Uno de los grandes males que dejará el paso del coronavirus será el desempleo. En casi todos los países del mundo, millones de personas han perdido sus puestos de trabajo y han recurrido a las ayudas brindadas por sus gobiernos para subsistir en medio de la incertidumbre. Según cálculos del Gobierno Nacional, revelados en el Decreto 553 de 2020, el cual entrega recursos a las cajas de compensación para cubrir los subsidios de desempleo, la epidemia y la cuarentena podrían causar la pérdida de más de un millón de empleos en Colombia.
En este sentido, la necesidad de los ciudadanos por generar ingresos que les permitan subsistir los está llevando a buscar diferentes opciones para mantenerse. Tal es el caso de las plataformas de delivery que por estos días han tenido un importante crecimiento, pues se han convertido para muchos en una alternativa de empleo durante la cuarentena en el país.
Sin embargo, esto ha traído consigo un problema que a los entes policiales, a los ciudadanos, y a las mismas plataformas se les está saliendo de las manos, pues muchas de ellas han visto multiplicar el número de sus pedidos, lo que las ha llevado a aumentar su capacidad de trabajo, así como el número de colaboradores con el que cuentan. De modo que, empresas como Rappi, Domicilios.com, Uber Eats o iFood han visto un crecimiento importante en las solicitudes de ingreso de domiciliarios.
Rappi, por ejemplo, aseguró que como respuesta a la coyuntura actual, dada la alta demanda, ha tenido que duplicar el número de Personal Shoppers, brindando oportunidades a meseros, personal de logística de eventos, bartenders, entre otros. Adicional a esto, el primer unicornio colombiano aseguró que hay una larga lista de espera de solicitudes de ingresos en toda Latinoamérica, la cual en Colombia es de unas 45.000 personas esperando a registrarse en la aplicación para sumarse a los 20.000 rappitenderos con los que la empresa cuenta actualmente.
Hasta aquí podría valorarse todo de manera positiva, pues dichas plataformas funcionan hoy como una alternativa laboral y una vía que absorbe la fuerza laboral desempleada. Pese a ello, dada la ausencia de un registro distrital de domiciliarios y por lo tanto, de un control efectivo de identificación de quienes prestan el servicio, muchos de los domiciliarios vienen protagonizando múltiples problemas en la ciudad: peleas con los habitantes de las diferentes localidades, hurtos y atracos por parte de los rappitenderos, filtración de bandas criminales dentro de este grupo de domiciliarios, accidentes viales, incumplimiento del uso de elementos de bioseguridad y normas para la manipulación de alimentos, uso inadecuado de sus instrumentos de trabajo y el mal comportamiento en el espacio público.
De este modo, esta serie de problemáticas que se encuentran en un estado desbordado y sin ningún control por parte de las autoridades distritales y nacionales, representa hoy un riesgo para la salud, la seguridad y la vida de los usuarios y de la ciudad en general.
El coronel Necton Lincon Borja, comandante Operativo de la Metropolitana, informó que al 24 de junio del año en curso, se han realizado aproximadamente 12.000 capturas por distintos delitos en Bogotá, de estos el 20% serían personas dedicadas al hurto en zonas residenciales, y unas 62 personas podrían ser domiciliarios.
En esta línea vale la pena mencionar que hay una sentida necesidad de los ciudadanos en dos sentidos. El primero, por obtener un servicio que se realice bajo los mayores estándares de salubridad y parámetros óptimos de higiene, los cuales no representen ningún riesgo para su salud; el segundo, pero no por ello de menor importancia, por percibir seguridad y confianza como atributos ligados a esta modalidad de servicio domiciliario, pues el hartazgo y la incomodidad generalizada por esta situación parece haber llegado al límite de los bogotanos, que con sus denuncias diarias manifiestan un completo descontrol en materia de seguridad.
En consecuencia, urge la implementación de un Sistema Distrital de Control de Domiciliarios, que a través de un censo de motocicletas y bicicletas de quienes presten el servicio domiciliario y de un Registro Único de Domiciliarios dé lugar a la creación de bases de datos cruzadas, las cuales permitan organizar de alguna manera la prestación de los servicios domiciliarios y ejercer el debido control y vigilancia a las plataformas y personal adscrito a estas.
La necesidad de una regulación es innegable e indispensable para que estas nuevas economías digitales funcionen de forma armónica con la sociedad, el mercado y las normas. Sin embargo, al final, nada de esto basta, si no está acompañado de verdaderas voluntades políticas que tengan en cuenta que la irrupción de la tecnología requiere hoy una nueva forma de gobernar, y que ante el estallido de las problemáticas que ha traído consigo la ausencia de una legislación al respecto, dejarlo para mañana no es una posibilidad. Ya pasó la fecha en la que se suponía el Gobierno Nacional expediría una regulación en cuanto a la definición de forma de vinculación de las personas que prestan sus servicios a través de aplicaciones y plataformas tecnológicas ¿cuánto tiempo más debe pasar?
