El desarrollo rural y ambiental del país está afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el uso del suelo y el subsuelo. Un asunto de fondo, que no ha ido más allá de cuestionar las hectáreas dedicadas a ganadería y de apuestas que poco le aportan al verdadero ordenamiento territorial y productivo de la tierra y a la visión conservacionista del progreso. Pero esta tarea tantas veces aplazada, hoy es inminente tras el empuje de la locomotora minero-energética, que ha agudizado el debate entre las visiones apocalípticas de los ambientalistas y quienes creemos que es falsa la dicotomía entre desarrollo rural y minero y la protección del ecosistema.
Las recientes exploraciones tecnológicas, nos llevan a pensar que es posible el desarrollo del trinomio: minería, sector agropecuario y futuro ambiental y que las tres actividades son complementarias y compatibles. Es la experiencia recabada con los Sistemas de Producción Silvopatoriles Intensivos (SSPi) en explotaciones ganaderas tradicionales. La presencia de árboles y arbustos que los caracterizan, generan beneficios ambientales en materia de biodiversidad y retención hídrica. Pero, además, mitigan la desertificación, crean un microclima que reduce las temperaturas en más de 2 grados a lo largo del año, disminuyen las emisiones de metano en un 21% y actúan como sumideros de carbono, que ayudan a paliar otros gases de efecto invernadero en más del 40%.
El establecimiento de estos sistemas en enclaves minero-energéticos o cerca de donde se desarrollan, podrían contribuir a generar bienes y servicios ambientales, con efectos positivos regionales, nacionales y globales. Lo cual convierte a los sistemas ganaderos asociados con árboles, en una oportunidad para el pago de compensaciones mineras por los daños ecológicos causados, generando incluso usos alternativos que, además de la prevención o rehabilitación de los ecosistemas, puedan albergar actividades productivas agropecuarias y forestales, en condiciones sostenibles y sustentables ambientalmente.
En zonas como el Cesar y La Guajira, en donde se encuentra el mayor enclave de minería a cielo abierto –con más de un millón de hectáreas comprometidas, para la extracción anual de cerca de 100 millones de toneladas de carbón– la instauración de 200.000 o 300.000 hectáreas con SSPi, podrían generar a la vuelta de una década, círculos virtuosos para mitigar o restaurar los territorios de la vieja cuenca del río Cesar. Pero, además, con dinámicas favorables en materia socio-económica y de generación de empleo.
No obstante, un desarrollo de esta naturaleza, no puede hacerse en ausencia de políticas públicas coherentes con el reto de crecer y conservar, de una institucionalidad fuerte y de una gobernanza que facilite la afluencia de recursos, tanto del sector público como del privado, para alimentar nuestro propio “Fondo verde” que, además de los incentivos dispuestos por el gobierno a través del ICR, pudiera sumar un aliciente para quienes decidan meterse la mano al dril para financiar la siembra de estos sistemas boscosos.
Al menos tres verdades corren paralelas a la urgencia de erigir una política de Estado, que haga posible las complementariedades entre el desarrollo rural y minero con el ambiental. La primera, es que necesitamos un crecimiento competitivo, pero responsable ambientalmente. La segunda, es que no podemos prescindir de los recursos mineros o menguar la producción agroalimentaria, ni hoy ni el futuro, de cara a las riquezas del país y las oportunidades y retos del agro-negocio mundial. Y la tercera, es que la solución al conflicto del uso de la tierra y el ordenamiento territorial y productivo, debe gestarse en función de la vocación de los suelos, como única alternativa para lograr el equilibro entre la conservación del ecosistema y la seguridad alimentaria y energética.
