Hoy nuevamente nos vemos avocados a un show sin igual, un espectáculo autopropagandístico propio de un Estado fascista, de parte del gobierno colombiano. En este nuevo capítulo de la novela desarrollada en un valle lacrimal de víctimas, una vez más los protagonistas de esta bochornosa actuación figuraron ayer desde temprano en los principales diarios y medios de comunicación. No sorprende que los papeles principales de esta historia no estén representados por los destinatarios (que NO beneficiarios) de las medidas de restitución de las heredades, sino por las bondadosas almas personificadas del gobierno. Durante el trámite legislativo hicimos valer nuestros esfuerzos en búsqueda de la inclusión de las víctimas del narcoterrorismo en la ley 1448 de 2011; esfuerzos que no fueron más que eso: esfuerzos sin resultas, pues acá prevalecen los intereses políticos corruptos particulares sobre el bien común y el resarcimiento objetivo a las víctimas de la violencia en Colombia, tal y como se había concebido en sus inicios la norma. Para resumir, aunque hasta ahora empiezo, todo fue una farsa, un juego mentiroso y maniqueo de carácter mediático que perseguía resultados personales, para hacerse visibles ante la comunidad internacional como caudillos de la justicia. De una nueva justicia a implementarse. La justicia transicional.
No podemos siquiera pensar en aplicar políticas de justicia transicional en Colombia cuando estamos en pleno fuego cruzado. Es tonto decirlo, pero es más tonto promulgarlo cuando estamos lejísimos de una transición hacia la paz, pues estamos en plena guerra. Esta es una de las grandes mentiras que sobre este tema me ocupan. Otra gran falacia y no menos importante es la de la restitución de tierras, pues se supone que al quedar discriminadas y excluidas de la leyecita aquella, las víctimas del narcotráfico, pues de suyo se desprende que no hay reparación para éstas y que nada tendrán que ver los narcos en esta historia, apalancando su ilegalidad y la impunidad de sus crímenes, así sean de lesa humanidad. Pues no es así.
Ayer, el Jefe de Estado en una de las primeras actividades en el marco del desarrollo de la Ley de Víctimas, entregó la finca Las Catas que fuera de propiedad de los hermanos Moncada miembros activos del Cartel de Medellín, socios y colaboradores del capo narcoterrorista Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estas tierras están ubicadas en Córdoba, específicamente en Ayapel, municipio aledaño a Montería. La hacienda pertenecía a los hermanos José Francisco, William y Gerardo Moncada, aliados en la empresa criminal de “El patrón”. El inmueble posteriormente fue parte del proceso de extinción de dominio que adelantó la cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Otra pata que le sale al mico, o elefante de la ley?
En este paraíso mafioso, según las versiones de algunos nativos y trabajadores de la zona, se realizaban grandes festines y celebraciones por parte de sus propietarios, socios de Pablo Escobar Gaviria y en general toda esta ralea de traquetos, que llegaban en lujosas camionetas escoltados por ejércitos enteros de sicarios y de hombres armados, encargados de la seguridad de los matarifes que ensangrentaron el país en los años ochenta.
Además, cuentan estos labriegos que desfilaban hermosas mujeres, muchas de las cuales fueron reconocidas por los ellos como modelos y actrices de televisión. Es lógico, tenía que haber celebridades y divas en la novela del terrorismonarco-político.
Para este proceso de entrega de las tierras colonizadas de manera ilegítima por los narcos de Escobar, Santos estará acompañado de autoridades nacionales y locales, así como de otros importantes dignatarios. Encabeza la lista el Ministro de Agricultura, quien hasta último momento no entendía de qué se trataba siquiera la prescripción adquisitiva de dominio y sus términos, los comandantes de Policía y Ejército en Córdoba, así como el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Una parafernalia muy completa.
Ni en la investigación que se sigue en la Fiscalía General de la Nación por la masacre del HK 1803, ni en la Ley de Víctimas, ni en ninguna reglamentación o regulación de reparación constriñen o al menos tratan que los principales actores, o sea los victimarios directos, bien intelectuales, materiales, determinadores, coautores y/o cómplices, cumplan con resarcir el daño con los bienes de su propiedad. En teoría eso busca una demanda de parte civil como pretensión principal, en un proceso penal. Pero esa denuncia es harina de otro costal.
Lo contradictorio, ininteligible y absurdo, es que en este episodio actual, cuando a los tres poderes del Estado colombiano se les dio la gana dejar por fuera a las víctimas de persecuciones políticas y a las víctimas de la narcoviolencia, se les pase por la cara una restitución de tierras de predios de narcotraficantes. Mejor dicho, al fin ¿a qué le juega el gobierno con estas normas, si no es a dejar en el limbo y en la irrealidad jurídico-social a quienes hemos trabajado por el reconocimiento y la dignificación de quienes han sufrido gracias a su sanguinaria actuación?
Supuestamente, la realidad en Colombia en materia de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dieron como resultado una ley excluyente y discriminatoria, paradójicamente con nombre humanitario “Ley de Víctimas”. En consecuencia, surgió la necesidad de implementar reparaciones justas, apropiadas y eficientes, por medio de programas administrativos masivos que cumplan con los estándares internacionales y se ajusten a las necesidades de la actualidad nacional. Adicionalmente, estas estructuras administrativas de reparación, a diferencia de la reparación por vía judicial, no se encuentran encaminadas a reparar o compensar a las víctimas por cada uno de los daños sufridos, sino que involucran una serie de herramientas que propenden porque la víctima retome el modelo de vida que tenía antes de su victimización, sin importar cuál fuera el hecho victimizante, ni su victimario.
Quién entiende esta locura: ayer entregaron cuatro hectáreas de tierra de traquetos a cada uno de los mal llamados beneficiarios y fueron 164 familias. Entonces, ¿cuándo van a reparar a las 107 del avión de Avianca y al resto de víctimas de los narcos? ¿O no valemos tanto? Abrazo cálido. Seguimos trabajando por la justicia y los DD. HH.
