Si el país no cambia de rumbo se derrumba

Si el país no cambia de rumbo se derrumba

17 de agosto del 2017

Los últimos acontecimientos que han puesto en vilo al país sobre el tema de la corrupción que ha penetrado al conjunto del Estado y la Sociedad, obligan con urgencia a la construcción de un bloque nacional de las fuerzas políticas, sociales y empresariales que estén dispuestos a construir seriamente un país pacífico, sociable y próspero.

No se requieren cambios constitucionales ni legales de fondo, lo que se necesita es cambiar la conducción del Estado de tal manera que un nuevo liderazgo sea capaz de construir un nuevo proyecto de país que lo enrute por el norte inspirado en la constitución de 1991, es decir; el Estado Social de Derecho.

El actual Fiscal General de la Nación no es el adalid de la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, fue la justicia americana la que le indicó lo que pasaba en el país en el caso de Odebrecht y la infiltración de la Fiscalía. Peor ahora, toca fondo y genera pánico la nueva petición del Departamento de Estado, de investigar la más alta rama de la justicia, la Corte Suprema. Es de tal gravedad que a tres exmagistrados de altísimo renombre y de excelentes relaciones con el poder ejecutivo, les han suspendido la visa para entrar a los EEUU.

Tenía razón el senador Jorge Robledo, hoy candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, cuando en sus interesantes debates sobre la lucha contra la corrupción y el despilfarro, señalaba que no podía estar al mando del control fiscal un ciudadano como Néstor Humberto Martínez, que como Ministro de Estado, como abogado de empresas asociadas a Odebrecht y como amigo de magistrados y ex magistrados que impulsaron su nombre y adelantaron su campaña para ser designado Fiscal General de la Nación, no tenía suficiente autoridad y mérito para cumplir tan delicada función señalada en la carta política.

En los pocos años de vida de la constitución nacional que es la de los derechos y de la transparencia, todos los poderes públicos han sido invadidos y atrapados por vicios que venían y siguen haciendo parte de los partidos y fuerzas políticas que han obstaculizado en todo momento las posibilidades de que sectores diferentes al tradicionalismo político puedan dirigir el Estado colombiano.

Todos los presidentes de la República de esta nueva era constitucional y el poder ejecutivo en su conjunto, el legislativo, el judicial y las nuevas instituciones creadas o fortalecidas como la Fiscalía General de la Nación, la defensoría del pueblo, la procuraduría, la contaduría, la comisión de televisión, el Consejo electoral, la Junta Rectora del banco emisor, han sido objeto de escándalos e investigaciones, que han puesto en el escarnio público a muchos de sus directivos, incluso  más de 150 detenidos y condenados y otros juzgados o absueltos por acuerdos entre los que siguen intentando imponer y mantener su sucia política a pesar de las denuncias y la decisión ciudadana de no seguirlo soportando.

En el país hay un gran desconcierto, los más de cinco años de negociaciones con la fuerza insurgente de las FARC para lograr su reinserción a la vida civil y democrática e ir desapareciendo el uso de la violencia y las armas como método de acción política y de intimidación para elegir gobernantes generó en principio un optimismo alentador en muchos sectores de la sociedad que pensaban que era ese el principal obstáculo que impedía el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico y la tensión a los problemas sociales de la nación.

Se justificaba que las partidas públicas y secretas más grandes del presupuesto nacional dedicadas a la lucha contra la violencia eran de tal sentido patriótico que cada vez más se aumentarían y se reclamaría solidaridad internacional como el Plan Colombia para acabar con el mal más grave que tenía el país y que había justificado el fortalecimiento y el crecimiento del paramilitarismo, el narcotráfico y la violación permanente de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

La verdad es que la violencia es un mal endémico que afecta la nación. Es necesario encontrar mecanismos más efectivos que permitan pactar más rápidamente la dejación de armas del ELN y su vinculación a la vida civil y democrática.

Se requieren mecanismos más idóneos y eficaces que obliguen a someter a la justicia y castigar y desaparecer al paramilitarismo y al narcotráfico.

Sin embargo, los escándalos sobre la corrupción en Colombia sin lugar a dudas, han puesto presente que esta plaga, virus, o cáncer, ha corroído la sociedad y es el principal mal de la nación. La violencia, la pobreza, la crisis económica, entre otros problemas, no se pueden resolver mientras no desaparezca esta plaga.

Son diversas las investigaciones que se han abierto intentando mostrar eficiencia en la lucha contra la corrupción, desde el presidente de la República, el Congreso y los Jueces, el procurador y el fiscal, han anunciado a todo grito que van a acabar definitivamente con la corrupción en el país y que tomarán todas las medidas necesarias casi incluyendo “la pena de muerte” para lograrlo; pero la ciudadanía se pregunta cómo lo pueden hacer si ellos están impregnados con el virus?

Solo es posible acabar este perverso mal y otro más que destruyen la nación, si se logra poner en práctica el mandato constitucional de que Colombia es un país democrático, soberano, libre y con mandato de aplicarles a todos los ciudadanos sin excepción la oportunidad de vivir en una nación pacífica, sociable y próspera, si se cambian los gobernantes responsables de la debacle por nuevos dirigentes y líderes que estén dispuestos a jugársela por construir el auténtico proyecto que requieren los ciudadanos colombianos.

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