Santa Marta: $1.3 billones de contratación bajo lupa

Tras la amplia difusión de un contrato de comunicaciones celebrado por la actual alcaldía de Santa Marta con una firma recién creada nos dimos en la terea de ahondar en dicho contrato, que al final se dio por terminado de manera anticipada sin erogación alguna, y por otro lado investigamos el contexto contractual donde se advierten riesgos en contratación por valor superior a los $1.5 billones. El contrato en cuestión Por un valor aproximado de $900 millones de pesos, con unos impuestos de cerca del 30%, terminaba en un desembolso real de aproximadamente $550 millones, celebrado con una firma que si bien es cierto había sido constituida hace poco, la ley permite acumular experiencia personal de los creadores a la de la firma como tal, en una alcaldía que prácticamente carece de oficina de prensa y cuyas erogaciones publicitarias son prácticamente nulas. Se ha acusado que dicho contrato tenía por objeto exclusivo remover al burgomaestre, cuando el mismo indica como la promoción del Distrito en su triple condición legalmente establecida y reconocida tanto turístico, como histórica y cultural cada una tenía un espacio importante en el trabajo de medios alternativos, que de suyo a través de redes comporta una proyección y posicionamiento internacional de tal destino turístico que ha visto golpeada su imagen y presencia de turistas internacionales por cuenta del zica. El contrato por demás fue terminado recientemente por solicitud del propio contratista quien adujo problemas de seguridad e inconveniencia y estigmatización al punto que su equipo compuesto por cerca de 20 personas entre ellas profesionales altamente calificados y reconocidos en el Caribe colombiano, algunos de ellos galardonados. ¿Qué procura La Procuraduría? La respuesta de la Procuraduría no sea hecho esperar. Destacó una funcionaria para tomar pruebas y visitar personalmente la región con ese exclusivo propósito pese a contar con funcionarios idóneos en la Procuraduría Provincial que al final igualmente participaron en el recaudo de las pruebas. Las preguntas que surgen con concesiones de acueducto y alcantarillado, malla vial, alumbrado público, y recaudos por cerca de $1.5 billones que acusan serias irregularidades que hasta la fecha han pasado de agache en los órganos de control. La Superintendencia de Servicios Públicos ha expresado que la concesionaria del acueducto no debe aportarle la información requerida por la Alcaldía de Santa Marta para adelantar el proceso licitatorio respectivo, cuando debiera facilitar tal labor, de la mano de la Procuraduría General que tiene funciones de seguimiento a los derechos de petición y que ahora parece más interesada en suspender al Alcalde de Santa Marta para tomar el control de procesos estratégicos en marcha, especialmente si se tiene en cuenta que la Viceprocuradora es oriunda de esa ciudad y se dice por lo mismo cercana a los concesionarios de tan irregulares contratos que hasta ahora has pasado de ¨agache¨ ante este órgano de control, cercano al magistrado Pretelt, quien falló a favor de una tutela presentada por Rodrigo Escobar, en defensa de Recaudos y Tributos, por cerca de $20 mil millones, la cual fue anulada por la propia Corte Constitucional. Esperamos que la misma acuciosidad de los órganos de control y vigilancia ocupe los intereses superiores frente al daño patrimonial y social realizado por contratos de concesión cuestionados y abiertamente desventajosos para Sata Marta, cuyos beneficios bien pueden y deben invertirse en el mejor estar de sus pobladores y visitantes como viene ocurriendo en las dos últimas administraciones… ¡ si la Viceprocuradora los deja!. @redveeduriascol Reddeveeduriasdecolombia@gmail.com