A pesar del desdén del Gobierno y el tortuoso camino por el que transitó la reglamentación de los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz, el Congreso finalmente dio su visto bueno a este proyecto considerado la columna vertebral de los acuerdos. Sin embargo, el resultado final no solo se sale de lo acordado en La Habana, también es inconstitucional.
Se trata de dos nuevos artículos: uno que prohíbe a los magistrados de la JEP practicar pruebas cuando esté en proceso de avalar la extradición de excombatientes de las Farc por delitos posteriores a la firma del acuerdo y otro para congelar el juzgamiento de militares hasta que exista un procedimiento especial.
Y digo que son insconstitucionales porque, en primer lugar, una ley ordinaria no puede introducir cambios en la Constitución o imponerle plazos a su ejecución, y el nuevo texto modifica la estructura de la JEP que ya había quedado definida en el Acto Legislativo 01 de 2017; y, en segundo lugar, porque a finales del año pasado la misma Corte Constitucional señaló que la comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública tenía que ser obligatoria.
Pero no basta con los argumentos jurídicos. Este también es un tema político y sin duda esos artículos –que fueron añadidos como si se tratara de una colcha de retazos– distorsionan los Acuerdos de Paz y son una muestra de lo que he venido diciendo hace meses: el Gobierno se durmió y solo reaccionó para intentar aprobar el proyecto después de la segunda vuelta presidencial, cuando ya se había conformado una nueva mayoría y el escenario era totalmente adverso.
La pregunta es ¿y dónde estuvo el Gobierno cuando era necesario prevenir que estos sucediera? Y peor aún, ¿dónde estuvo el liderazgo del presidente? Al parecer, luego de la entrega del Nobel de Paz, todos desaparecieron y dejaron la implementación del acuerdo y el rumbo del país a la merced de la coyuntura política.
Hoy la situación es tensa y reina la incertidumbre. A pesar de las esperanzadoras cifras de reducción de víctimas y hechos relacionados con el conflicto armado, el asesinato sistemático de líderes sociales enluta al país.
Este fin de semana fueron asesinados dos líderes más en Chocó y Atlántico, que se suman a los 282 que han sido asesinados desde 2016, según la Defensoría del Pueblo. La situación es tan escabrosa que, de acuerdo con el informe de 2017 del programa Somos Defensores, en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia; y, la Organización Nacional Indígena reporta 65 de sus líderes asesinados desde la firma del acuerdo hasta hoy, 10 de ellos en que va del año.
Y no, aquí no estamos hablando de muertos por “líos de faldas” o “rentas ilícitas”, como lo expresó el ministro Luis Carlos Villegas en diciembre de 2017. El seguimiento que históricamente se ha hecho a la situación da cuenta de tres dinámicas que rodean los homicidios: la expansión del ELN y sus enfrentamientos con la Fuerza Pública; la conformación de disidencias de las Farc; y, la consolidación de áreas de dominio de los grupos armados posdesmovilización.
Así que hago nuevamente la pregunta, ¿y donde está el Gobierno? Ya es hora que el presidente Santos y los miembros del Gobierno entiendan que su mandato va hasta el 7 de agosto y mientras llega esa fecha las riendas del país están en sus manos.
La protección de la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos debe ser la prioridad y aparentemente nadie se está ocupando del tema, o acaso ¿qué ha dicho el presidente electo sobre la situación?
