La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, una de las entidades más cuestionadas durante las últimas semanas, no deja de dar noticia en materia de corrupción y así lo dejó ver la reciente determinación de la Procuraduría General de la Nación, que abrió investigación por cuenta de uno de sus programas más abanderados, las ollas comunitarias.
Esta iniciativa, impulsada por el mismo presidente Gustavo Petro durante los primeros meses de su gobierno para hacer frente a la ola invernal producto del fenómeno de La Niña en 2022, buscó la compra de cosechas y entregar alimento caliente a las víctimas de desastres naturales y comunidades vulnerables, por medio de recursos a las juntas de acción comunal que serían entregados por parte de la actual administración. No obstante, desde varios sectores se ha denunciado que dichos dineros terminaron invertidos en campañas de las pasadas elecciones regionales.
Según señaló recientemente el mismo presidente Petro, sus órdenes habrían sido desobedecidas y los recursos habrían sido entregados a operadores privados que en varios casos habrían desviado parte de los 32 mil millones de pesos destinados al programa con fines corruptos.
Así lo denunciaron varias fundaciones que, desde la posesión de Olmedo López como director de la entidad, empezaron a alertar la falta de pagos para la alimentación en varias regiones de Colombia. Situación ante la cual incluso tuvieron que destinar recursos propios para continuar con la operación.
En medio de ello, y siendo objeto de múltiples cuestionamientos, el entonces subdirector de la UNGRD Víctor Meza fue declarado insubsistente por López, mientras eran crecientes las denuncias por malos manejos.
Luis Gómez Pimienta, exgerente especial de la Guajira, reveló a inicios de mayo que en su momento él mismo le expresó al presidente su preocupación por intereses políticos y personales detrás de los programas, tanto de ollas comunitarias como de carrotanques para el agua potable. Incluso, le habría señalado la desobediencia de Olmedo López de contratar con las Juntas de Acción Comunal.
La reciente determinación de la Procuraduría General de la Nación, puso el ojo por ejemplo, en el presunto uso de dineros públicos durante la campaña política por la alcaldía de Albania, en La Guajira, en donde incluso algunas de las personas contratadas no habrían recibido sus salarios durante los últimos meses.
“De acuerdo con informaciones periodísticas, el dinero destinado al programa de asistencia alimentaria en ese municipio habría sido desviado para campañas electorales, entre ellas, la de la alcaldesa de dicha localidad. Los medios de comunicación señalan también que, adicionalmente las manipuladoras y proveedores subcontratados para la ejecución del programa no habrían recibido sus pagos desde septiembre de 2023”, refirió el ministerio público en un reciente comunicado de prensa.
