"Un demócrata de dientes para afuera II..."

Negarle a Gustavo Petro su capacidad de agitador político resultaría una necedad. No propiamente por la copiosa asistencia (bastantes contratistas y orquestas) a la Plaza de Bolívar sino por la efectividad para lograr la atención de algunos miembros de organismos internacionales y poner a los más importantes personajes nacionales (funcionarios, abogados y políticos) a rasgarse las vestiduras por cuenta de sus egos y odios personales entre sí y por el Procurador Ordoñez, so pretexto del caso Petro. El presupuesto distrital es cuantioso y efectivo! Han sido 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas los destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación en la última década y ninguno de ellos mereció la menor indignación de dichos personajes ni del entonces congresista y ahora Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego. Entre otras razones, porque todos sabían y saben que jurídicamente la Procuraduría actúo en el marco de las competencias que la Constitución Política desde hace 22 años le confirió democráticamente al Ministerio Público. La injustificable violencia verbal del Alcalde Mayor y su arrogante actitud para desconocer (no tiene porque compartirla) la decisión de una institución constitucional y legalmente creada demuestran que el señor Petro se siente y sigue actuando por encima de la ley, en una clara postura antidemocrática. Hace un año esa misma actitud de Gustavo Petro frente al Estado Derecho, hizo que pasara por alto múltiples y autorizadas advertencias que lo llevaron a cometer premeditadamente toda clase de violaciones a la Constitución y a la ley, haciéndose merecedor de la sanción que hoy es objeto de discusión política (hasta ahora no se ha visto una defensa jurídica sería y consistente). En su momento Petro dijo que se hallaba amparado para actuar sin las restricciones de la ley de servicios públicos por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional emitida con ocasión de la protección de los derechos de la población recicladora en estado de vulnerabilidad. Hoy, de forma similar, esgrime que la CIDH ha emitido fallos contundentes en casos iguales al suyo que prohíben a las autoridades administrativas destituir a funcionarios elegidos popularmente. También, pero contradictoriamente, alega que el llamado a destituirlo no es el Procurador General de la Nación sino el Presidente de la República. Es decir que lo investigue y sancione el ejecutivo. El Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional sobre la protección de la población recicladora no dice lo que Gustavo Petro señala, ni las sentencias de la CIDH dicen lo que afirma el Acalde Mayor, y sobre la capacidad del Procurador General para destituir a funcionarios como el Alcalde de Bogotá, las Altas Cortes ya se han pronunciado confirmando la competencia del Ministerio Público y señalando el roll que le compete al Presidente de la República como ejecutor de las decisiones del primero. El caso más reciente es el de la exsenadora Piedad Córdoba. Se ha llegado a un cinismo de tal nivel y contradicción en la estrategia del equipo distrital en defensa del señor Petro, que en su momento el miembro de la Junta Directiva de la EAAB, hoy gerente de la misma, Alberto Merlano, afirmó en un correo electrónico que no comprendía lo que el entonces gerente Diego Bravo, estaba haciendo en materia de prestación del servicio de aseo, y hoy afirma que "Diego Bravo fue un precursor". ¿Pensará lo mismo Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy Secretario de Gobierno Distrital, quien dijera que Diego Bravo engañó al Alcalde Petro porque jugó una carta por encima y otra por debajo de la mesa con los operadores privados de aseo? Sobre este particular, Gustavo Petro ha guardado total silencio. El Presiente de la CIDH, el jurista Diego García Sayán, en entrevista realizada por un importante periódico nacional señaló que "No hay una teoría general" y que "en algunas circunstancias las destituciones por vía administrativa podrían ser legales y que por eso era imprescindible analizar las cosas caso por caso..." Incluso afirmó que "Nadie puede poner en duda que en un estado democrático pueden y deben existir autoridades que tengan la facultad de sancionar a personas que desempeñan una función pública aun cuando sea una función elegida". La invitación de Gustavo Petro al Presidente de la República para que no aplique la Constitución y la ley es inadmisible. Esto solo demuestra que Gustavo Petro es un demócrata de dientes para afuera. @RFelipeHerrera