En la pasada campaña presidencial algún candidato, distinto a Santos, habló de la argumentación, el diálogo y el consenso razonado, como elementos que estarían presentes en muchas de las decisiones de su eventual gobierno. La importancia de tales postulados, prácticamente, pasó desapercibida.

Tras su primera reunión con sus más inmediatos colaboradores, en Anapoima, antes de asumir la Presidencia, y según lo informaron  medios escritos de circulación nacional, Juan Manuel Santos y su equipo dieron a conocer una especie de declaración de principios que orientarán sus ejecutorias de gobierno. En este marco, y específicamente en lo que tiene que ver con los “principios de comportamiento”, los firmantes del documento, que será presentado al Congreso, con el propósito de convertirlo en un estatuto sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción, dicen que creen en el diálogo constructivo, que respetan las diferencias y que están dispuestos a ceder ante argumentos.

Pues bien, haciendo caso omiso de que al candidato Santos poco y nada se le escuchó hablar sobre estos principios durante su campaña, resulta pertinente desarrollar algunas ideas sobre las implicaciones que para la salud de nuestra democracia, preceptos de esta naturaleza representan, si de verdad constituyen compromiso sagrado para un gobierno.

El asunto es muy serio. Tanto que en su revisión y estudio sobre las limitaciones de la democracia representativa, sistema de gobierno dentro del cual puede clasificarse nuestra democracia,  estudiosos reconocidos como el filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas, destacan la importancia de los procesos de diálogo, fundamentación, deliberación y consenso, para establecer sociedades democráticas. Y como el concepto de democracia representativa, con todo y sus desarrollos institucionales, no ha logrado, en la práctica, responder de manera adecuada a la defensa de los intereses de la comunidad en general, se llegó a la concepción de lo que hoy, y por virtud de estos estudiosos, se ha dado en llamar democracia deliberativa, concepto que, en pocas palabras, busca equilibrar la democracia representativa con un proceso de toma de decisiones regido por los principios de imparcialidad y racionalidad. Para estos teóricos, las decisiones sólo pueden ser legítimas si se producen como consecuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía.

Cuando en nuestro medio, en no pocos casos, y de manera facilista, se defiende nuestro actual sistema democrático, sin reparar en las limitaciones que en la práctica democrática éste tiene, no se está haciendo cosa distinta a perpetuar un ambiente que conduce a aplazar, cada vez más, la adopción y desarrollo del ideal regulativo que como complemento de la democracia representativa aporta el concepto de democracia deliberativa.

Los beneficios que para la comunidad en general se obtendrían al adoptar procedimientos colectivos de toma de decisiones, que incluyan elementos como la argumentación, la discusión pública y la deliberación, en los cuales participen los ciudadanos potencialmente afectados por tales decisiones y expertos interesados en el bienestar general para la solución de los problemas, estarían garantizados en un mayor grado que el que ofrecen los cuerpos legislativos y entes gubernamentales,  quienes, en unos casos, por defensa de intereses particulares, y en otros, por prácticas de corrupción, subordinan a motivaciones como esas su compromiso con el bienestar y los derechos de la comunidad, a la cual representan y a la cual se deben. En últimas, con la adopción de dichos procedimientos los gobiernos transitan caminos que los conducen al ideal de democracia real.

En nuestro caso, el impulso del logro de consensos y la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisión, podría traducirse, ni más ni menos, y así debería asumirlo el presidente Santos y su gobierno, en el camino para resolver muchos de los problemas estructurales, económicos y sociales, que son determinantes en nuestra problemática de paz y que hoy ponen en duda nuestra viabilidad como sociedad, afianzar las prácticas de buen gobierno, e impulsar el desarrollo económico para todos.

Es cuestión de ir un poco más allá de los principios éticos de Anapoima y dimensionar de manera debida algunos otros que, con cierta timidez, se contemplaron en ese restaurador remanso cundinamarqués.