La abogada Lina Sandoval Echavarría, defensora de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia Torres, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la práctica de nuevas diligencias dentro de la investigación relacionada con la presunta designación irregular de interventores en el sector salud.
La petición fue dirigida a la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y a la Coordinación del Grupo de Trabajo de la Unidad de Violencia de Género, en el marco del proceso identificado con el radicado 110016101653202301548. En la comunicación, la defensa reiteró solicitudes realizadas previamente en febrero y marzo de 2025.
Solicitud de videos y verificación en Casa de Nariño
En la carta, la abogada pidió que se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la recolección y aseguramiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del despacho presidencial correspondientes al 30 de octubre de 2024.
Según el documento, ese día ingresaron a la Casa de Nariño, entre otros, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes habrían sido convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores designados en entidades de salud intervenidas.
La defensa también adjuntó capturas de mensajes de WhatsApp y un enlace a una declaración en video, con el propósito de respaldar la trazabilidad de la gestión de su representada y su versión frente a los señalamientos públicos.
Solicitud de declaración juramentada de Petro
Otro de los puntos centrales de la comunicación es la solicitud para que el presidente Gustavo Petro rinda una certificación jurada dentro del proceso. En particular, la abogada pidió que se indague “sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores”.
En el escrito se advierte que este aspecto es relevante porque, según la defensa, en el expediente se han identificado “patrones de desinformación impulsados en contra de mi representada”, especialmente en lo relacionado con el sector salud.
La comunicación también incluye una circular del 5 de agosto de 2024 en la que, de acuerdo con la defensa, Laura Sarabia instruyó de manera expresa que ninguna persona estaba autorizada para impartir directrices en su nombre sin verificación previa, instrucción que, según el documento, se ve reflejada en los mensajes aportados a la Fiscalía.
Finalmente, la abogada solicitó a la Fiscalía que se indique una fecha para continuar con la declaración de Laura Sarabia, en cumplimiento de una comunicación previa enviada por el ente acusador en noviembre de 2025.
Esta nueva actuación se conoce días después de que el presidente Gustavo Petro hiciera señalamientos públicos sobre presuntas fallas en la intervención de EPS y afirmara que “por política no se mete un solo interventor” y que durante su Gobierno “ha caído en varias trampas”, declaraciones que reactivaron el debate sobre la responsabilidad en la crisis del sistema de salud.
