Un sector significativo del Partido Alianza Verde decidió apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro, aunque le puso una serie de condiciones entre las que se incluye que medie un compromiso de respeto a la propiedad privada.
Con el perdón de los verdes, la exigencia que se le debe formular a Petro no radica tanto en que se comprometa a garantizar la propiedad privada como la libertad de empresa.
La diferenciación cobra importancia pues ayuda a establecer cuáles son los ámbitos específicos en los que Petro podría incidir desde la Presidencia de la República y cuáles los riesgos que corremos al elegirlo.
Nuestro análisis exige tomar en consideración que la participación de los petristas en el Congreso de la República es bastante baja. Los “decentes”, movimiento político al cual pertenece Petro, cuentan solo con 4 senadores. Para efectos de hacer el ejercicio, es razonable afirmar que, sumados a los 10 de la Alianza Verde, a los 5 de la Farc y a los 5 del Polo, la izquierda llegaría solo a 24 senadores, número que en una teórica presidencia de Petro sería insuficiente para modificar el régimen constitucional o legal en aras de introducir cambios profundos al sistema económico. Sucede lo mismo en la Cámara. De manera que no es la propiedad privada la que está en riesgo. Al menos, no en un primer momento.
No sucede lo mismo con la libertad de empresa. En sentido contrario a lo que sucede con la propiedad privada, el presidente de la República sí dispone de una gran cantidad de herramientas que inciden de manera directa sobre el derecho que asiste a los particulares para hacer uso de su propiedad para la generación de riqueza.
Esa fue precisamente el mecanismo al que acudió Petro durante su alcaldía. En una de sus jugadas maestras, el alcalde resolvió bajar el precio de los boletos de Transmilenio, sin que mediara estudio alguno que permitiera identificar las ventajas y desventajas de la iniciativa.
Las consecuencias son bien conocidas. Se redujeron las inversiones necesarias para conservar la calidad del sistema y para acometer los proyectos de expansión. La empresa aumentó su déficit y la calidad del servicio se fue al piso.
También resolvió Petro impedir que los particulares continuaran con la prestación directa del servicio de aseo y, en su lugar, inició con un modelo de prestación estatal.
Los resultados fueron desastrosos. La ciudad quedó cubierta por miles de toneladas de basuras que invadieron las calles. El Distrito Capital dilapidó unas sumas enormes para traer unos camiones recolectores que jamás funcionaron. Los costos de la prestación del servicio se elevaron de manera dramática. Al final, el alcalde terminó por contratar a los mismos concesionarios a los que había desplazado, por sumas muy superiores y bajo figuras carentes de toda transparencia. Además de los miles de contratistas que vinculó también, de manera redundante, a la nómina distrital.
Desde la Presidencia, Petro podría hacer daños mucho mayores. Por ejemplo, podría establecer precios máximos sobre una gran cantidad de bienes o servicios. Este tipo de medidas, a la postre, generan escasez. O podría establecer tarifas mínimas, tal como sucede con los fletes del transporte terrestre de carga, con todas las ineficiencias que ello genera.
En la esfera de los servicios públicos, el presidente goza de una gran cantidad de instrumentos que lo facultan para afectar su prestación como sucede con la imposición de obligaciones adicionales, la práctica de controles excesivos o el reconocimiento de derechos a favor de los usuarios que impiden el equilibrio financiero de las respectivas actividades. El caso de Transmilenio y el de las basuras son suficientemente ilustrativos.
La administración del presupuesto de la Nación, el comercio internacional, las relaciones del Gobierno con el Banco de la República, el reparto de las regalías, el control a los bancos y demás entidades financieras, son otras de las funciones que ejerce el presidente de la República.
Se trata de herramientas que, en manos de un presidente populista, pueden llevarnos a una realidad aterradora. El problema no es, pues, que Petro pueda usurpar la propiedad a sus dueños. Tampoco lo pudo hacer Chávez inicialmente, sino que lo comenzó a ejecutar una vez que logró extender sus tentáculos totalitarios en épocas en las que un senador de la izquierda radical colombiana llamado Gustavo Petro fungía como su asesor.
Las voces que defienden la tesis de que Colombia no reúne las condiciones necesarias para caminar hacia un proyecto populista radical como el que impera en Venezuela, están claramente equivocadas. Es verdad que las reglas actuales no permiten que un presidente adepto a esa corriente ponga en marcha un plan expropiatorio.
No obstante, no es así como funciona la máquina populista. La aplanadora populista es un cáncer que se apodera lentamente de las instituciones mediante el reconocimiento de unas prerrogativas a favor de ciertos sectores de la población, que ciertamente obtienen un beneficio de corto plazo a cambio de un apoyo político de alquiler, pero que producen unos costos sociales enormes de largo plazo.
El populista no inicia su faena con fórmulas agresivas de expropiación, sino que impide que la propiedad alcance sus objetivos, que la empresa florezca, que los individuos avancen como resultado de sus iniciativas y de su esfuerzo persona. El populista marchita la propiedad y luego afirma que no se le usa correctamente. Es ahí es cuando la toma.
Ese fue el proyecto que Petro comenzó a implementar durante su período en la Alcaldía con los pocos servicios bajo su control. Pretendió marchitarlos para poderlos tomar. El caso de las basuras es paradigmático.
No quiero pensar todo lo que él podría hacer si se le entregan las funciones y competencias de la Nación, cuya incidencia es exponencialmente mayor a las de los gobiernos locales.
