En el proceso contra Javier Cáceres quizás no hay prueba reina pero lo que es muy claro es que allí reina la prueba.
Contra Cáceres no hay prueba reina… pero reina la prueba
He tenido la oportunidad de conocer de primera mano el expediente seguido por la Corte Suprema de Justicia en contra del controvertido senador “chuzo”, en una de las más prolongadas y juiciosas investigaciones adelantadas por la Sala Penal contra parlamentario alguno. En efecto, tal investigación se adelantó durante más de dos años, la cual incluye a su vez solicitudes de investigación formuladas por el propio Cáceres, aportando una a una evidencias que llegaban a sus manos. Se practicaron numerosas pruebas, no menos de medio centenar, dentro de las cuales se cuentan varios dirigentes y miembros de las autodefensas que terminaron incriminándolo de manera directa y diáfana. Se equivocan quienes creen que la Corte se ha basado en meras incriminaciones verbales, y otra vasta suerte de pruebas…
Procuradora delegada ¿a quién defiende usted a Cáceres o al país?
La procuradora del proceso ante la Corte fue en ayuda de Cáceres a solicitarle a la Corte que lo absolviera de todo cargo, y le abriera paso a su regreso a la Comisión Primera del Senado, a quien de esta manera pareciera erigir en un prohombre de la pulcritud y una víctima de la justicia en Colombia. Es lamentable que gozando la Procuraduría General de un gran reconocimiento en la lucha contra la corrupción, haga de este caso una casi que grotesca excepción, enviando de paso un mensaje nefasto al país: que la clase política, y los peces gordos se van tornando cada vez más inexpugnables. Por fortuna la Corte Suprema de Justicia es superior a sus procuradores delegados…particularmente cuando estos no terminan de sorprender al país, en casos emblemáticos como el de Javier Cáceres, absolviendo de cuanto aquella enjuicia y a la luz de lo actuado, habrá de condenar. El juicio a Cáceres es el gran examen judicial a la lucha contra la corrupción en Colombia hoy por hoy: no es solo un juicio sobre parapolítica más, sino la gran causa capaz de cambiar por completo la correlación de fuerzas entre política e ilegalidad, donde la Procuraduría a través de su delegada claramente perdió el año.
Señora Contralora Sandra Morelli: ¿no prometió usted al posesionarse rendir cuentas a la ciudadanía?
La contralora general Sandra Morelli ha hecho amplia referencia a nuestra columna de la semana pasada, en reacciones que aparecieron entre otros medios, en El Espectador, Caracol Radio, y Caracol TV, por lo que me permito dejar sentadas algunas precisiones y formularle públicamente otras preguntas, en virtud del control social, a que como veedor pero aun más como ciudadano tengo y ejerzo respecto de todos los servidores públicos sin excepción alguna. Prometer que se habrá de rendir cuentas en los discursos aspirando a cargos públicos –y especialmente a la dirección de órganos de control, que por estos días está de moda- es una cosa, pero hacerlo efectivamente en el ejercicio, una vez electos, manteniendo la cordura que su propio cargo les demanda, frente al constituyente primario, cuando dicha exigencia se materializa, y se le pone nombre y apellido, es algo que en mi vida de veedor me resulta bastante escaso, y este asunto no parece ser la excepción.
No he hablado de su renuncia
Es absolutamente falso que este veedor haya informado que usted presentó su renuncia. Juro que no lo he hecho. Señora Contralora, por el hecho de someter un asunto de no poca monta al escrutinio público mal podría llevarme a la insostenible conclusión respecto de su renuncia, más sin haber tenido ningún contacto con usted que me permitiera afirmarlo. Nunca he manifestado esto, y si alguien hizo tal aseveración deberá revelar su fuente y prueba, por comprometer derechos fundamentales tanto suyos, como de este ciudadano, lo cual me obliga, por este medio, públicamente, a solicitar las investigaciones sobre tales hechos y desde ya me declaro en total disposición para colaborar en el esclarecimiento de tal desinformación.
