SIC formula pliego de cargos contra Conconcreto

14 de agosto del 2018

En rueda de prensa realizada este martes, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció que la institución de control que lidera formuló pliego de cargos contra las constructoras y firmas asociadas a la obra del tercer carril Bogotá-Girardot, por distintas irregularidades halladas en la misma.  “Luego de 2 años de indagación preliminar, […]

SIC formula pliego de cargos contra Conconcreto

El superintendente anunció que compulsará copias a la Fiscalía. FOTO SIC

En rueda de prensa realizada este martes, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció que la institución de control que lidera formuló pliego de cargos contra las constructoras y firmas asociadas a la obra del tercer carril Bogotá-Girardot, por distintas irregularidades halladas en la misma.

“Luego de 2 años de indagación preliminar, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló Pliego de Cargos por colusión o cartelización empresarial y otras prácticas anticompetitivas que habrían ocurrido en el proceso de selección contractual adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la construcción del denominado Tercer Carril Bogotá – Girardot con presupuesto oficial superior a $ 2.9 billones de pesos, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada”, reza la SIC en un comunicado publicado a la par de las declaraciones del superintendente.

Según el ente, las firmas en cuestión son “la estructura plural integrada por Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto, que resultó ganadora dentro del proceso de selección contractual, por cuanto se encontró que se había coludido o cartelizado con las empresas de la estructura plural integrada por Benton y China Gezhouba“.

Las empresas habrían presuntamente coordinado “conjuntamente sus ofertas, de tal manera que una resultara ser complementaria a la otra. Las ofertas presentadas por estas estructuras plurales estaban coordinadas para que Conconcreto resultara ser la adjudicataria con la indispensable ayuda de una propuesta de Benton y China Gezhouba con exigua posibilidad de éxito, artificialmente baja (kamikaze) y cuya única vocación era la de afectar, ilegal y anticompetitivamente, la media de adjudicación”.

Por otra parte, otro de los cargos formulados contra Conconcreto incluye a su vez a “la estructura plural integrada por Carlos Alberto Solarte y CASS Constructores por haber intercambiado información sensible dentro del proceso de selección contractual consistente en que Solarte – CASS Constructores habría informado a Conconcreto que presentarían su propuesta pero sin la certificación del cupo de crédito, con el fin de inhabilitarse y evitar la apertura del sobre contentivo de la oferta económica. El suministro anticompetitivo de esta información sensible y confidencial habría servido para eliminar la incertidumbre sobre la oferta económica de Solarte y facilitarle estructurar su oferta de manera ventajosa” a Conconcreto.

Finalmente, el ente formuló cargos contra la firma “Vinci Concessions Colombia S.A.S., quien si bien no participó formalmente como oferente dentro del proceso de selección contractual, habría tenido una participación trascendental en la configuración de la oferta colusoria”. Asimismo, ocho directivos asociados a estas firmas mencionadas fueron involucrados en el proceso.

Los pasos que siguen

Por su parte, Robledo afirmó en la rueda de prensa que “no es un caso de 1 + 1, es un caso complejo. Formulado el pliego de cargos, el despacho del superintendente delegado tiene que resolver una petición de medidas cautelares que ha sido interpuesta desde hace unos meses. En el pasado la SIC ha decretado medidas cautelares que incluso han implicado ordenar terminar un contrato estatal, como ocurrió con Odebrecht en la Ruta del Sol II. En los próximos días yo convocaría el Consejo Asesor de Competencia, y estudiaremos la posibilidad de decretar medidas cautelares sobre el contrato del Tercer Carril, que podrían ser suspender el contrato, o no hacerlo”.

La SIC informó que las sanciones contra las empresas implicadas podrían incluir multas de 78.124 millones de pesos, y a las personas asociadas a la presunta comisión de estos delitos, multas de 1.562 millones de pesos.

Por último, el ente adjuntó copias a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la institución podría hallar conductas punibles en lo penal y “para que continúe con las indagaciones que viene adelantando”.

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