Pocas veces se ha sentido una aclamación tan grande como la que dan todos los comentaristas a la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. A comenzar por las famosas declaraciones previas del Presidente Santos cuando al presentarla personalmente al Congreso dijo que si esa ley era aprobada eso le sería suficiente satisfacción como mandatario, y el optimismo de algunos que consideran que hoy es una promesa convertida en realidad.

No sobra repetir que de los aspectos muy positivos de esta ley el más importante fue el haber puesto en el centro del debate político nacional el tema de la centralidad de las víctimas y de sus derechos.

Pero al mismo tiempo no sobra recordar que ya antes habíamos tenido otra ‘ley histórica’ con la cual podemos compararla.

En su momento la Ley de Justicia y Paz se aplaudió porque marcaría un hito respecto al tema del conflicto armado. Se suponía resolver la situación de los grupos armados ilegales, aunque en el fondo fue negociado con los paramilitares para canjear su desmovilización por penas simbólicas.

En el caso que ahora se aclama se corre el riesgo de que se haya dejado de lado la opinión de los interesados, por haberse concentrado la discusión entre las facciones políticas (que si sí o no las víctimas del Estado, que si conflicto armado o no, que si desde tal o cual año, etc…).

Igual que en el tema de Justicia y Paz el pensar que se juzgarían 50.000 desmovilizados era perfectamente ilusorio, el suponer que se van a restituir 6 millones de hectáreas a 450.000 familias es engañarnos, o peor, engañar a quienes entran a aspirar que eso suceda. Eso pasa también con el tratar como ‘reparación’ las ayudas asistenciales, o el no mencionar que de paso se desconoce todo lo otro que podría ser motivo de compensación (lucro cesante, vida de relación, etc.).

A Justicia y Paz se le dio vigencia hasta 2012 y es el momento que solo se ha producido una sentencia con dos condenados sobre 2.000 que se seleccionaron para ser enjuiciados, mientras el resto quedó en un limbo jurídico que ha permitido que reciban beneficios temporales sin definir su situación. Como las penas contempladas eran entre cinco y ocho años ya todos la habrán cumplido antes de recibir sentencia, luego se desaparecerían los juicios por simple sustracción de materia.

Pero si por una ley mal hecha de la inmensa mayoría de aquellos a quienes se destinaba no se sabe ni dónde ni en qué andan, y solo se exceptúan aquellos que han sido atrapados reincidiendo, no sería raro que bajo esta nueva ley repitan su condición, esta vez de víctimas, quienes intenten volver a sus predios y sean atacados por quienes ya una vez los sacaron (como ya ha sucedido), o sufran la ilusión frustrada quienes también acaben en un limbo con una promesa incumplida que puede llegar a dar más duro que la expulsión misma.

El precedente de Justicia y Paz puede repetirse con la Ley de Víctimas. Ese antecedente no invita a ser tan optimista.

En este caso el proyecto o ley se orientó más por el aspecto económico de ‘reparación’ o restitución de patrimonial (lo cual es un imposible y por lo tanto inevitablemente defraudará) que por la dignificación, donde es más importante la reivindicación de la verdad histórica y el reconocimiento de derechos compensatorios (al empleo, a la educación, a aquello de lo que fueron despojados no físicamente sino como proyecto de vida) que, aunque materialmente significan menos, son más realistas que el ‘volver al pasado’ y más dignificantes que el enfoque ‘asistencial’ implícito en el proyecto.

La guerrilla nació por deficiencias del Estado y el paramilitarismo también. No es posible igualar desviación del origen idealista de la una con el horror de las motosierras o los falsos positivos en defensa de los privilegios de los otros; pero las víctimas de ambos son en el fondo víctimas del modelo social y político bajo el cual hemos vivido. Lo primordial en una verdadera Ley de Víctimas es definir ¿victimas de qué?, para que la reparación consista tanto en impedir la revictimización, como en reconocer de dónde sale el derecho a recibir compensaciones. El Estado responde –y debe responder- porque son sus deficiencias las que propiciaron el conflicto del cual nacen las víctimas.

Pero decir que asume el mal causado por otros, y que la reparación consiste en promesas que no se pueden cumplir tiene demasiado de demagogia y poco de avance en la solución de la tragedia nacional, ya que esto en nada cuestiona -y menos cambia- el modelo y el ordenamiento que tenemos.