La justicia es, sin duda, uno de los grandes agujeros negros en el funcionamiento de nuestro país. El sistema judicial colombiano es lento, ineficiente, obsoleto, no responde a las necesidades sociales de los ciudadanos y, además, está desprestigiado.
De acuerdo con el más reciente estudio de la Universidad Libre, 3 de cada 10 colombianos prefieren vengarse de su agresor antes de presentar una denuncia ante las autoridades debido a que el 70% de los ciudadanos consideran que la justicia es inoperante. Esta percepción no está lejos de la realidad. Cifras del Consejo Superior de la Judicatura, señalan que en 2017 el 45% de los procesos no fueron atendidos por la congestión judicial. Además, en el país solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes –cuando el promedio, según la OECD, debe ser 65– y, en consecuencia, el 99% de los procesos no tuvieron sentencia.
En la pasada campaña presidencial todos los candidatos presentaron algunas ideas para reformar la justicia. Sin embargo, es necesario reconocer que la propuesta de Germán Vargas Lleras era la más completa, acertada y coherente con las necesidades y falencias del sistema judicial colombiano.
Es por esto que para el Partido de la U y Cambio Radical resultó importante retomar esta iniciativa y darle el apoyo necesario en el Congreso para que surta los ocho debates legislativos.
Esta propuesta está fundamentada en cuatro pilares: seguridad jurídica, descongestión judicial, correcta administración de la rama y procedimental. Y esto resulta importante porque –por ejemplo– se busca instituir el precendente de las Altas Cortes como fuente de derecho; fortalecer el mecanismo de la tutela para evitar que se haga un uso indebido de la misma y crear reglas claras para la tutela contra providencias judiciales.
Para descongestionar el sistema, se propone que los notarios, los centros de conciliación y los abogados de tiempo parcial adquieran algunas funciones jurisdiccionales y puedan colaborar con la carga de los procesos. En cuanto a la administración de la justicia, el proyecto acierta en incrementar el tiempo de permanencia en los cargos de Magistrados –aumentando la experiencia mínima a 25 años–, para que una vez terminen sus funciones puedan retirarse o estar vinculados a la academia y despolitizarlos; eliminar las facultades electorales de las Altas Cortes –salvo la elección del Fiscal General– y, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura para crear la Direccción de la Administración Judicial.
Finalmente, el proyecto de Acto Legislativo modifica los procedimientos judiciales con el propósito de hacerlos más eficientes y expeditos y evitar situaciones como la sucedida en 2014, cuando una tercera parte de las audiencias fueron aplazadas.
Como lo dije al inicio, nuestra justicia es ineficiente, genera impunidad y muestra niveles desoladores de inseguridad jurídica. Colombia, como Estado moderno, debería contar con un sistema rápido, confiable, predictivo y que brinde una solución idónea, integral y definitiva a todos los conflictos jurídicos sin importar su cuantía o motivación. Si garantizamos un mejor y más eficiente aparato judicial, estaremos abriendo paso a aumentar los niveles de transparencia y competitividad económica del país.
