Un grupo de mujeres afro e indígenas del suroeste de Colombia, unidas por las secuelas de la violencia armada, alzaron su voz esta semana en Bogotá para exigir que los grupos ilegales se alejen de sus territorios y pedir al Gobierno que las incluya en los diálogos de paz con los actores armados.
Las voceras de la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, ciudad que tiene el principal puerto de Colombia en el Pacífico, viajaron a la capital del país para denunciar que la situación que vive su territorio "es grave".
Según el informe de la Unidad para las Víctimas del 2024, en Buenaventura hay 37.365 mujeres inscritas en el Registro Único de Víctimas, una herramienta que permite identificar, registrar y atender a las víctimas del conflicto armado.
"Lo que estamos buscando es que nuestras voces, las de las mujeres afro y las de las indígenas, sean escuchadas y lo que pedimos es que los grupos armados ilegales se vayan de nuestros territorios", dice a EFE una lideresa de la zona rural de Bajo Calima, que prefiere guardar su identidad ante el peligro que significa para ellas levantar la voz.
En el Pacífico colombiano están presentes la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo -la principal banda criminal del país- y otros grupos armados que buscan control territorial para sacar provecho del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas.
La lideresa remarca que las mujeres afro y las indígenas sufren los rigores del conflicto armado, al que se le suma la prostitución, problemas de drogadicción y de pérdida de identidad cultural.
Los habitantes del Bajo Calima, en su mayoría afro e indígenas, dice la mujer, no han visto ningún beneficio de la firma del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC. Tampoco ven avances en los diálogos con el ELN.
Las conversaciones entre el Gobierno y el ELN están suspendidas desde enero pasado por decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien tomó esa decisión por la ofensiva del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, que deja ya 117 muertos, más de 64.000 personas desplazadas y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Diálogos con todos
La Juntanza llegó a Bogotá porque, dicen sin titubeos, ni la Alcaldía de Buenaventura ni tampoco la Gobernación del Valle del Cauca las ha escuchado.
"Nos han cerrado las puertas", dice la lideresa, quien considera que si los diálogos de paz con el ELN y los otros que hay en curso con diferentes grupos armados no avanzan, "los que pagamos los platos rotos somos los campesinos".
Las mujeres de la Juntanza consideran que en esos diálogos ellas deben tener un espacio para exponer sus problemáticas y aportar ideas para construir una solución que abarque a "los que realmente han sido afectados" por el conflicto armado.
Recuperar costumbres y tradiciones
Una indígena, que también hace parte de la Juntanza y también prefiere mantener su identidad en reserva, asegura que otro aspecto que afecta a sus comunidades es la pérdida de la identidad cultural, incluida la lengua indígena y la medicina ancestral.
"Cuando el indígena tiene que salir de su territorio desplazado, se va a las ciudades y allí es estigmatizado por la forma de hablar, por la forma de vestir y, por miedo, no regresa, y eso hace que se vaya perdiendo todo lo ancestral: las danzas, los ritos y la medicina tradicional, que es un aspecto fundamental para nosotros", dice a EFE.
Para ella, uno de los aspectos más importantes es poder tener autonomía territorial: "no todo es dinero. El indígena para cazar o para pescar no necesita dinero, necesita territorio y es lo que pedimos", concluye mientras seca con el dorso de la mano las lágrimas que ruedan por su rostro ante una cruda realidad de lo que significa el conflicto armado que persiste en el país.
