Control al control II
Con motivo de la citación a un debate de control político en la Comisión VII de la Cámara de Representantes esta semana, es preciso insistir que la actividad de los órganos de control nacionales, Procuraduría y Contraloría delegadas entran entre sí en graves inconsistencias a la hora de evaluar la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y sus hallazgos no solo difieren entre sí, respecto de informes para vigencias pasadas, sino que se contraponen a la evaluación veedurial que con lupa venimos adelantando hace varios meses. Extraña, pues, que en el citado debate no se indague por el rol de los propios órganos de control de cara al Bienestar Familiar.
De igual forma, es importante destacar cómo venimos adelantando y promoviendo un proceso sin precedentes de veeduría ciudadana y control social donde participamos Red de Veedurías de Colombia (RED VER) formando 10.000 jóvenes en el programa “Los jóvenes tienen la lupa”, en el ICBF. A él también concurre Colombia Joven, entre otros, en el más ambicioso plan de promoción del control social veedurial de institución alguna en el país, orientado directamente por veedores, léase RED VER. Este servirá como semillero para la vigilancia integral de lo público en todos sus niveles, rebasando a los mismos órganos de control e instancias institucionales de participación ciudadanas del país, en toda su historia.
Un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República llega a conclusiones sorprendentes, e incluso contradictorias. En los dos años anteriores, revisando la gestión y resultados contables del ICBF en las vigencias 2008 y 2009 llegó a aprobar sus cuentas y calificarlas con las mejores notas de la última década. Este año, revisando la misma actividad en la vigencia del 2010 la raja, colocándola en la peor situación contable de la última década, sin que nada hubiera cambiado sustancialmente en el ICBF. Y además, atendiendo todas y cada una de las sugerencias de los órganos de control, y de la Contraloría en particular. La pregunta que surge es si el Instituto hubiera hecho en el pasado cuanto la Contraloría censura hoy, estaría en problemas serios, y viceversa. Queda claro, con lo anterior, que la Contraloría General carece de criterios uniformes de evaluación, y que de un año para otro dichos criterios no solo difieren sino que se contradicen sobre la misma materia, generando una incertidumbre jurídica e institucional de la cual los propios órganos de control son co-responsables: lo que hasta ayer era plausible hoy es deplorable. Esta es clara muestra de lo urgente y necesario que es estandarizar con pleno rigor las auditorías y en esa exigencia el propio Congreso de la República debería avanzar, pues en ocasiones so pretexto de hacerlo, los órganos de control inducen el caos y el descontrol, sin claridad ni al interior de ellos mismos.
En efecto, cuando la Procuraduría y la Contraloría evalúan los mismos contratos y convenios para la misma vigencia llegan a resultados contradictorios. Es decir, lo que para una está bien para la otra está mal con relación a las formalidades legales. Peor aún, como ya se mencionaba, si uno hace el seguimiento de los hallazgos supuestos para una vigencia, la propia Procuraduría o Contraloria se contradicen respecto de sus requerimientos técnico legales para periodos pasados, y cuando conceptúan de manera distinta parecen que no se hubieran leído sus propios informes anteriores, realizados prácticamente por los mismos funcionarios.
Si de investigar se trata, en cualquier caso a quien cabría que auscultar primero es a los propios órganos de control. Sus propias disparidades y aun disputas de criterio mostrarían como generan mayor incertidumbre y terminan colapsando incluso el quehacer de servidores públicos probos en la medida que sus decisiones y planes de mejoramiento se tornan incontrovertibles y obligatorias. No puede ser que la Contraloría y la Procuraduría revisando jurídicamente el mismo convenio o contrato, lleguen a concluir, una que es legal y la otra que es presuntamente ilícito, -vgr. los convenios con la OIM, o con el Minuto de Dios- porque en cualquier caso el funcionario sería sancionado o bien por la Contraloría o por la Procuraduría. Y si se ajusta a aquella que lo reprocha, la otra termina sancionándolo. Quizás habría que pensar a futuro en una especie de tribunal de cuentas con una estructura judicial donde el ente vigilado tuviera una seguridad jurídica pasada por la certeza de un pleno ejercicio del derecho de defensa y debido proceso con el fin de unificar criterios jurídicos, técnicos y contables …
Resulta más preocupante que si bien las cabezas de la Contraloria han cambiado en el último año, no así la planta de personal que practicó tales visitas, luego algo extraño también pasa aquí. Y por supuesto, las responsabilidades por presuntas actuaciones individuales irregulares en la contratación deberán ser establecidas primero, y una vez establecidas, y no antes, ser sancionadas por los entes competentes. El ICBF, y la propia RED VER, han solicitado investigaciones sobre casos concretos. Ya hay investigaciones puntuales en curso, y no como en parte parece estar ocurriendo en algunos sectores del Congreso donde primero se sanciona al ICBF y sus actuales directivos, cuando ni siquiera se han iniciado las investigaciones formales por parte de los entes competentes. Claro, es válido un control político por parte del Congreso de la República, que ojalá sea la apuesta por el bienestar de la familia colombiana y no lo que parece ser, la exigencia velada de cuotas clientelistas, y partidas de contratación cuando soplan vendavales electorales a nombre de aquella. Ojalá que la procuradora delegada no llegue a condenar sin juicio previo, sinceramente no aspire a la dirección del ICBF, y que los parlamentarios no conviertan el ICBF en la arena para sacudirse de sus disputas internas, o para camuflar los líos de su doble militancia real –pertenecer de dientes para afuera a una colectividad y de hecho apoyar a otro candidato como ocurre con la Alcaldía de Bogotá-.
Es allí donde solo queda claro que el proceso de capacitación de 10.000 jóvenes en veeduría para ejercer el control de la actividad del ICBF que se halla en curso puede hacer la diferencia, y esto es lo que viene ocurriendo dentro del programa “Los jóvenes tienen la lupa” de la cual participa la Coordinación de Prevención del ICBF, Colombia Joven y su ejército de concejeros municipales y distritales de juventud en el ya citado proceso orientado por la organización líder en veedurías en el país, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RED VER) en un programa piloto en control social que no lo tiene ni ha tenido ninguna otra institución de Estado…el cual fue instalado en la totalidad de los departamentos del país, y se hallan en proceso de formación aspirando a capacitar 100.000 en el 2011. Gesta en la cual es indispensable el apoyo generalizado para la consecución de este loable propósito que contribuirá a blindar el conjunto de la actividad pública y promover una cultura efectiva de la participación y que demanda el apoyo y aplauso de todos(as) los(as) colombianos(as) por un país incluyente y justo libre de corrupción.
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