Una polarización dañina

Un daño enorme se le está haciendo a Bogotá. La polarización ciega que hace presencia en el debate público de la Capital es francamente perjudicial. Y el enfrentamiento irracional entre el Alcalde Gustavo Petro y sectores mayoritarios en el Concejo Distrital es el mejor ejemplo de ello. No se trata de invocar un unanimismo hirsuto o una "armonía política" tan inconveniente como imposible entre los poderes públicos de la ciudad. Pero se está confundiendo el sano debate democrático y la aplicación del principio de separación de poderes o el necesario y legal ejercicio del control político del Concejo hacia la administración, con una vendetta de ataques y cuentas de cobro que estalla en mil pedazos lo que podría ser una agenda normativa común que favorezca el interés público de los bogotanos. Es lo que acabamos de presenciar en el periodo de sesiones ordinarias del Concejo que recién culminan. Salvo por la aprobación del Acuerdo que crea la estampilla para financiar la nueva sede de la Universidad Pedagógica, estas sesiones fueron prácticamente pérdidas para la ciudad. Y más bien sirvieron como escenario de un nuevo episodio de enfrentamientos y acusaciones entre el Ejecutivo y el Cabildo. La estampilla para la Universidad Pedagógica pudo ser salvada precisamente porque concejales encabezados por Celio Nieves lograron sacar la iniciativa de la polarización y presentaron un proyecto aparte y exclusivo sobre la materia, que impidió su hundimiento junto con el proyecto de modernización tributaria del que hacia parte por decisión del Alcalde. Y esta vez, así se sientan victoriosas sus mayorías, quienes pierden son el Concejo y la ciudad. Sin duda, las equivocaciones corren por cuenta de los concejales opositores, porque el paquete de proyectos presentados por el Alcalde, con necesarias modificaciones derivadas de un debate sensato y argumentado, en su mayoría eran francamente convenientes y necesarias. La modernización tributaria, por ejemplo, traía avances importantes en materia de simplificación de los tributos, ajustaba el predial para ser calculado sólo teniendo en cuenta el valor de los predios y mejoraba el cobro por industria y comercio. Este proyecto merecía su aprobación si el Concejo hubiese ajustado su articulado sustrayendo y aplazando el polémico "cobro por congestión" para cuando la ciudad tenga mejores condiciones en transporte público y desarrollo vial. El proyecto que buscaba mejorar la institucionalidad para la gestión del transporte público además de necesario, constituye una obligación de la Administración previsto en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" aprobado mayoritariamente por el mismo Concejo. Seguramente había que evitar que de contrabando se le asignara funciones de operación de buses a Transmilenio, pero nadie puede negar que se requiere una empresa para el Metro y los demás modos férreos que la ciudad incorpore a su sistema de transporte público. Lo que no se ha dicho es que sin la empresa del Metro, el Banco Mundial que sirve de soporte técnico y financiero al proyecto, no validará el proceso de contratación de su primera línea. Otro acto irracional de las mayorías del Concejo fue el hundimiento de la propuesta de garantizar la autonomía de la Auditoría Distrital que mejore institucionalmente su papel de control fiscal a la Contraloría Distrital, tal y como ocurre en el orden nacional. La oposición rabiosa y cerrada al Alcalde ha producido situaciones perversas e inexplicables. Como la negación, con ponencia y votos de miembros de la denominada "bancada animalista", del proyecto que pretendía eliminar dentro de las funciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes la utilización de La Plaza de La Santamaria para espectáculos taurinos en la línea de reiterar el compromiso de la ciudad con dicha causa. O como la unión de Concejales cercanos al movimiento sindical de los educadores con cabildantes de la Unidad Nacional para negar la aprobación de las vigencias futuras que garantizaran la financiación de los colegios en concesión, sin importar el derecho a una educación de calidad de 40 mil niños y jóvenes pobres de la ciudad. En el caso de quienes tienen un compromiso corporativo con los sindicatos de maestros es explicable su actitud, pero el desacato al Gobierno Santos por parte de los miembros de los partidos de la Unidad Nacional es totalmente desconcertante. Claro que una destreza en el ejercicio del buen gobierno es la capacidad del gobernante en movilizar todos los recursos institucionales y financieros en función de un propósito determinado. Y en eso Petro no ha sido afortunado, particularmente en su relación con el Concejo. Cierto que un esquema gobierno/oposición si ocurre con altura política y deliberación argumentada es útil para consolidar la democracia. Pero ello no es incompatible con la construcción de consensos y acuerdos de ciudad. Y eso parece no entenderlo los sectores antipetristas del Cabildo Distrital. @AntonioSanguino