Denunciar y formular quejas es un deber para todo servidor público sin excepción
En un medio de comunicación la Contralora Sandra Morelli, según entiendo, se habría preguntado si ella tendría la obligación de denunciar el hecho de que el parlamentario Oscar Marín estuviera agenciando su propia causa al solicitar en su favor el traslado de su propia investigación fiscal, -según actas, no desmentidas-, en presencia de la misma Contralora General-, en una sesión de la Comisión Legal de Cuentas -la cual carecía de competencia- siendo aquel presidente de esta Comisión –encargada de examinar las cuentas del Estado que le rinde o presenta la Contraloría General. A mí me sorprende que la Contralora se lo pregunte hoy día,-a estas alturas de su gestión- pues es claro el deber general de todo servidor público -sin excepción alguna- poner en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades presuntas de servidores públicos, en lo cual la señora Contralora debía dar ejemplo. No reportarlo podría generarle dificultades no solo éticas sino jurídicas, vale decir disciplinarias. Aquí no fue solo la falta del parlamentario Marín, sino de la Comisión de Cuentas al aprobarlo, por ser esta incompetente para rogar un control excepcional, cuya aceptación irregular fue firmada por quien es hoy el director del Control Disciplinario de ese ente de control. Para no dejar dudas le transcribo el art. 70 del Código Disciplinario Único o ley 736, el cual a la letra reza “ARTÍCULO 70. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere. – y continúa- Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.”
La duda metódica: preguntas públicas
Muchas veces, ante reacciones como estas, en esta veeduría –RED VER- nos asalta una especie de duda metódica en que nos hemos cartesianamente cultivado como veedores por espacio cercano a las dos décadas, ¿no es mejor centrar el debate sobre determinada gestión que caer en el falso debate personalista hacia el que este se ha tratado de desviar? En este ejercicio público se me figuran las siguientes preguntas a la señora Contralora y a los funcionarios de ese órgano supremo de control fiscal: ¿Todos y cada uno de los altos funcionarios por usted designados reúnen las calidades exigidas por la ley? ¿Tiene usted en su nómina familiares entre sí desempeñando altos cargos en la entidad? ¿Cuántos directivos nombrados por usted en la Contraloría han sido removidos después de un corto período de desempeño durante su administración? Como usted bien lo expresa la Contraloría debería asumir todas las investigaciones en cualquier lugar del país, pregunto ¿Ha designado usted exalcaldes quienes hasta hace poco hubieren, así las cosas, sido potenciales sujetos de vigilancia por parte de la entidad a su cargo? ¿Es verdad que a la dependencia delegada de Participación Ciudadana internamente la llaman “el congresito”? ¿Cuando hay vacantes usted nombra funcionarios de carrera que llenen los requisitos, como ordena la ley, o nombra provisionales? ¿Se ha suspendido alguna convocatoria pública para proveer cargos de carrera administrativa, por parte de su despacho? ¿La Oficina Jurídica, interviene, como lo ordena la norma que regula la estructura y funciones de la entidad, en todos los procesos de contratación de la entidad? Finalmente, por lo pronto, ¿hay algún Contralor delegado que pregone en su hoja de vida, como experiencia relacionada con el control fiscal haber laborado para “Lujos Arani…Dislicores…y Disconfites...”? Que conste que solo pregunto… pregunto, esto es lo que planteo y lo que a mí como veedor muchos ciudadanos(as) me preguntan…y quizás no se atrevan a preguntarle en voz alta, a la propia Contralora General de la República…pues solo ejercitando la mayéutica socrática, que no es más que preguntar como quehacer ciudadano, sabremos si la “Dama de Hierro” tiene pies de hierro o pies de barro.
Postdata sobre Bromberg. Bien esta semana por Paul Bromberg tras no aceptar ningún condicionamiento burocrático por parte del alcalde Petro para su designación como Veedor Distrital, y mal por la administración por no entender precisamente que ese debería ser un requisito esencial de quien pretenda ejercer dicho cargo. No más órganos de control, internos o externos, de bolsillo...necesitamos meritocracia que es lo más parecido a democracia.
