Las cifras que reveló el Observatorio Fundapro de Seguridad y Mapas de Delitos de Uruguay, tienen en alerta al gobierno porque hay un nuevo record histórico en el número de persona
Las cifras que reveló el Observatorio Fundapro de Seguridad y Mapas de Delitos de Uruguay, tienen en alerta al gobierno porque hay un nuevo record histórico en el número de personas asesinadas en el país latinoamericano.
Según el informe en el año 2018 se registraron 382 asesinatos, lo que quiere decir un asesinato cada 23 horas y 31,8 homicidios por mes. La capital de Montevideo fue el foco de inseguridad más grade, pues en esta ciudad hubo 201 asesinatos.
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) si un país supera los 10 homicidios por cada cien mil habitantes se vive una epidemia de asesinatos. En el caso de Uruguay con una población de 3,4 millones de habitantes, la cifra alcanzó las 11,2 muertes por cada cien mil habitantes violentas a nivel nacional y a 15,4 muertes por cada cien mil habitantes en Montevideo.
Sin duda, es una situación sin precedentes que tiene acorralado al Ministerio del Interior de este país, pues en el año 2017 la cifra era de 283 homicidios, lo que significa que esta tasa aumento un 35%, lo que hace preguntar si hay un desgaste en la seguridad pública del país.
Entre los homicidios registrados se encuentran 55 casos de mujeres víctimas por violencia domestica o de género. Hasta la Fuerza Pública como la Policía tuvo seis servidores asesinados, así lo informó la Fundapro.
Para esta fundación, que vale la pena aclarar está vinculada al Partido Colorado quienes son opositores al gobierno actual de Tabaré Vázquez, la alta tasa de homicidios obedece al "fracaso rotundo de las políticas en seguridad, que se han caracterizado por la ineptitud (para llevar adelante políticas exitosas); la insensibilidad (para con las víctimas), y la irresponsabilidad (por no proteger a la gente)".
Y agregaron que "el fenómeno tiene como algunos factores primordiales que lo explican: un gobierno fallido; un Estado ausente; la impunidad delictiva; y la baja tasa del esclarecimiento de los delitos".
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