Un acuerdo secreto se habría pactado en La Habana para que exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe se beneficien de la justicia transicional.
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El senador Alfredo Rangel del Centro Democrático, autor del proyecto de acto legislativo que busca crear un tribunal en la justicia transicional que sólo juzgue a militares y civiles, lo dio a conocer a KienyKe.com.
“Según Álvaro Leyva y Enrique Santiago, asesores de las Farc en La Habana, hay un anexo secreto, el punto 23 en los acuerdos en Cuba, el cual plantea ampliar el alcance del delito político y sus conexos. En ese orden de ideas, podría ser posible que varios exfuncionarios se sometan al tribunal de justicia transicional”.
El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel.
Según explicó el senador Rangel, en el caso de la yidispolítica, en el que han sido sentenciados los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, por el ofrecimiento de prebendas para lograr la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, está relacionada indirectamente con el conflicto armado, pues buscaban la reelección de la Política de Defensa y Seguridad Democrática que hacía énfasis en la lucha frontal contra la guerrilla.
El anexo del punto 23 en La Habana contempla hechos o actuaciones indirectas con el conflicto armado, que en últimas es ampliar el concepto de delito político, donde también entran las chuzadas, que a modo de ver del congresista se hicieron con el ánimo de salvaguardar la seguridad democrática.
Frente a esta salida jurídica que beneficiaría no sólo a los involucrados en la yidispolítica, y las chuzadas como María del Pilar Hurtado, sino también a los juzgados por la parapolítica, Alfredo Rangel y toda la bancada del Centro Democrático, radicarán un proyecto de reforma constitucional que creará un tribunal distinto al que juzgará a los guerrilleros, integrado por nueve magistrados, en el que sólo tendrán cabida militares y civiles.
La iniciativa también contempla una pena máxima de cinco años de cárcel, y pueden acogerse los que estén en proceso de juzgamiento y los que ya hayan sido condenados, quienes si ya pagaron cinco años de pena, podrán salir en libertad inmediatamente.
Este medio digital habló con el abogado de Sabas Pretelt, el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar, quien señaló que su defendido descarta ser partícipe de la justicia transicional, según él, porque no ha cometido delito alguno relacionado con el conflicto armado, y por lo tanto no puede disfrutar de los beneficios de este tipo de justicia.
“La justicia transicional no va a sustituir la justicia ordinaria. Para incorporarse a la justicia transicional tiene que existir alguna relación con el conflicto armado. En consecuencia, el doctor Sabas Pretelt no quiere hacer parte de esa justicia transicional, porque él no ha hecho parte directa o indirectamente de un conflicto armado”.
Bernal Cuéllar se mostró escéptico frente al acuerdo en La Habana que beneficiaría a los exfuncionarios que no hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado.
“Ese es un criterio demasiado amplio, y no creo que la justicia transicional tenga esa amplitud que se le quiere dar. Si se revisa el marco jurídico para la paz y lo que se conoce de los acuerdos en La Habana, se llega a la conclusión que hay unos límites por la relación directa o indirecta con el conflicto armado, desde el punto de vista político”.
Otro que lanzó críticas contra esa posibilidad fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se refirió específicamente a la solicitud que hizo Diego Palacio de gozar de los beneficios de la justicia transicional.
“Lo que está previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz es que se ocupe de hechos cometidos durante el conflicto armado, pero también en relación con ese conflicto armado. De tal manera que, por el conocimiento que tengo de los procesos que se siguieron en contra del exministro Diego Palacio, el delito que se le atribuye no tiene nada que ver con el conflicto armado y no sería susceptible de acogerse a esa jurisdicción”, dijo.
El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel.
Según explicó el senador Rangel, en el caso de la yidispolítica, en el que han sido sentenciados los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, por el ofrecimiento de prebendas para lograr la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, está relacionada indirectamente con el conflicto armado, pues buscaban la reelección de la Política de Defensa y Seguridad Democrática que hacía énfasis en la lucha frontal contra la guerrilla.
El anexo del punto 23 en La Habana contempla hechos o actuaciones indirectas con el conflicto armado, que en últimas es ampliar el concepto de delito político, donde también entran las chuzadas, que a modo de ver del congresista se hicieron con el ánimo de salvaguardar la seguridad democrática.
Frente a esta salida jurídica que beneficiaría no sólo a los involucrados en la yidispolítica, y las chuzadas como María del Pilar Hurtado, sino también a los juzgados por la parapolítica, Alfredo Rangel y toda la bancada del Centro Democrático, radicarán un proyecto de reforma constitucional que creará un tribunal distinto al que juzgará a los guerrilleros, integrado por nueve magistrados, en el que sólo tendrán cabida militares y civiles.
La iniciativa también contempla una pena máxima de cinco años de cárcel, y pueden acogerse los que estén en proceso de juzgamiento y los que ya hayan sido condenados, quienes si ya pagaron cinco años de pena, podrán salir en libertad inmediatamente.
Este medio digital habló con el abogado de Sabas Pretelt, el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar, quien señaló que su defendido descarta ser partícipe de la justicia transicional, según él, porque no ha cometido delito alguno relacionado con el conflicto armado, y por lo tanto no puede disfrutar de los beneficios de este tipo de justicia.
“La justicia transicional no va a sustituir la justicia ordinaria. Para incorporarse a la justicia transicional tiene que existir alguna relación con el conflicto armado. En consecuencia, el doctor Sabas Pretelt no quiere hacer parte de esa justicia transicional, porque él no ha hecho parte directa o indirectamente de un conflicto armado”.
Bernal Cuéllar se mostró escéptico frente al acuerdo en La Habana que beneficiaría a los exfuncionarios que no hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado.
“Ese es un criterio demasiado amplio, y no creo que la justicia transicional tenga esa amplitud que se le quiere dar. Si se revisa el marco jurídico para la paz y lo que se conoce de los acuerdos en La Habana, se llega a la conclusión que hay unos límites por la relación directa o indirecta con el conflicto armado, desde el punto de vista político”.
Otro que lanzó críticas contra esa posibilidad fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se refirió específicamente a la solicitud que hizo Diego Palacio de gozar de los beneficios de la justicia transicional.
“Lo que está previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz es que se ocupe de hechos cometidos durante el conflicto armado, pero también en relación con ese conflicto armado. De tal manera que, por el conocimiento que tengo de los procesos que se siguieron en contra del exministro Diego Palacio, el delito que se le atribuye no tiene nada que ver con el conflicto armado y no sería susceptible de acogerse a esa jurisdicción”, dijo.
