Suspensión de valorización y valorización ciudadana

La suspensión de la valorización por beneficio local no fue una concesión ni del concejo distrital – que previamente había aprobado este esquema contributivo altamente regresivo–, ni de la directora del IDU, quien había anunciado que no daría un paso atrás en su cobro sin ninguna consideración, como tampoco del Alcalde Mayor que finalmente tomó la decisión política.  Valorización: Concejo, IDU y Alcalde, juntos contra la ciudad  Fue la primera vez que vimos en la foto a los representantes de todas las fuerzas políticas mayoritarias del Concejo de la ciudad y al burgomaestre Petro, es decir, tanto los que piden a gritos la revocatoria del mandato de este –entre los cuales no se descarta la incidencia de concejales investigados por el cartel de la contratación– y de la administración capitalina. El elemento común no fue salvar a la ciudad, sino salvarse de la ciudad, o mejor: de la ciudadanía. La protesta ciudadana pacífica de la que participamos no fue más que una expresión de la evidente distancia de los contribuyentes con los estamentos gubernamentales de la ciudad, pues si bien hay un sector que ansiosamente busca la revocatoria de la administración, lo cierto es que toda la ciudadanía esta aún más deseosa de revocar el Concejo de la ciudad. Revocatoria del Concejo en campaña al Congreso Ayudó mucho que tras la fallida Reforma a la Justicia, los congresistas que ya están de campaña de reelección en el 2014 busquen desesperadamente los votos a través de sus maquinarias políticas, léase concejales, ediles, diputados, líderes comunales y sociales como aseguran. Quisieron que la ciudadanía los viera como buenos, pero al final quedó claro: nadie da un peso por ese Concejo, que – al igual que el Congreso– está revocado de hecho, es decir, auto revocado antes incluso de ser reelecto. De paso, la necesaria campaña de recolección de firmas para incorporar una norma que permita la revocatoria toma más fuerza. El Concejo había contado con ocho años desde la expedición el acuerdo 180 de 2005 para haber evitado el abuso contributivo contra los bogotanos, pero prefirió mantener los gravámenes para, quizás, hacerse a ellos vía “cartel de la contratación” en las administraciones pasadas. Movilización ciudadana y demandas de la Red de Veedurías El descontento generalizado; marchas, plantones, protestas, se le suma a las acciones legales presentadas por la Red de Veedurías, la última de las cuales buscaba precisamente la suspensión del cobro, propuesta que le formulamos a la ciudad desde hace varias semanas como registraron varios medios de comunicación, y que finalmente fue acogida por el conciliábulo con “humo blanco” entre el Concejo – incluidos cerca de 15 los bajo lupa por sus presuntos vínculos con el cartel de la contratación– y la Administración. En vista de que la posibilidad de una derrota, ya no solo social y de esta forma política, y que esta tenía más visos de ser jurídica ante los tribunales judiciales en las acciones en curso, se juntaron Concejo, IDU y Administración para darnos finamente la razón. Sigue la batalla contra los abusos en el impuesto predial a nivel nacional Y comenzamos con la valorización, ahora sigue la revisión del régimen nacional y local del impuesto predial que acusa tantas o más graves falencias que la valorización. Participamos en reuniones importantes como las de Duitama, iremos a Barranquilla, Bucaramanga y recorreremos el país con esta nueva bandera, en la idea de conformar una mesa nacional para la reforma del predial, que sin duda pasará por reformas de orden legislativo. Frente a lo que decía Gaitán de que “el pueblo es superior a sus dirigentes”, habría hoy que complementarlo con un: “así digan estos ser más humanos o de izquierda...” @pablobustossanc