A raíz del asunto: los bodegueros

La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anuncia que el censo de recicladores de Bogotá tiene inconsistencias en cerca de 720 registros. El censo contratado por la UAESP con la Universidad Javeriana durante 2011 (Administración Moreno) arrojó como resultado 10.673. En 2012 (Administración Petro) se contrató otro censo con la Universidad Distrital el cual concluye que los recicladores en la ciudad son 14.440. Ahora la funcionaria advierte que Bogotá tiene 13.694. Esto evidencia una preocupante incapacidad para identificar la población recicladora en estado de vulnerabilidad. Según algunos recicladores de oficio los bodegueros han permitido la inclusión de personas que nunca han desarrollado la actividad de reciclaje y de esta manera están cerrando el ciclo productivo, beneficiando a otras personas que no están llamadas a estarlo. A la cadena de yerros e improvisaciones del servicio público de aseo de la actual Administración Distrital, se suma la manera en la que se consideraron a los denominados ¨bodegueros¨ en la estrategia para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional en favor de la población recicladora en estado de vulnerabilidad. Si bien los bodegueros deben ser partícipes en la búsqueda de la solución para los recicladores de oficio en estado de vulnerabilidad, no puede perderse de vista que aquellos no son destinatarios de las acciones afirmativas que demanda la Corte Constitucional a la Alcaldía Mayor, y que los mismos, consiente o inconscientemente, son generadores del estado crítico y explotación de la población recicladora. Los recicladores de oficio que son objeto de la protección del fallo constitucional son las familias que trabajan aún en condiciones inhumanas en la calles capitalinas, escarbando en cada recipiente de residuos, acompañadas de sus esposas, hijos, hijas (incluidos niños y niñas), una carreta o una ¨zorra¨ halada por un caballo y su jauría de vigilantes, en la búsqueda de material reciclable. Estas familias trabajadoras no tienen seguridad social ni industrial, tampoco una vivienda digna, y mucho menos educación y un efectivo apoyo empresarial e institucional. Simple y espontáneamente durante los días previstos para la recolección de residuos por parte de los operadores de aseo (sean públicos o privados) literalmente se dedican a buscar su sustento diario. El material así recolectado por los recicladores es ¨vendido¨ a los denominados ¨bodegueros¨. Pongo entre comillas ¨vendido¨ porque la verdad es que el precio de esa supuesta venta es el que los bodegueros decidan unilateralmente reconocerle a los recicladores. La exigencia de parte del reciclador depende, en cada caso, de la necesidad y hambre que lo aquejen. Los bodegueros son quienes de manera directa se benefician del trabajo inhumano de los recicladores. Asimismo, resulta indirectamente beneficiada la gran industria nacional y multinacional que compra esos residuos a los bodegueros como materia prima para incorporarlos a sus procesos de producción. Todo ello, pasando por alto la notoria explotación de que son víctimas los recicladores de oficio. Es fácil advertir el eslabón de la cadena de reciclaje que evidencia bruscas  inequidades, llamadas a ser superadas de manera urgente. Precisamente eso es lo que la Corte Constitucional exige a la Alcaldía Mayor, quien sigue lastimosamente sin cumplir con esa orden. Valga señalar que tanto el alquiler y compra de compactadores, barredoras y volquetas, como los demás anuncios relacionados, están lejos de solucionar efectivamente la problemática de la población recicladora. Se equivoca en materia grave el alcalde Petro y su equipo cuando le otorga a los bodegueros la capacidad para controlar y registrar la actividad de la población recicladora. Siguen siendo los bodegueros quienes definen qué y cuánto se les paga a los recicladores, ahora por cuenta de la tarifa del servicio de aseo. La razón de este equívoco es clara: se encargó oficialmente a los explotadores del control y registro de los explotados. Los beneficiados de una materia prima barata suministrada por los recicladores resultaron haciéndole el quite a su responsabilidad empresarial y social con sus proveedores, gracias a la ayuda de la Administración Distrital que concentra esa responsabilidad de forma exclusiva en las tarifas que pagan los usuarios del servicio público de aseo. La materia prima que los bodegueros reciben de los recicladores para ser vendida a la gran industria, ahora estará subsidiada por los usuarios de dicho servicio público domiciliario. El apoyo al emprendimiento (acción afirmativa) de dicha población debe ser un esfuerzo común de todos: sociedad civil (usuarios), autoridades ambientales, Alcaldía de Bogotá, pero en especial de los bodegueros y la gran industria. Los recicladores deben llegar a ser verdaderos empresarios del reciclaje. Que no es lo mismo que empresarios del servicio de aseo. El desastre ocurrido el 18 de diciembre de 2012 comprueba que son actividades y capacidades diferentes. Los recursos gastados por el Distrito en la compra y alquiler de camiones, consultorías, asesorías, etc., so pretexto de estar apoyando a los recicladores, serían más que suficientes para dar comienzo a un verdadero emprendimiento empresarial. Lastimosamente no ha sido así y los hechos conminan a que la Administración Distrital revise con serenidad su plan a seguir. *Mediante Oficio CRA 20132110007631 de marzo 07 de 2013, la CRA por tercera vez hace serias observaciones a la solicitud de UAESP para asignar áreas de servicio exclusivo (ASE): inconsistencias en la viabilidad financiera del modelo; parámetros contradictorios incorporados en el modelo financiero; no inclusión del área rural; y no aplicación debida de la metodología tarifaria. La anunciada rebaja en las tarifas de aseo sigue en veremos. @RFelipeHerrera