En medio de uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro intentará este jueves convencer a la justicia estadounidense de que el caso en su contra debe ser archivado. Su argumento principal: el propio Gobierno de Estados Unidos estaría interfiriendo en su derecho a defenderse.
La diligencia fue fijada por el juez Alvin Hellerstein con el propósito de avanzar en la revisión de evidencias, establecer un cronograma de mociones legales y, eventualmente, definir una fecha para el juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Uno de los puntos más críticos del caso gira en torno a los pagos del equipo jurídico. El abogado Barry Pollack advirtió que podría abandonar la defensa si no se autoriza el pago de sus honorarios desde Venezuela.
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Según explicó, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) primero permitió la transacción, pero luego revocó la licencia, lo que, a juicio de la defensa, vulnera garantías constitucionales básicas. El abogado de Flores respaldó esta postura y solicitó que, en caso de no archivarse el proceso, se analice cómo se tomó esa decisión.
Respuesta de la Fiscalía y límites por sanciones
La Fiscalía sostiene que no hay irregularidades. Asegura que la autorización inicial fue un error administrativo y que los acusados pueden usar recursos personales para cubrir su defensa. Sin embargo, insiste en que las normas de sanciones prohíben utilizar dinero de un Estado sancionado para pagar servicios legales.
Para Duncan Levin, el escenario es complejo para Maduro, ya que el sistema de sanciones vigente busca restringir precisamente ese tipo de movimientos financieros.
El proceso judicial se originó tras la captura de Maduro y su esposa a comienzos de enero, durante un operativo nocturno ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas, que incluyó un enfrentamiento armado con sistemas de defensa venezolanos.
Ambos fueron trasladados a Nueva York y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de armas y cocaína, que, según la Fiscalía, se habrían extendido por más de 25 años. Los dos se han declarado inocentes.
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Inmunidad en debate y cuestionamientos legales
La estrategia de la defensa también incluye impugnar la legalidad de la captura y argumentar que Maduro cuenta con inmunidad por hechos ocurridos durante su mandato.
Aunque Maduro llegó al poder en 2013, Estados Unidos y varios países dejaron de reconocerlo como presidente legítimo tras las elecciones de 2018. Este año, luego de su destitución, Washington reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.
El caso avanza en medio de tensiones políticas y legales, y podría sentar precedentes sobre el alcance de las sanciones internacionales y los derechos de defensa en tribunales estadounidenses.
