Al Alcalde Petro parece que le sonó la flauta. En sus primeras de cambio consiguió que el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Hernando Pinilla, adoptara la medida de restricción al porte de armas de fuego las 24 horas del día, en sitios y establecimiento públicos. Regirá a partir del primero de febrero y por 90 días. Ha dicho Petro que la medida puede ser permanente. Y congresistas de su entorno han anunciado iniciativas legislativas en esa dirección aprovechando el amplio respaldo en la opinión.
Algunos han querido minimizar la audacia del Alcalde recordando que la iniciativa no es nueva. Y tienen razón. Ha sido una aspiración de los últimos gobiernos capitalinos avanzar en la restricción del porte de armas de fuego. Mockus, Peñalosa y Lucho implementaron con relativo éxito, dirigido por el padre Alirio y bajo la premisa de que “la vida es sagrada”, un programa de desarme ciudadano. También el alcalde Garzón lideró junto con el entonces Alcalde de Medellín, el hoy gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, una iniciativa popular legislativa que buscaba precisamente restringir el porte de armas.
Petro acierta si quiere consolidar una cultura ciudadana que acuda a mecanismos civilizados para resolver sus controversias y conflictos públicos y privados. Una sociedad desarmada es una utopía que merece pleno respaldo. Incluso acierta si quiere avanzar en el monopolio de las armas en manos del Estado. El siempre agudo Alfonso López Mickelsen para argumentar su oposición a las tristemente celebres Convivir nos recordaba el riesgo que en nuestro país tiene entregar armas a los civiles. “Pueden terminar en cualquier lado” advertía. Y ese “cualquier lado” fueron los paramilitares.
Pero tengo la sospecha de que le falta razón al Alcalde cuando explica las metas que persigue con la medida. Ha dicho que busca reducir las muertes violentas en la ciudad. Según cifras de la administración, de los 1632 homicidios que se cometieron en la Capital durante el 2011, 1016 se llevaron a cabo con armas de fuego. Pero la Policía Metropolitana calcula que tan solo entre un 10% y 13% se cometieron con armas de fuego legales. La Alcaldía reconoce un vacío en las estadísticas, pues solo es posible establecer si un arma es legal o ilegal cuando se incauta. Y el año pasado, por casos de homicidio, solo se decomisaron 57 armas, de las cuales 6 eran legales. Es decir que más del 80% de estos homicidios se cometen con armas ilegales.
En el 2011 la propia Secretaría de Gobierno informó que entre el 2009 y 2010 se incautaron 5 177 armas ilegales -pistolas, revólveres, ametralladora, carabinas y hasta lanzagranadas-. Durante este periodo se calcula que el mercado negro de armas, nutrido por los llanos orientales y Antioquia y no por Indumil, movió alrededor de 9 500 millones de pesos. Y de ese mercado se nutren las seis bandas criminales que operan en Bogotá, quienes constituyen el principal desafío de la seguridad de la ciudad. Si esto se olvida, Alcalde, puede estar buscando la fiebre en las sábanas, así la flauta le suene.
