Vergüenza nacional

8 de febrero del 2016

¿Porqué los organismos de control han demorado tanto en suspender, enjuiciar y condenar a los verdaderos responsables?

“En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llegaron al nivel más alto de incompetencia en atención de la niñez”. Esta denuncia hecha por Javier Rojas -un líder de la comunidad indígena wayuu-, en una entrevista con Néstor Morales, de Blu Radio, deja en claro el caos que atraviesa el programa de nutrición infantil.

No conozco a Cristina Plazas, la directora del ICBF. Tengo referencias que ha intentado hacer un esfuerzo por ayudar a resolver el grave problema de desnutrición infantil del país que ha cobrado la vida de unos cinco mil niños en el departamento de La Guajira en los últimos años. Al igual que los niños indígenas wayuu, ella es otra victima de este mezquino sistema corrupto que se maneja desde los altos cargos públicos en Bogotá.

Para ponerlos en contexto, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fue trasladado hace unos años del ICBF al ministerio de Educación y a los entes territoriales. Es decir, la responsabilidad de este desgreño en la administración del programa de alimentación y los escándalos de corrupción en los contratos de los comedores escolares, debe recaer en la ministra de educación, gobernadores y alcaldes.

Es hora que la ministra Gina Parodi, explique al país y a los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), por ejemplo, como fueron adjudicados los contratos de los comedores escolares y qué congresistas tienen manejo burocrático en los ICBF departamentales. Es pertinente, que también explique como se gastaron $171.123 millones entre 2013 y 2015, para atención en primera infancia en el departamento de La Guajira. Es decir, como se gastaron $156 millones diarios para dejar morir a más de 5.000 niños indígenas por desnutrición en estos años. Tal como lo denunciaron las comunidades indígenas wayuu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Es aquí donde uno se pregunta ¿Porqué los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) y la Fiscalía, han demorado tanto en suspender, enjuiciar y condenar a los verdaderos responsables de la política de asistencia social alimentaria y de la revisión de las condiciones para la prestación del servicio del PAE, aplicado por las entidades territoriales y operadores del programa?. En otro país del mundo, ya estuvieran tras las rejas.

Claramente, la directora del ICBF, es solo una funcionaria sin capacidad administrativa y sin independencia política para tomar decisiones que paren esta vena rota de la corrupción. Al final día, correrá con el riesgo de ser destituida y sancionada por decisiones políticas de sus jefes inmediatos, quienes al día siguiente, le pondrán remplazo para que el sistema siga alimentando los bolsillos de los corruptos y no el estomago, de millones de niños pobres de este país.

Y así pasa con los programas de salud, educación, vías terciarias, atención de desastres y tantos mas. Es la doble moral y la vergüenza nacional de un sistema político corrupto que jamás permitirá que haya paz en nuestro país.

En el tintero: Gracias al expresidente Andrés Pastrana, el Plan Colombia pudo reducir los cultivos ilícitos y llevar inversión social a las zonas más apartadas del país.

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