Desde el final de la guerra civil, en 1989, el Líbano es gobernado mediante un equilibrio político que depende de las fuerzas locales más influyentes o de aquellas asociadas con los focos regionales e internacionales de poder.
Esta situación ha generado la ausencia casi total de instituciones estatales, las cuales quedaron repartidas en dos coaliciones políticas. La primera, llamada 'Alianza del 8 de marzo', que quedó conformada por el partido Hezbolá y el partido del Movimiento Patriótico Libre. Y la segunda, llamada 'Alianza del 14 de marzo', creada entre el partido del Movimiento del Futuro, el partido de las Fuerzas Libanesas y el Partido de las Falanges Libanesas, luego del asesinato del ex primer ministro, Rafiq Hariri, el 14 de febrero de 2005.
El Líbano tiene crisis acumuladas del pasado debido a la fragilidad de su seguridad y a la ausencia de las instituciones estatales frente al poder de facto de Hezbolá, impuesto por la fuerza de las armas. Además, se ha visto afectado por la falta de control, la interrupción del poder judicial, la corrupción financiera y otros factores que han convertido al Líbano en un país que genera crisis y las exporta a países vecinos como Siria, que sufre la interferencia e intervención de Hezbolá, por ejemplo.
Así mismo, el Líbano padece la mayor crisis económica de su historia contemporánea como consecuencia de la corrupción, los intereses acumulados de los préstamos bancarios destinados a la reconstrucción del país tras la guerra civil, las sanciones de Estados Unidos contra Hezbolá, así como por la repercusión de estas sobre el sector bancario y sobre los tipos de cambio de la divisa nacional. Todas estas, situaciones que ha su vez han tenido un impacto social y político.
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Desde el 17 de octubre del pasado año, la capital, Beirut, es testigo de unas manifestaciones populares multitudinarias contra el deterioro de las condiciones de vida, así como contra la corrupción financiera y administrativa. Los manifestantes exigen reformas políticas radicales.
Con respecto a la terrible explosión en el puerto de Beirut de este martes, Israel se apresuró a negar cualquier conexión suya con esta, incluso antes de que alguien lo acusara.
Durante las primeras horas tras la catástrofe emergieron informes contradictorios sobre su naturaleza y las causas que la provocaron.
Posteriormente, las autoridades libanesas señalaron que la explosión se debió a la negligencia y al almacenamiento indebido e inapropiado de aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut.
Este puerto es uno de los más grandes y activos en el Mediterráneo Oriental, a través del cual pasa casi el 70% de las exportaciones e importaciones del Líbano, según la dirección del puerto.
Fuentes cercanas a Hezbolá niegan que el partido tuviera almacenadas armas o materiales explosivos en el puerto.
Estas fuentes basan sus argumentos en las declaraciones de oficiales que indican que la explosión fue causada por un incendio que comenzó en un almacén en el que había nitrato de amonio almacenado desde hace años.
Así mismo, estos oficiales dicen que a Hezbolá las armas y municiones les llegan por tierra, a través de Siria.
Los expertos aseguran que las decisiones del Estado libanés dependen de un Hezbolá que controla el Aeropuerto Internacional de Beirut y las actividades del puerto de forma extraoficial, así como las instituciones más importantes y la mayoría de los departamentos gubernamentales. No obstante, el Gobierno rechaza estos señalamientos.
La explosión de este martes coincidió con la reciente escalada de tensión en el frente sur del Líbano entre Hezbolá e Israel.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia a Hezbolá días antes de la explosión, y lo amenazó con una "fuerte" respuesta ante cualquier provocación.
A Netanyahu le siguió su ministro de Defensa, Benny Gantz, quien ordenó a la Fuerza Aérea responder de inmediato ante cualquier acción hostil de Hezbolá, que está molesta por los continuos ataques de Israel contra sus milicianos en Siria.
La población libanesa cuestiona la negligencia del Gobierno libanés a la hora de responder a las numerosas solicitudes de la Administración de Aduanas en el puerto y de la Policía, hechas durante seis años, en las que pedían que el nitrato de amonio fuera trasladado lejos de la capital.
Medios de comunicación han hecho eco de las declaraciones del director general del puerto, Hassan Koraytem, en las que este aseguró que el Gobierno tenía conocimiento de la presencia de esta sustancia peligrosa en el puerto antes de la explosión.
Los libaneses responsabilizan a su Gobierno de la explosión y piden que se juzgue a los responsables de la catástrofe, especialmente a los funcionarios que ocupan cargos relacionados con el cargamento de nitrato de amonio.
También se alzan voces que reclaman una investigación internacional para determinar los responsables de la explosión, hecho que los analistas ven como una consecuencia de la falta de confianza que los ciudadanos tienen en el Gobierno y en sus capacidades.
El ex primer ministro, Saad Hariri, pidió una investigación transparente y con participación internacional para determinar las causas de la explosión, debido a las “dudas sobre el lugar de los hechos y el momento en el que ocurrió”.
Parece que con esto Hariri está haciendo referencia al Tribunal Especial para el Líbano, el cual tenía previsto anunciar su veredicto sobre el asesinado de su padre, Rafiq, precisamente este viernes.
Sin embargo, este miércoles, el tribunal anunció que aplazó el veredicto del 7 al 18 de agosto por respeto a las víctimas y al luto declarado en el Líbano durante tres días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la explosión fue provocada por un atentado con explosivos, según la información que recibió por parte de militares estadounidenses de alto rango.
No obstante, las declaraciones de Trump contradicen por completo l de las autoridades libanesas, las cuales no han hecho comentarios al respecto.
Tras la explosión, la economía libanesa y su tráfico comercial quedaron expuestas a crisis adicionales que pueden provocar una escasez de productos básicos, ya que los silos del puerto, destruidos por la explosión, almacenaban el 85% de los cereales del país.
De la misma manera, el puerto era uno de los mayores almacenes de medicamentos y productos alimenticios del Líbano.
Según el ministro de Economía y Comercio, Raoul Nehme, después de la explosión al Líbano le quedan reservas de trigo suficientes para menos de un mes, menos del mínimo de tres meses para garantizar la seguridad alimentaria básica en el país.
A pesar de todo, es probable que la explosión tenga un impacto positivo en la pésima situación económica que vive el país, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y muchos países, incluido Estados Unidos, se comprometieron a proporcionar una ayuda que anteriormente se abstenían de dar debido a las sanciones estadounidenses. Trump podría aliviar estas sanciones, aunque fuera temporalmente.
Las estimaciones preliminares apuntan a pérdidas que ascienden a los USD 15 mil millones, según la Gobernación de Beirut, mientras que el país todavía necesita más de USD 90 mil millones para reconstruirse y recuperarse de los efectos devastadores de su guerra civil, pese a que ya han pasado más de tres décadas desde que esta llegó a su fin.
