De forma unilateral y con trámite exprés, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó a través de la Asamblea Nacional una ley de amnistía que busca eximirlo a él, sus policías y paramilitares de los crímenes cometidos durante el último año de protestas ciudadanas, según criticaron organismos de derechos humanos.
La bancada sandinista en el Parlamento debatió esta iniciativa de ley redactada por la presidencia y fue aprobada en menos de tres horas.
“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha”, argumenta la ley.
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Al mismo tiempo, la amnistía ordena la liberación de los 760 presos políticos, una demanda sostenida de la oposición. A pesar de esto, organismos de derechos humanos critican que la verdadera intención de la ley es que Ortega trata de proteger a los suyos ante posibles juicios por violaciones a los derechos humanos, cometidos por policías y paramilitares.
El Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentó que los grupos armados bajo las órdenes del gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad contra manifestantes pacíficos. El GIEI detalla ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos en las prisiones, secuestros, entre otra lista de brutalidades.
Sin embargo, el gobierno siempre ha deslindado responsabilidad sobre estos crímenes. La administración sandinista alega que esta amnistía “fortalecerá la paz y a las familias nicaragüenses”.
“La amnistía cubre los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal; ordena la libertad de los presos; cancelación de registros de antecedentes penales; y recoge el principio de no repetición como compromiso de las personas beneficiadas a no volver a realizar actos que impliquen la comisión de delitos contemplados en la Ley (sic)”, expresó el Parlamento en un comunicado ante las diferentes críticas.
Pablo Parenti, fiscal argentino y que fue miembro del GIEI, destacó que las amnistías son un desatino frente a crímenes de lesa humanidad. “Daniel Ortega quiere dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su gobierno. Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”, insistió el investigador.
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Lo que ha recomendado el GIEI al Estado nicaragüense es la creación de una fiscalía independiente que investigue los crímenes cometidos durante y después de las protestas. El GIEI documentó ampliamente en su informe final la responsabilidad directa de policías y grupos paramilitares en la represión.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), la chilena Michelle Bachelet, cuestionó la amnistía.
“Las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que pueden llevar a más violaciones”, expresó Bachelet en un comunicado. “Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, dijo Bachelet, expresidenta de Chile.
