proceso del cartel de la contratación?
Petro: cero y van dos
Alejandro Botero –el piloto-subcontratista del cartel de la contratación- , y el abogado Vladimir Naranjo, apoderado de Germán Olano –el parlamentario preso, acusado por los Nule del pago de coimas, en una bochornosa grabación públicamente conocida- miembros de la Comisión de Empalme de equipo Petro fueron dos “avionadas” que terminaron mal; el primero por legítima presión pública, y el segundo por una medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía. A pesar de lo manifestado incluso por él mismo, después de su retiro, lo cierto es que como lo anuncié esta semana, el abogado aparece hasta la fecha como apoderado de Germán Olano y no obra ningún memorial en el proceso de desinvestidura que adelanto contra este último a nombre de Red Ver –Red de Veedurías Ciudadanas- en el Consejo de Estado, y tal acto necesariamente debe constar por escrito y no lo está. Otra perla, Vladimir Naranjo fue asesor jurídico de Invías para la época de oro de los Nule en la contratación pública nacional precisamente con esa institución.
