Las máximas autoridades administrativas de Antioquia han expresado su inconformidad con el estancamiento del proceso para tener un nuevo centro carcelario en el departamento. La Alcaldía de Medellín mostró preocupación por su inversión mientras que la Gobernación de Antioquia responsabilizó por las demoras al ministerio de Justicia.
La Alcaldía de Medellín, por medio de su secretario de Seguridad, Andrés Tobón, fue la primera entidad en salir a reclamar por los retrasos que se estaban presentando en la construcción del centro de rehabilitación carcelario de Yarumal. Dijeron que a la fecha no evidencian avances en el proyecto y que no tienen claridad de qué había pasado con los recursos destinados para esta obra. Teniendo en cuenta que la cárcel debía recibir a 700 reclusos de la ciudad, la administración local destinó 7.000 millones de pesos, de los 62.000 en que se estimó inicialmente.
[single-related post_id="1074335"]
Cuando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, tuvo oportunidad de referirse al tema lo hizo poniéndose del lado de la Alcaldía y señaló como responsable de la incertidumbre en la que se encuentra el proyecto y las demoras en la ejecución al Gobierno Nacional. “Con el cambio de gobierno, en el Ministerio de Justicia han estado poniéndole un plan tortuga. Uno no sabe si es por celos con el gobierno anterior o porque no están de acuerdo con el proyecto”, señaló el mandatario.
Este centro de reclusión de Yarumal fue acordado por las administraciones locales con el ministro de Justicia del gobierno anterior, Enrique Gil. Con él llegaron al acuerdo de construir una cárcel con capacidad para más de 1.300 presos que funcionara como centro agrícola y cumpliera con mayor eficiencia el sentido resocializador del lugar.
Esta colonia agrícola ya había reportado importantes avances. La fase de diseño había concluido y tanto la administración local como la regional habían destinado los recursos con los que se comprometieron, por eso Pérez aseguró que solo faltaba voluntad por parte del ministerio.
En marzo del año pasado iniciaron las obras de adaptación del lote donde iba a estar la cárcel, pero los trabajos se detuvieron en diciembre luego de que el ministerio anunciara que iba a revisar los diseños y que le había pedido a la Contraloría una investigación para determinar si hubo alguna irregularidad con el manejo de recursos.
En el momento en el que la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional desembolsaron los fondos para esta construcción reportaron que los habían girado a una fiducia que iba a ser manejada por la Empresa de Vivienda de Antioquia.
