Santos: entre los ganaderos y las Farc

El punto número uno en la agenda del proceso de paz con las Farc, es el desarrollo rural, para adjudicar tierras, dentro de la frontera agrícola, a los campesinos de Colombia. En eso consistirá la reforma agraria y la eventual expropiación de tierras. Pero, ¿qué tierras se expropiarán? ¿Cómo y en virtud de qué mecanismos y a qué precios? Porque las tierras que iban a expropiarle a los narcotraficantes demostró ser un proceso muy lento, debido a que cada pleito dura en promedio diez años. Y me imagino que las Farc no van a aceptar que se adjudiquen tierras baldías, sin ningún tipo de infraestructura como, por ejemplo, en el Vaupés. Pero me dicen que el gobierno está preparando un proyecto de ley para el tema de la reforma agraria, que según entiendo, implica un cambio trascendental en los criterios con los que hasta ahora se ha manejado el problema de la concentración de la tierra en Colombia. Todo indica que se hará una clasificación agronómica de las tierras, según su ubicación, es decir, si es agrícola, ganadera, forestal, entre otras., y se entenderá que una tierra está adecuadamente explotada si cumple con su respectiva vocación agronómica. Mejor dicho, las grandes extensiones de tierra en la Costa, en el Valle del Magdalena y en los Llanos Orientales, tierras que son aptas para la agricultura y que hoy están dedicadas a la ganadería extensiva, serán automáticamente expropiadas (esto no incluirá los cultivos de palma). Por supuesto, una ley de éste estilo jamás pasaría por el actual Congreso de Colombia, a menos que esté dentro del marco de un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. ¿Se atreverá entonces el gobierno del presidente Santos en proponerle un esquema como este a Fedegán y al país? A esto podemos sumar que recientemente la Corte Constitucional tumbó unos artículos de ley que estaban dentro del Plan de Desarrollo y que buscaban permitirle al gobierno autorizar la creación de grandes proyectos agropecuarios, es decir, de más de diez mil hectáreas, bloqueando los mecanismos que le iban a permitir al gobierno autorizar grandes inversiones de un solo beneficiario y paralizando muchos proyectos en Los Llanos, destinados a la producción masiva de granos y biocombustibles. En esencia lo que dijo la Corte Constitucional fue “no quiero más latifundios”, acompañándose de una posición jurídica que impide la asignación de tierras nacionales, cuando estas exceden lo que la ley ha definido como la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La UAF proviene de la colonización antioqueña (1820), cuando los cabildos les adjudicaban tierras a los vecinos, en función de la capacidad que cada familia tenía para trabajar. Esto ha obligado a que los grandes inversionistas del país tengan que constituir, por ejemplo, treinta sociedades para comprar alrededor de treinta mil hectáreas. Y así como generalmente el capital extranjero a esto no le jala, me temo que las Farc van a querer que se aplique el principio del beneficiario real (el principio del beneficiario real se introdujo en Colombia en 1984, para tratar de controlar las cadenas de sociedades, donde el propietario final desaparecía) para obligar a subdividir las grandes extensiones de tierra; porque el único punto en la agenda del proceso de paz, donde creo que las Farc no van a ceder ni un milímetro, es en el de la reivindicación del campo. En otras palabras, el presidente Santos no la tiene fácil, ni con los ganaderos, ni con las Farc. Y va a tener que escoger entre un modelo como el de Brasil, con grandes extensiones de tierra pero sin poder resolver el conflicto interno o mantener la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y aplicar el principio del beneficiario real para poder firmar la paz con la guerrilla de las Farc.